“Esperamos que en los próximos dos años los 40 millones de argentinos tengan el nuevo documento nacional de identidad.” Con esa expectativa, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, concluyó ayer su exposición en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde defendió las modificaciones al Código Nacional Electoral para implementar un nuevo Documento Nacional de Identidad, que reemplazará al actual soporte en libreta por una única tarjeta plástica. El dictamen, que ya viene con media sanción de Diputados, fue firmado ayer, por lo que podría convertirse en ley el próximo miércoles. Desde la oposición, en tanto, cuestionaron las modificaciones reiteradas en el formato y reclamaron que se discuta “una reforma electoral integral”, que incluya la implementación de la boleta única y el voto electrónico.

En una visita inesperada, el ministro del Interior concurrió ayer a la Cámara alta para responder las preguntas de los senadores respecto de la media sanción de Diputados. Acompañado por funcionarios de su ministerio y del Registro Nacional de las Personas, Randazzo explicó el proceso en el que se inscribe esta nueva modificación, que tiene origen previo a 2003, cuando el Estado encargaba a la empresa Siemens la elaboración de los DNI y los pasaportes. Ese contrato culminó con escándalos de corrupción, causas judiciales y la intervención del tribunal internacional del Ciadi. Desde entonces se abandonó el proceso de tercerización y el Estado se hizo cargo de elaborar la documentación con el personal del Renaper y fabricación nacional.

Al responder por qué se realizaba un nuevo cambio en el DNI cuando hace apenas dos años se implementó el sistema de la libreta celeste y la tarjeta plástica, Randazzo explicó que en aquel momento se encontraban en medio de un proceso electoral, por lo que no era oportuno introducir cambios en el Código y que, además, no se conocía cómo iba a ser la reacción de la ciudadanía frente a la tarjeta. El punto más conflictivo del cambio por la tarjeta es que el ciudadano no tiene cómo constatar su voto. La ley no lo establece, por lo que será el Ejecutivo el que lo haga en la reglamentación de la norma. Entre las alternativas que planteó el ministro, se destaca una constancia en papel, como tiene Uruguay, o un troquel, utilizado por México y Brasil, entre otros. Otra novedad que se incorpora con la tarjeta es que con cada cambio de domicilio se deberá tramitar una nueva tarjeta, con un costo de 35 pesos para los adultos.

“Esta es una modificación parcial, estamos perdiendo la oportunidad de hacer una reforma integral”, le recriminó el presidente de la bancada radical, Luis Naidenoff. El formoseño fue muy duro con la decisión de no permitir votar a los fiscales en la mesa que estén fiscalizando. Para el radical, es una manera de “aniquilar la capacidad de control de fuerzas con escasa representación territorial”. La peronista disidente Sonia Escudero acompañó el planteo. Fue la fueguina de Nuevo Encuentro María Rosa Díaz quien replicó que su fuerza, a pesar de ser un partido pequeño, siempre se opuso a que los fiscales puedan votar en su lugar de fiscalización, porque permite la duplicación del voto. Aníbal Fernández sostuvo que hace cinco votaciones que eso no se permite y que en realidad lo que se hace ahora es incorporarlo a la ley.

Siempre conciliador, el socialista Rubén Giustiniani rescató la “vocación saludable de modernización”, pero insistió con la necesidad de cambiar el sistema de votación, que es “viejo” y que, según él, sólo se utiliza en Uruguay y Argentina.

Randazzo dejó la puerta abierta para ese debate, que se inicia hoy en Diputados (ver página 10), aunque defendió el sistema actual, que “funciona muy bien”.