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A los 85 años, y mientras cumplía prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad, murió Albano Harguindeguy. El general de división fue el responsable de la Policía Federal en los años más sangrientos del terrorismo de Estado. Fue jefe de la Federal primero, durante el gobierno de Isabelita, y después ministro del Interior –cargo desde el que siguió manejando la fuerza–, durante cinco de los siete años que duró la dictadura. Considerado uno de los cerebros del gobierno militar, alguna vez admitió su responsabilidad en los secuestros, torturas y desapariciones sin ninguna vuelta. Sin embargo, de las muchas causas judiciales en las que estaba procesado, sólo llegó a ser llevado a juicio oral en una y todavía no había sido condenado.

Harguindeguy escoltó a Videla como responsable de la cartera política desde marzo del ’76 hasta marzo del ’81, período en el que se produjeron la mayor parte de los crímenes del terrorismo de Estado.

En 2003, durante un reportaje de la periodista francesa Marie-Monique Robin, accedió a hablar de la represión ilegal. “Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto”, le dijo. Como era de prever, también defendió la dictadura. Lo llamativo fue su estilo grandilocuente, megalómano: “Hicimos lo que correspondía en cumplimiento del deber militar. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: nosotros los libramos de ser un país marxista”, declara en el documental. Y después: “Tengo que reconocer que cometimos errores. Si no cometiéramos errores seríamos dioses. Qué aburrido sería un país gobernado por los dioses, sin pecado, sin delito”.

Harguindeguy cumplía el arresto domiciliario en Los Polvorines, en el municipio de Malvinas Argentinas, en una casaquinta más que acomodada, ambientada con trofeos de caza, una afición que en los ’70 compartió con el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Alegando problemas de salud, ése fue el lugar que eligió para instalarse, evitando la cárcel, cuando en julio de 2004 la Justicia pidió su detención por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, y donde pasaría los últimos ocho años de su vida.

Hasta ese momento, Harguindeguy no había tenido complicaciones judiciales graves. No fue acusado, por empezar, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, de quien había sido compañero en el Liceo Militar. En el juicio a las tres primeras Juntas fue llamado como testigo, y allí declaró que como ministro del Interior le llegaban pedidos para que algún detenido pudiera ser pasado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y fuera enviado a una cárcel común.

Luego fue beneficiado con el efecto de las leyes de punto final y obediencia debida, y más tarde Carlos Menem lo incluyó en los indultos que dictó durante su presidencia.

“No van a aparecer”

Harguindeguy había sido, en el ’73, la máxima figura militar del Operativo Dorrego, que las Fuerzas Armadas compartieron con Montoneros haciendo trabajos sociales para auxiliar a las víctimas de una inundación.

Años después, el ex jefe montonero Roberto Perdía le atribuyó unas frases que Harguindeguy habría pronunciado en un encuentro secreto entre ambos, supuestamente por el caso del secuestro y la desaparición del jefe guerrillero Roberto Quieto. “Nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones, de ahora en adelante los cadáveres no van a aparecer. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Lo que ustedes conocieron hasta ahora fue una ‘dictablanda’, como la de (Alejandro) Lanusse; la nuestra sí va a ser una dictadura. No lo van a volver a ver más a Quieto. En realidad, no volverán a ver a nadie más”, habrían sido sus palabras, según Perdía.

De hecho, Harguindeguy estuvo en un lugar clave para la represión desde 1975, porque la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón lo designó al frente de la Policía Federal.

De las causas en las que, después del 2003 y con la anulación de las leyes de impunidad, el represor pasaría a quedar procesado, hay una que habla de la continuidad entre los meses previos al golpe y los siguientes. Es la que investiga los crímenes cometidos bajo la órbita de esa policía, en el centro clandestino de Coordinación Federal –que funcionó en Moreno 1417, donde está el Departamento Central de Policía, y otros CCD como el Garage Azopardo–. En este expediente, el juez federal Daniel Rafecas consideró responsable a Harguindeguy por 34 asesinatos y más de doscientos casos de secuestros y torturas. La causa incluye un hecho ocurrido seis días antes del golpe. Se trata de la fabricación de un falso “operativo antisubversivo” en el que cuatro secuestrados fueron ametrallados dentro de un automóvil, y el montaje apareció en los diarios como si se hubiera tratado de un enfrentamiento armado. Las víctimas fueron el médico Norberto Gómez y Elena Kalaidjian, de quienes se sabe por testimonios de sobrevivientes que fueron obligados a atender a otros secuestrados después de las sesiones de tortura, y la pareja formada por Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar, sobrina de la animadora Mirtha Legrand.

En la causa por el Plan Cóndor, el operativo en que las dictaduras del Cono Sur coordinaron la represión, el juez federal Norberto Oyarbide responsabilizó a Harguindeguy junto a Videla y otros por el secuestro y aplicación de tormentos a trece ciudadanos peruanos que fueron capturados en su país y trasladados a la Argentina durante el Mundial de Fútbol de 1978.

El represor también había sido procesado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli por haber emitido “directivas precisas para eliminar los grupos vinculados con el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo”. El expediente había sido elevado a juicio oral este mes. Un tribunal de La Rioja lo había procesado por los crímenes de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville.

Un juicio oral

Este año había enfrentado su primer juicio oral, en Entre Ríos. Allí debió responder por cuatro desapariciones –Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma González y Oscar Dezorsi, secuestrados entre mayo y noviembre de 1976– y veinticinco casos de privación ilegal de la libertad y torturas cometidos en las ciudades de Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. De cara a las audiencias, Harguindeguy volvió a alegar problemas de salud para no presenciar el juicio, y en la jornada en la que debió declarar –-por teleconferencia– permaneció cruzado de brazos y sólo respondió con monosílabos.

Otra de las investigaciones que lo tenían como centro –y en la que por supuesto hay otros investigados– tiene que ver con las maniobras realizadas por los jerarcas de la dictadura para quedarse con empresas y bienes de sus víctimas. Está a cargo de la Comisión Nacional de Valores, que busca establecer cómo la División Bancos de la Policía Federal, el Banco Central y la CNV liquidaron bancos y extorsionaron empresarios para obtener un botín de guerra. La causa remite a la estrecha relación de Harguindeguy con Martínez de Hoz, que no se habría limitado solamente a cuestiones de caza.

Con el ex ministro de Economía habían quedado coprocesados en la causa por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim. Federico Gutheim y su hijo Miguel, propietario de la firma textil Sadeco, fueron detenidos en noviembre de 1976, a raíz del decreto 2840 firmado por Videla y Harguindeguy acusados de socavar la paz interior. Los empresarios recuperaron la libertad cinco meses después, luego de declinar acuerdos comerciales que habían realizado en beneficio de firmas de Hong Kong con los que la cartera de Economía mantenía negociaciones.