El matrimonio presidencial viajó a El Calafate, su ámbito predilecto para reflexionar sobre las líneas estratégicas de la gestión, llevando en el equipaje las carpetas con los detalles del escrutinio en los tres niveles (nacional, provincial y municipal) de todo el país. Ese repaso minucioso sugerirá, sin duda, las conductas indispensables para cumplir con las dos tareas que tienen por delante: una, la acción de gobierno y otra, la formación de un movimiento orgánico de sustento, partiendo del inevitable reordenamiento del peronismo. Mientras tanto, dentro y fuera de los foros gubernamentales hay una abrumadora cascada de análisis y comentarios sobre los resultados electorales del domingo 28, tratando de indagar en las razones subjetivas de las diversas opciones de los votantes. Una tarea para Superman, dada la fragmentación de candidaturas personalistas que pueden agruparse en diferentes variantes ideológicas, culturales, religiosas, hasta clasistas, casi todas sin disciplinas partidarias verticales, motivadas además por la percepción de cada uno sobre el destino individual en el modelo económico general. De todas las miradas posibles, en definitiva hay dos que sobresalen: 1) la primera minoría optó por la continuidad en una proporción sobresaliente y 2) otras minorías disienten pero no logran, hasta ahora, presentar una alternativa válida para la adhesión mayoritaria de la ciudadanía. Dado que no hay partidos que contengan y prolonguen las posiciones establecidas por las urnas, ninguna determinación se prorroga de modo automático y, por lo tanto, el futuro está abierto para casi todos. Por el momento, han quedado reducidos a la mínima expresión los polos de la derecha, pregonera de la mano dura, y de la izquierda con su hostilidad absoluta hacia las políticas gubernamentales.

Sin ponderar la creciente proporción de abstenciones, las dos primeras minorías congregan, sumadas, el 70 por ciento de los votos válidos (variantes del Frente para la Victoria y la Coalición Cívica) y sus líderes han manifestado la intención de formalizar en adelante alguna organicidad partidaria sin perder su condición de frentes abiertos para los que quieran adherir sin necesidad de renunciar a sus previas identidades. Con parsimonia, debido a las dificultades derivadas de la implosión de los partidos que dominaron el siglo XX (PJ, UCR y Fuerzas Armadas, según la contabilidad de la presidenta electa), comienzan a perfilarse las nuevas versiones partidarias con ambiciones fundacionales y la intención de perdurar en el nuevo siglo. Aunque nadie pudo todavía reemplazar las nociones de izquierda y derecha para identificar los contenidos de la política, es cierto que en el mundo de la economía capitalista globalizada ambas categorías en ocasiones parecen subsumirse en el llamado “extremismo de centro”, denominación que implica la voluntad de integrarse al sistema global, aunque luego, en la definición de las políticas públicas, subsistan los distintos grados de compromiso de izquierdas y derechas con la justicia social, que comienza con la garantía de trabajo y la equitativa redistribución de los ingresos pero no se agota en esas reivindicaciones.

A partir de los discursos de la presidenta electa puede descartarse que su gestión se correrá hacia la izquierda de lo que ya se hizo, sino más bien se desplazará hacia el centro, buscando la integración social por medio del acuerdo voluntario de capital y trabajo. En opinión de los liberales, esa propuesta implica la organización del poder en acuerdos corporativos –-la “comunidad organizada” para decirlo a la manera peronista– por encima de las representaciones políticas y moviendo los ejes del diálogo y la negociación del Poder Legislativo hacia el ámbito privado de empresarios y sindicatos con supervisión del Poder Ejecutivo. Cristina Fernández de Kirchner afirmó varias veces en los últimos tiempos, antes y después de las elecciones, que la idea del pacto social que promoverá desde la presidencia tiene como principal referencia a la experiencia española. Hay que hacer algunas aclaraciones al respecto, relacionadas sobre todo con las diferentes composiciones de los potenciales concurrentes a semejante pacto. La burguesía española surgió de un proceso de modernización industrial que comenzó en la última década del franquismo, así como en Argentina ese proceso comenzó en las postrimerías de la década infame de los conservadores y se consolidó con el peronismo. A partir de la última dictadura militar del siglo XX y luego en la década del ’90, aquí la modernidad llegó con la desnacionalización de las empresas líderes debido a que fueron vendidas por sus propietarios originales, nativos del país o inmigrantes radicados, a capitales trasnacionales. “Las fusiones y adquisiciones de empresas en el país –-según datos difundidos ayer– alcanzaron los 11.152 millones de dólares en los primeros nueve meses del año”, datos proporcionados por la consultora Pricewaterhouse Coopers, dedicada al asesoramiento de inversores. De acuerdo con otras fuentes, siete de cada diez empresas de primera línea, muchas con posiciones monopólicas o hegemónicas en el mercado, han sido trasnacionalizadas.

