El gobierno nacional volvió a salir de las cuerdas con un paso al costado y dejó a la oposición tirando golpes al aire, con opciones poco atractivas: plegarse a la decisión oficial clamando que ella lo había dicho primero, o abjurar por cuestiones secundarias de sus propios proyectos, desdeñando el principio de congruencia. Cuando sus adversarios lo creían acorralado pasó a la ofensiva, como si al recostarse contra las sogas sólo hubiera descansado, para recuperar el centro del ring y seguir marcando puntos. La manifiesta parcialidad del palco de la prensa cada tres minutos le da el round por perdido y anuncia que madura un knock-out que nunca llega.

Cambio de pantalla

La fragmentación opositora en bancadas que ni siquiera pueden coincidir en aquello que niegan le hace las cosas más fáciles. Al núcleo propio inconmovible consolidado en las últimas elecciones, se le suman con cierta estabilidad algunos aliados permanentes y, de acuerdo con la cuestión y el momento, algún sector de la oposición más dura. Si a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la recuperación de YPF se sumaron la UCR, el FAP y Proyecto Sur, la expropiación de la Compañía Sudamericana de Valores mantiene el apoyo del pinosolanismo, suma el del Peornismo Opositor, divide al FAP y pone en tensión al radicalismo. En mayo, el bloque de diputados presidido por Ricardo Gil Lavedra presentó un proyecto de expropiación, acompañado por un legislador socialista. La semana pasada, Gerardo Morales dijo que sostendrían esa posición coincidente con el proyecto oficial, pero quien lo sucedió en la presidencia del bloque, Luis Petcoff Naidenoff, anunció lo contrario. Otro tanto ocurre dentro del GEN (que integra el FAP), donde Gerardo Milman presentó un proyecto de expropiación, sin la aprobación de Margarita Stolbizer, cada día más apasionada impugnadora. La oposición inflexible se desplaza así de las bancas a las pantallas y a los titulares de los diarios. Es ostensible que CFK le ha tomado el gusto a este juego y no deja pasar ocasión para estimularlo. Si se atiende al incremento de su caudal de votos y a la merma de rating, tiradas y capacidad de fijar agenda de sus antagonistas, no le ha ido nada mal. La expropiación de la Compañía Sudamericana de Valores constituirá un nuevo cambio de pantalla, afirmativo de la centralidad del gobierno nacional y el desconcierto del resto. La única excepción se encuentra en el bloque de diputados de PRO, que sigue la agenda mediática sin dudas ni murmuraciones, porque coinciden en un modelo de país incompatible con las políticas en aplicación. El problema del amarillismo es la pobreza de su gestión en el único distrito subnacional que gobierna, donde ni siquiera puede hacerse cargo de gestionar los servicios esenciales de salud y transporte. Maurizio Macrì intenta compensar esta limitación con una original mezcla de desfachatez menemista y victimización a lo Fernando de la Rúa.

El ser y la nada

El debate por la expropiación de la única firma privada con capacidad técnica para intervenir en la impresión de papel moneda volvió a poner de manifiesto la distinta calidad de los contendientes en la disputa política y económica sobre el cambio de paradigmas económico-sociales que se libra desde 2003. En la conferencia de prensa en la que se anunció el proyecto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino, y la presidente de la sociedad del Estado Casa de Moneda, Katya Daura, expusieron que desde 2010 el Poder Ejecutivo intentó controlar todos los equipos aptos para la producción de papel moneda y que el actual proyecto es apenas la culminación de una carrera de obstáculos hacia esa meta. Daura recordó que el juez de la quiebra de Ciccone Calcográfica rechazó la oferta de la Casa de Moneda para quedarse con la planta, y que esto obligó a importar billetes desde Brasil. La oposición se repartió entre quienes pusieron esos obstáculos y quienes no vieron el bosque de la soberanía monetaria, extasiados con el presunto árbol de la corrupción que habría crecido en el proceso que siguió a aquella decisión del juez Javier Cosentino. Entre los sembradores de obstáculos, los funcionarios individualizaron al ex senador Eduardo Duhalde (durante los meses en que desempeñó en forma interina el Poder Ejecutivo), y a su derrotado candidato al Congreso Martín Redrado, antes de ser removido de la presidencia del Banco Central. Daura los acusó de destruir la única institución autorizada a acuñar moneda en el país, con el objetivo de privatizar la producción de billetes, cuya demanda creció al ritmo de la inflación y por la negativa oficial a lanzar series de mayor denominación que los actuales de 100 pesos. El sector de la oposición que no tuvo responsabilidad en tales hechos no toma nota de este proceso y concentra toda su energía en reclamar una investigación sobre el vicepresidente Amado Boudou, por su desempeño en el tema cuando era ministro de Economía. El conglomerado opositor aduce que el gobierno sólo busca encubrir los delitos que habría cometido Boudou, que por ahora sólo han sido acreditados en el tribunal mediático. Esta estrategia tiene por lo menos dos problemas: la investigación ya la está realizando el Poder Judicial, al que le corresponde, y el fiscal a cargo del expediente, Jorge Di Lello, afirmó que la intervención y la expropiación no serán un obstáculo sino todo lo contrario y desmintió que en su fiscalía hubiera fotos comprometedoras para el vicepresidente. Si la decisión de cortar el nudo gordiano con una ley que era imposible cuando el Grupo Ahhh... tenía mayoría en ambas cámaras del Congreso implica admitir que el rumbo que siguió Boudou en el tema no fue el más recomendable, la designación de Daura en la intervención es una caricia presidencial sobre las magulladuras del vicepresidente. Si Boudou y alguno de sus amigos merecen algún reproche penal, lo dirán Di Lello y el juez federal Ariel Lijo, pero la gestión estatal en un tema tan sensible como la fabricación del dinero quedará desligada de esas alternativas procesales. En este momento culmina en Brasil un megajuicio por financiamiento ilegal de la política, contra un grupo de altísimos ex funcionarios. A nadie se le ocurre sugerir que su resultado pueda afectar la respetabilidad y el aprecio popular por Lula o por Dilma Roussef. No parece que algo distinto esté ocurriendo aquí.

