“La Iglesia en Argentina está conmovida por el dolor que nos causa la participación de un sacerdote en delitos gravísimos, según la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata”, comienza diciendo un breve comunicado de la Comisión Ejecutiva del Episcopado que lleva la firma del titular del organismo, el cardenal Jorge Mario Bergoglio y los tres restantes miembros de ese cuerpo eclesiástico. El texto, de apenas veinte líneas y que se conoció pocos minutos después de difundida la sentencia condenatoria contra el sacerdote Christian von Wernich, se ajusta a la línea argumental que ha venido sosteniendo la jerarquía católica reconociendo el pecado personal de algunos de sus miembros en las violaciones a los derechos humanos, pero dejando de lado toda responsabilidad institucional. Contrariamente a las expectativas que se habían generado, incluso por algunos trascendidos de fuentes eclesiásticas, no se conocieron hasta el momento sanciones eclesiásticas contra el sacerdote condenado, medida que en el caso de concretarse tiene que ser adoptada por el obispo de 9 de Julio, Martín de Elizalde, superior directo de Von Wernich.

Reiterando también el tono de pronunciamientos anteriores, los obispos dicen que “creemos que los pasos que la Justicia da en el esclarecimiento de estos hechos deben servir para renovar los esfuerzos de todos los ciudadanos en el camino de la reconciliación y son un llamado a alejarnos, tanto de la impunidad como del odio o el rencor”. Repiten entonces parte de un comunicado difundido en 1995 en el que se afirmó que “si algún miembro de la Iglesia, cualquiera fuera su condición, hubiera avalado con su recomendación o complicidad alguno de esos hechos (la represión violenta), habría actuado bajo su responsabilidad personal, errando o pecando gravemente contra Dios, la humanidad y su conciencia”. Recuerdan también el pedido público de perdón hecho en Córdoba el 8 de septiembre del 2000, que poco satisfizo entonces a quienes reclamaban una autocrítica de la jerarquía eclesiástica. Los obispos cierran su brevísimo documento con una oración a Dios en bien de la “reconciliación de todos los argentinos”.

De manera simultánea, al comunicado de los obispos la Iglesia difundió también una declaración de la Comisión de Justicia y Paz, un organismo integrado por laicos católicos, que depende también de la Conferencia Episcopal y cuyo asesor es el obispo de San Isidro, Jorge Casaretto. Allí se dice que “ante el fallo del tribunal que juzgó al sacerdote Von Wernich, la Comisión Nacional de Justicia y Paz quiere manifestar su dolor y su pesar por todas aquellas acciones directas, en colaboración o complicidad, que algunos integrantes de la Iglesia Católica pudieron llevar a cabo y que posibilitaron el secuestro, la tortura y la desaparición de personas durante la última dictadura militar”.

Colocándose un paso adelante de lo señalado por los obispos, Justicia y Paz expresa “nuestra solidaridad con todas las víctimas de ese período de nuestra historia, y esperamos que el accionar de la Justicia pueda actuar como reparación y consuelo para los sobrevivientes, sus familiares y los de los desaparecidos”. Y agrega el organismo eclesial que “en nuestro compromiso con el presente y de cara al futuro por afianzar un espacio de amistad y diálogo entre los argentinos, que permita convertirnos ‘de habitantes en ciudadanos’, queremos afirmar que la violencia, en cualquiera de sus expresiones, no es cristiana ni evangélica, y mucho menos si no respeta a los seres humanos y a sus derechos elementales”.

La Comisión de Justicia y Paz termina su comunicado haciendo también una invocación a la reconciliación, aunque con algunos matices respecto de lo afirmado por los obispos. “Que frente al imperativo de que la Justicia busque la verdad sobre el pasado, el desafío de proyectar una nación sin excluidos nos ayude a encontrar los caminos de encuentro y reconciliación que hagan posible, en la justicia y en la paz, la construcción de una patria de hermanos”, dice la comisión presidida por el ingeniero Eduardo Serantes.