Las medidas de seguridad anunciadas en Mendoza por el ministro del área, Alfredo Cornejo, despiertan inseguridades varias entre las organizaciones de derechos humanos de la provincia. Uno de los datos más alarmantes es la presencia de represores de la dictadura o de policías exonerados por casos de apremios ilegales en democracia, que figuran en los planteles de las agencias de seguridad privada convocadas por Cornejo para sumarse a las tareas previstas dentro del “plan antidelito”. El plan fue anunciado hace un par de semanas por el gobierno del radical K Julio Cobos. Aunque se aclaró que el policía retirado Fernando Morellatto Donna ya no es el presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad (ver nota aparte), igual sorprendió que el ex oficial imputado en una causa por la desaparición de dos militantes montoneros durante la dictadura haya sido el representante del sector privado que apareció en la foto dándole la mano a Cornejo en la Casa de Gobierno. También participaron del encuentro el ex jefe de la Policía de Mendoza Mario Abel Godoy –represor que figura en el Nunca Más– y dos uniformados exonerados en 1997 por el crimen del joven Sebastián Bordón.

Al selecto grupo se suma uno de los dueños de la agencia de seguridad Aconcagua S.A., el oficial de policía Eduardo Smaha Borzuk, que fue integrante del Departamento 2 de Inteligencia (D-2) de la Jefatura de Policía de Mendoza, entre los años 1973 y 1981. Durante la dictadura, en el lugar funcionó un centro clandestino de detención por el que pasaron centenares de personas, muchas de las cuales siguen desaparecidas. Smaha Borzuk está hoy detenido en la Unidad Penitenciaria 6 de Mendoza, pero un hijo suyo estaría al frente de la agencia de seguridad, en la que también tiene un cargo directivo el comisario Ignacio “Nacho” Medina, exonerado en octubre de 1997 por el ex gobernador Arturo Lafalla, cuando se desempeñaba como segundo jefe de la policía provincial.

La separación de Nacho Medina se produjo por el crimen del joven bonaerense Sebastián Bordón, asesinado por miembros de la fuerza. El cuerpo de Bordón fue arrojado por un barranco, en la cordillera, y estuvo un tiempo como desaparecido. Por ese hecho también fue separado de la policía el oficial Eduardo Olguín, que hoy integra la cúpula directiva de la agencia Seguridad Sur S.A., también convocada por el gobierno mendocino para tomar parte del “plan antidelito”. En la reunión que se hizo el 21 de abril pasado en la Casa de Gobierno de Mendoza, estuvo presente el teniente coronel Mario Abel Godoy Guevara, quien fue jefe de la policía provincial en 1991, durante la gestión del gobernador Rodolfo Gabrielli.

Godoy Guevara está imputado de haber tenido participación directa en la desaparición del soldado conscripto Paulo Alberto Laffitte, ocurrida el 22 de septiembre de 1976. El nombre del ex jefe de la policía provincial, además de figurar como represor en el informe de la ex Conadep, también está citado en el libro El batallón perdido, del capitán del Ejército José Luis D’Andrea Mohr, expulsado de la fuerza por oponerse en forma expresa a los métodos aplicados por la Junta Militar en los años de plomo. Godoy Guevara, que durante la dictadura fue segundo jefe de la Compañía de Esquiadores de Alta Montaña, está imputado por la desaparición del conscripto Laffitte. En una carta a sus padres, citada en el libro de D’Andrea Mohr, el militar que se reunió con el ministro Cornejo es señalado como responsable de la persecución que llevó a la desaparición del joven Laffitte. “Me encuentro metido en un problema bastante serio y peligroso. Me han complicado con un tipo que se droga; a esto se suma la creencia de que soy marxista, todo por culpa del segundo jefe de la compañía (de Esquiadores). El me fabricó como guerrillero, es un obsesionado.” El párrafo corresponde a una de las cartas que el soldadito escribió a sus padres poco antes de su desaparición.

