Ricardo Arédez recibe la noticia en Buenos Aires y disca rápido para expandirla mientras le late fuerte el corazón. Su hermana Adriana desde Tilcara dice que está “súper alegre” y piensa que su mamá Olga “tendría que estar acá”. Hilda Figueroa, sobreviviente de la Noche del Apagón, dice desde Libertador General San Martín que siente un “alivio en esta herida que lleva 38 años”, y una “esperanza cierta y concreta porque por fin la Justicia nos está escuchando y está caminando, más allá de lo que ahora demore en cerrarla del todo”. Demasiados años esperaron las víctimas este momento, que les trae algo de consuelo en su lucha contra el dominio de los dueños del Ingenio Ledesma. Pero no logra ahuyentar del todo el miedo por el poder que aún detentan los Blaquier en la vida cotidiana de Libertador General San Martín y la región.

Así lo expresaron ayer a Página/12 algunos testigos protegidos en esta causa, que admitieron el impacto que les causó conocer que Carlos Pedro Blaquier fue procesado, y también cierto nerviosismo porque en teoría no deberían tocarles “ni un pelo”, pero la realidad es que “las cosas son muy distintas acá, en el territorio, ante las barbas del Ingenio”. Las “cosas” allí parecían destinadas a no modificarse jamás, pero el año pasado se reactivaron los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad y en este caso el capítulo de la participación civil y empresarial en la dictadura. Esto sucedió al calor de una intensa movilización de grupos sociales y de derechos humanos, que contaron con apoyos de sus pares nacionales, y la postura de la Unidad Fiscal Especial de Seguimiento de causas por los crímenes cometidos por los sicarios del terrorismo de Estado y sus colaboradores. Sin embargo, una seguidilla de episodios de amedrentamiento a testigos y sobrevivientes, sumados a la reticencia del imputado Blaquier a ajustarse a derecho, alertó sobre la resistencia que estaba dispuesto a oponer el poder real en esa parte de la provincia.

El menor de los cuatro hermanos Arédez prefiere ser cauto hasta conocer los fundamentos del fallo que procesó al empresario Carlos Pedro Blaquier y al administrador del Ingenio Ledesma, Alberto Lemos, en dos de los emblemáticos expedientes por los secuestros ocurridos en esa localidad jujeña en 1976. “Es el resultado de no bajar las banderas de memoria, verdad y justicia en el lugar más difícil del norte argentino, y aunque aún no podemos hablar de un triunfo, sí lo consideramos un hecho histórico. Es la primera vez que en Jujuy hay un juez comprometido con resolver esto que era tan evidente”, dice en diálogo con Página/12. “Es una reivindicación de la memoria de las madres y padres que ya no están, los desaparecidos, los ex presos políticos, sus mujeres y todos los que vivimos la persecución de esta gente”, agrega.

En julio de 1976, Hilda Figueroa era estudiante de abogacía en la Universidad de Tucumán y fue detenida durante uno de los apagones en Libertador General San Martín; la llevaron a la comisaría de Calilegua y luego al centro clandestino de Guerrero, donde fue torturada. “Esto vino con velocidad a partir del nombramiento de (el juez Fernando) Poviña, y lo recibimos con regocijo e incredulidad, aunque era lo que esperábamos desde hace tanto tiempo”, dice, consultada por este diario. A su criterio, el fallo “abre un proceso en el que se van a tener que hacer cargo de lo que hicieron, por ejemplo, si hubo colaboración con listas que pudieron haber aportado en la dictadura en defensa de sus intereses”. Y asegura que podría ayudar a “cerrar las heridas que tenemos abiertas, porque todo lo que denunciamos sucedió, no fue un mito”. Para Figueroa –que preside la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado regional Ledesma– lo peor de las casi cuatro décadas que transcurrieron fue “la indiferencia” de sus victimarios, que “ahora tuvieron que salir a hablar y tratar de defenderse”, y “la condena social que nos dictaron desde el primer momento por esa cultura cómoda de guardar silencio, la pesada mochila que cargamos los sobrevivientes que sólo pudimos superar saliendo de lo individual hacia la lucha colectiva”.

El 11 de abril de 2011 Adriana Arédez fue citada por el ex juez federal Carlos Olivera Pastor y amplió detalles de una declaración testimonial que había hecho su madre, Olga Márquez de Arédez, ante el juez español Baltasar Garzón. Cuando terminó el interrogatorio, dijo que quería denunciar “a todo el directorio de la empresa, brigadieres, jerarcas, a Mario Paz, a Alberto Lemos y a los Blaquier”. Recuerda que los funcionarios judiciales se sorprendieron, que ni siquiera tenía abogado y por eso fue a buscar a Pablo Pelazzo, actual fiscal ad hoc en el expediente, porque “era el que más conocía las causas y me empezó a respaldar”. Su hijo Mariano, que es abogado, le había dicho: “Mami, las empresas no matan, matan las personas, tenés que dar nombres”, y entonces se mudó de Catamarca a Jujuy para impulsar esa denuncia, para “hacerles un seguimiento semanal”. Se refiere a Olivera Pastor y al fiscal Domingo Batule, a quienes sigue acusando de responder a los intereses de los imputados. “Y empecé a pedir las pruebas que mi vieja desparramó en Europa, nosotros teníamos algo, el CELS aportó y siguen los aportes, de (Eduardo) Aliverti por ejemplo”, agrega. La segunda hija de los Arédez festejó que Blaquier “haya sido embargado por el secuestro de mi padre y de las demás víctimas”, pero aclaró que “eso no la libera a Nelly Arrieta, y a sus hijos que hicieron el espionaje en democracia” durante la Marcha del Apagón de 2005.