En una nota dirigida, vía e-mail, a la redacción de Página/12, el señor Carlos Alberto Quiroga aclara que él –y no Fernando Antonio Morellatto Donna, como se había señalado en una nota publicada por este diario el domingo 6 de mayo– es el actual presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones de Mendoza. En el texto, Quiroga rechaza supuestas acusaciones en su contra –que no existieron–, de haber participado en hechos ocurridos durante la dictadura militar. En realidad, lo que se había citado es la causa que hay contra Morellatto Donna y en ningún momento se mencionó ni siquiera el nombre de Quiroga. El malentendido, en todo caso, fue señalar a Morellatto Donna como actual titular de la Cámara, cuando su gestión finalizó a fines de diciembre. De todos modos, los organismos de DD.HH. de Mendoza señalaron que es Morellatto Donna quien aparece, junto al ministro de Seguridad, Alfredo Cornejo, en la nota publicada el domingo 22 de abril por el diario Uno de Mendoza. La foto acompañaba un artículo titulado “Seguridad: Cobos convocó a todos los partidos y jueces”. Morellatto es señalado como “representante de las agencias de seguridad”. En el texto enviado a la CIDH se precisa, incluso, que “el apretón de manos (entre Cornejo y Morellatto) se puede ver en la revista XXIII, suplemento de Mendoza, página 3”. El convenio involucra a “más de cinco mil vigilantes con la policía de la provincia a la ‘prevención del delito’”. Esto significa que las agencias privadas “trabajarán mancomunadamente con la policía provincial (...) a través de un sistema creado especialmente por el Registro de Empresas Privadas de Vigilancia (Repriv)”. En la página web del Repriv se señala, entre los “requisitos para personal de seguridad”, que los postulantes no pueden tener “procesos judiciales pendientes o con sobreseimiento provisional o condena no prescripta por delito doloso. En caso de registrar antecedentes judiciales, deberá presentar testimonio con absolución o sobreseimiento definitivo”.