Mani pulite

Por casualidad o no, la expropiación de la Compañía Sudamericana de Valores se producirá en forma casi simultánea con la confirmación de la fiscal Alejandra Gils Carbó como nueva Procuradora General de la Nación. Antes, el Poder Ejecutivo intentó designar en el cargo a Daniel Reposo, quien naufragó en las aguas de su propia inconsistencia. Esta fue una de las pocas derrotas del gobierno nacional en el Congreso, si se considera desde las relaciones de fuerza previas a una votación. Pero también es lícito observar el desenlace como un éxito del procedimiento establecido por Néstor Kirchner en 2003 para la designación de todos los magistrados federales. Por distintos motivos es difícil que Cristina y sus opositores compartan esta valoración. El envío del pliego de Gils Carbó es consecuencia necesaria de esa mayor calidad institucional debida al kirchnerismo, al adoptar las propuestas surgidas de organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar la grave crisis de fin de siglo y el desprestigio del sistema político, incluyendo su rama judicial. En la extensa audiencia de confirmación, la nominada mostró una preparación exhaustiva para responder a las preguntas que le formularon, pero también astucia y seducción ad hominem et feminam, por ejemplo cuando citó los artículos sobre derecho concursal de la arrobada senadora puntana Teresita Negre. Declaró su acuerdo con los fallos de la Corte Suprema sobre aborto no punible, publicidad oficial, crímenes de lesa humanidad, libertad de expresión y descriminalización de las adicciones, a las que se refirió como una cuestión socio– sanitaria antes que penal. Se pronunció a favor del sistema acusatorio (en el que los fiscales y no los jueces dirigen la investigación), de la formación de equipos interdisciplinarios y de la ampliación de facultades a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, pero en contra de la organización refleja con el Poder Judicial. Pidió la creación de fiscalías de control de la ejecución penal y un incremento presupuestario para designar más fiscales. Opinó que no hay razones de bien público para que los jueces sigan sin pagar impuesto a las ganancias. Eludió fijar posición sobre la ley antiterrorista, de la que sólo dijo que “fue pedida por el Gafi”, y rechazó que los fiscales puedan incidir sobre la inseguridad, cuyas causas son educativas y sociales, porque recién intervienen después de cometido el delito. Defendió las actividades de resocialización y el régimen progresivo en las cárceles, pero cuestionó la oportunidad de algunos permisos recientes. Ante preguntas sobre la Compañía Sudamericana de Valores, derivó sus respuestas hacia cuestiones estructurales que posibilitan los delitos de cuello blanco, como las dificultades para identificar accionistas anónimos, la creación de empresas fantasma, el desvío de dinero, la falta de transparencia en la información. No excluyó del cuestionamiento ni a los funcionarios, ni a las empresas, ni a los jueces, con quienes sostiene un largo conflicto en el fuero comercial, que describió como la cueva de Alí Babá. Se produjo incluso una llamativa inversión de roles. Ante ciertas respuestas que auguraron un mani pulite local, fueron tan evidentes la euforia de la bancada radical como las miradas de perplejidad entre algunos senadores del oficialismo. Durante la audiencia, Gils Carbó mencionó doce veces por su nombre de pila al ex fiscal de investigaciones administrativas Manuel Garrido, quien se constituyó en su garante ante la primera minoría del Senado. Esto provocó miradas entre los senadores oficiales Beatriz Rojkés, María Laura Leguizamón, Aníbal Fernández y Miguel Pichetto. Sólo mediante la estigmatización del gobierno por un sector de la sociedad que repite los estereotipos y la odiosidad de sus abuelos frente al primer peronismo es posible sorprenderse de que CFK haya elegido como procuradora a esta mujer que, ante una pregunta sobre su independencia respecto del poder político, pudo mostrar su dictamen contrario a la administración conjunta de los dos cables del Grupo Clarín concedida por Néstor Kirchner. En ésa, que luego devino la madre de todas las batallas, Gils Carbó fue precursora. Mientras ella defendía su designación en el Senado, el Procurador General interino Santiago González Warcalde constituía una comisión redactora de un proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal encabezada por los dos fiscales generales de la Ciudad de Buenos Aires, su titular, Germán Garavano, y el adjunto, Luis Cevasco. No la integra ningún fiscal del fuero más extenso, el de instrucción. Garavano fue director académico de FORES (el grupo de lobby judicial creado en apoyo de la dictadura militar y luego reciclado como think tank de Maurizio Macrì y Francisco De Narváez) y es un declarado crítico de las regulaciones estatales que a su juicio obstaculizarían el crecimiento. Cevasco acaba de solicitar el arresto y procesamiento de los delegados gremiales del subte. La disolución de este engendro y la revisión de los nombramientos de última hora con que González Warcalde está minando el terreno que abandona serán las primeras pruebas para Gils Carbó, quien podría asumir esta misma semana.