En cuanto a los sindicatos, fundados por el primer gobierno de Perón, es conocido que sus cúpulas han devenido en fuertes burocracias gerenciales que prohíben la competencia democrática en sus organizaciones y se oponen con firmeza a la libertad de agremiación, mientras que los españoles del pacto eran las comisiones obreras dirigidas por comunistas y socialistas con neta vocación de clase. Así se lo propusiera, el mandato de Cristina es demasiado corto para producir los relevos en la cúpula de los gremios, por lo que cualquier acuerdo tendrá que hacerlo con lo que hay, del mismo modo que para los comicios Néstor Kirchner tuvo que acordar con gobernadores e intendentes que estaban lejos de pertenecer a la nueva política. Podría agregarse que el pacto social en España fue el primer paso hacia el acuerdo político interpartidario, conocido como Pacto de la Moncloa. Tanto uno como el otro, ambos consensos fueron necesarios para definir un modelo propio de desarrollo sustentable que pudo consolidarse, además, por la integración a la Unión Europea, que amplió sus mercados y fuentes de créditos. O sea, que el modelo vale, siempre que se tengan en cuenta las diferencias esenciales en los puntos de partida para que nadie espere resultados equiparables. Aquí, en todo caso, el convenio voluntario serviría para aliviar las tensiones del crecimiento y las pujas por el reparto de la torta. No es poco, pero tiene valor para zafar de la coyuntura sin heridas graves ni carreras inflacionarias, con escaso mérito para el mediano y largo plazo.

Entre las abundantes reflexiones sobre el laberinto de las opciones electorales, hay concordancia en destacar que las capas medias y altas de grandes centros urbanos, si bien no se puede generalizar de manera absoluta, expresaron malestar votando por candidaturas opositoras, pese a lo cual la diferencia entre la primera y la segunda minoría abrió la brecha más ancha de todas las conocidas en casi un cuarto de siglo de libertades democráticas. Pese a esas expresiones, en este lapso de transición, del 28 de octubre al 10 de diciembre, mientras el Gobierno recuenta sus victorias y derrotas, avanzaron medidas que atentan contra el bolsillo de esas capas sociales. Veinte por ciento de aumento en las tarifas de taxis, veinticuatro por ciento propuesto para elevar el abono de la medicina prepaga, continuada especulación, por razones climáticas o por simple avaricia oportunista, con los precios de mercaderías de primera marca, mientras se difunde, sin que ningún vocero oficial lo desautorice, la posibilidad de aumentos de tarifas en los servicios públicos antes de fin de año son otros tantos motivos para acentuar la disconformidad manifiesta. La presidenta electa hizo discursos y gestos en favor de una sociedad integrada y mostró disposición al diálogo con tal énfasis que hasta los círculos cercanos al cardenal Bergoglio comenzaron a especular con la posibilidad de un encuentro que no se produjo con el actual presidente Kirchner en los últimos cuatro años, pese a que hubo gestiones para acercar posiciones.

La inusual elección de una mujer, esposa del Presidente que tendrá que suceder, viene cargada de problemas diversos y urgentes, pero también con una buena dosis de expectativas esperanzadas. De la habilidad de su gestión dependerá cuál de los dos rutas hacia el futuro prevalece en la opinión ciudadana. Por lo pronto, el rey de España hizo un considerable aporte a la distensión, al intervenir para que Uruguay postergue la autorización a la pastera Botnia para que comience a operar. A fines de la próxima semana, los protagonistas se verán las caras en la Cumbre Iberoamericana y tal vez allí, frente a la presencia regia de Juan Carlos y el estreno de la presidenta electa, pueda abrirse alguna manera de reiniciar el entendimiento binacional que nunca debió interrumpirse. Por si fuera poco, en favor de la presidenta electa hay que decir que el liderazgo de la segunda minoría tiene una fuerte carga de egolatría y autoritarismo, por lo que pese a las intenciones declaradas de darle organicidad a la Coalición Cívica, la verticalidad del mando ejercido por Elisa Carrió le resta potencia a un movimiento muy heterogéneo, con identidad mediática en su conductora más que en su propia tendencia ideológica o programática. Nada será fácil en el segundo período “K”, pero nunca nadie le prometió un lecho de rosas sin espinas.