“El agronegocio y las empresas extractivas privatizan las ganancias y socializan los problemas. La contaminación y la alta toxicidad de los insumos de la minería y de las actividades agroindustriales, así como el despojo de las tierras de muchas comunidades campesinas e indígenas, atentan contra la capacidad de subsistencia de estos pueblos”, advierte la reciente investigación “Situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino 2008-2009”, realizado por la Cátedra Unesco de la Universidad Politécnica de Cataluña (España). El trabajo, realizado durante dos años y presentado en Naciones Unidas, hace eje en el modelo de agronegocios, la minería a gran escala, en cómo se violan los derechos de las comunidades rurales y vincula hechos locales con geopolítica y el reparto de roles en la economía internacional. “El rol de Argentina pasó por el desmantelamiento de su capacidad industrial y el retorno a la mera explotación de los recursos naturales que alimentan las cadenas productivas del Norte. Argentina se inserta en un concierto internacional que resulta discordante para buena parte de su población.” Asegura que el modelo extractivo “hipoteca” el futuro del país y evalúa que la situación de derechos humanos es “extremadamente crítica”.

La misión investigadora detectó la contaminación proveniente de minas abandonadas en décadas pasadas y cuyos efectos siguen afectando a la población. Y numerosos casos donde, además de la contaminación, “existen presiones y amenazas hacia la población que protesta por los daños causados”.

Confirmaron la contaminación de la mina Pan de Azúcar, cerrada en 1989, ubicada en la puna jujeña. Y verificó la existencia de una gran concentración de desechos con plomo en el centro urbano de Abra Pampa. También describe casos de Andalgalá (Catamarca) y Esquel (Chubut) para explicitar el accionar represivo de las empresas y las fuerzas de seguridad.

Señala que la explotación de la minería metalífera en Argentina (sobre todo de oro, plata y cobre) provoca consecuencias en el medio ambiente aun en zonas lejanas a los yacimientos, puntualiza los efectos nocivos de los drenajes ácidos de roca, la contaminación química por metales pesados y el uso de cianuro. En diferentes puntos del trabajo afirma que tanto empresas como gobiernos consideran a los recursos naturales simplemente como commodities, “mercancías cuyo valor justifica cualquier tipo de intervención dirigida a proveerlas al mercado internacional”.

Un aspecto poco mencionado por la clase política y el sector empresario es el monumental uso de agua que requieren las explotaciones mineras. “Las explotaciones mineras, aun antes de contaminar las aguas, compiten primero con los productores agropecuarios por su provisión.” Deja claro que los yacimientos mineros utilizan el agua de los agricultores y que destruyen importantes reservas de la biosfera.

Afirma que los yacimientos utilizan el agua pura de los acuíferos y la devuelven contaminada a los amplios piletones que hacen de basurero minero, los que drenan a las napas inferiores contaminando a los ríos subterráneos. La investigación recuerda que las multinacionales mineras no pagan por el agua que utilizan en enormes cantidades.

Sobre las donaciones y políticas de “responsabilidad social empresaria” de las compañías mineras, la Cátedra Unesco las define como “un ejemplo de asistencialismo privado, que busca manipular y condicionar la libertad de pensamiento y conciencia de los habitantes de las comunidades afectadas, que reciben beneficios por parte de las firmas, con el único fin de lograr una “licencia social” para la extracción de los recursos naturales”. Entre las empresas señaladas figuran Barrick Gold, Meridian Gold, Xstrata, Wheaton River Minerals y Northern Orion Resources.

Hace mención a la ingeniería legal que posibilita el accionar minero: Ley de Inversiones Mineras, Código de Minería, Acuerdo Federal Minero y Ley de Protección Ambiental. “El conjunto de las normas conforman un régimen legal que funciona como un traje a medida para el incremento de los beneficios empresarios”, afirma y recuerda que las empresas sólo deben pagar menos del tres por ciento de regalías a las provincias mineras.

La Cátedra Unesco de la Universidad de Cataluña destaca que las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos no sólo deben enfrentar el accionar de las empresas mineras. “El gobierno nacional y los gobernadores de las provincias mineras son fuertes defensores de este tipo de explotación de los recursos naturales.” Y recuerda que en San Juan y La Rioja existen “importantes relaciones económicas” entre integrantes de los gobiernos y las transnacionales mineras.

Señala que, a pesar de los pocos impuestos que pagan las empresas, representan aportes importantes de la recaudación de las provincias. Detalla que Minera Alumbrera representa el 70 por ciento de los ingresos fiscales de Catamarca. “Por lo tanto, el Gobierno no la investiga, ni controla los estudios que la empresa hace, ya que ésta sólo informa a los órganos de control sobre los resultados. Lo mismo ocurre en San Juan, Santa Cruz y Tucumán, entre otras. Los intereses de empresas y las necesidades de recaudación de corto plazo de las provincias están ligados, por lo que en numerosas ocasiones los gobiernos provinciales actúan como guardia pretoriana de las compañías.”