Los abogados Alfredo Guevara, Pablo Gabriel Salinas, Carlos Varela Alvarez y Diego Jorge Lavado, en una nota dirigida a Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertaron por las violaciones a los derechos y garantías que ocurren en la Penitenciaría de Mendoza y también por las consecuencias que pueden acarrear “las nuevas políticas de seguridad en Mendoza, que violan el Acta de Paraguay y que tienden a una mayor prisionalización”, dado que hay un proyecto que endurece las normas para la excarcelación de los acusados por delitos menores, tal como ocurrió en la provincia de Buenos Aires en los tiempos de Carlos Ruckauf como gobernador.

En la nota, los abogados recordaron que en noviembre de 1976, Fernando Antonio Morellatto Donna, que hasta diciembre del año pasado fue presidente de la cámara que agrupa a las agencias de seguridad, fue sancionado por sus superiores cuando se desempeñaba como oficial principal del Cuerpo Motorizado de Vigilancia de la policía provincial. En agosto de 2006, Morellatto fue denunciado penalmente por la abogada Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), de Mendoza. Lo acusan de haber participado en el secuestro, tortura y desaparición de los militantes montoneros Oscar Ramos y Daniel Uturgay.

Beigel recordó a Página/12 que la denuncia se presentó a partir de tomar conocimiento de un sumario interno de la época en la cual Morellatto fue sancionado con ocho días de arresto “no por torturar, que es el delito que se desprende del escrito, sino por haber pedido prestado ‘un elemento eléctrico mecánico’ (dicho en criollo, una picana) a sus colegas de la delegación Mendoza de la Policía Federal, para interrogar a los dos detenidos”. La sanción le fue aplicada, en ese momento, por el titular del D-2, el comisario general Pedro Antonio Sánchez Camargo, molesto tal vez porque Morellatto se interpuso en una función que era propia de ese tétrico organismo: la de torturar y hacer desaparecer personas.

En el sumario se dejaba constancia, incluso, de que Morellatto Donna, además de pedir una picana para “interrogar”, se quedó con el arma, una pistola calibre 22, que presuntamente tenía uno de los detenidos, y con el dinero que llevaban las dos personas. Los dos desaparecidos fueron llevados a la comisaría 25ª de Mendoza y nunca más hubo noticias acerca de su paradero. Sánchez Camargo, uno de los represores con más prontuario en la provincia, estaba molesto con Morellatto porque su intervención había posibilitado, según él, “la fuga de Sabino Osvaldo Rosales y Elsa Guadalupe Sedrán de Carullo, quienes (de todos modos) fueron asesinados algún tiempo después”, tal como se consignó en el escrito enviado a la CIDH. Los nombrados eran dos militantes también buscados por la dictadura. Otro de los casos mencionados con especial énfasis, ante la CIDH, es el de Eduardo Smaha Borzuk, alias “El ruso”, que estuvo en el D-2 y fue integrante del Comando de Operaciones Tácticas (COT), que tenía a su cargo la ejecución de los secuestros y desapariciones ordenados por la superioridad. Smaha fue profesor de la Escuela de Policía, hoy Instituto de Seguridad Pública, siguió en funciones hasta su jubilación y hoy está detenido en la Unidad Penitenciaria 6, por orden del Juzgado Federal Número Uno, a cargo de Walter Bento. En la provincia, Smaha Borzuk tiene una fama equiparable “a la de Alfredo Astiz o a la del ‘Tigre’ Jorge Acosta”, explicaron los abogados mendocinos. Y aunque está preso, se tiene la certeza de que sigue al frente de la agencia de seguridad Aconcagua.

Los organismos de DD.HH. analizan ahora otras denuncias que indican que muchos otros represores “de la dictadura y de la democracia siguen trabajando en las agencias de seguridad convocadas por el gobierno para darle ‘seguridad’ a los mendocinos”, explicó a este diario el abogado Pablo Salinas.