“Es mi cuerpo, es mi derecho, es mi decisión”, dice Griselda Borges, con convicción y una panza enorme a cuestas, que le pesa bastante y a veces no la deja caminar. Está a días de parir. Espera su décimo hijo. Y no quiere tener más. Por eso pidió que le ligaran las trompas de Falopio. Pero en el Hospital Lucio Meléndez, de Adrogué, partido bonaerense de Almirante Brown, donde se atiende, le dijeron sistemáticamente a lo largo del embarazo que no se la iban a hacer, a pesar de que hay una ley nacional vigente, que garantiza el acceso a la anticoncepción quirúrgica a cualquier mujer mayor de 21 años que la solicita y una resolución del Ministerio de Salud provincial que la avala. Recién esta semana, después de que insistió y pataleó casi al borde de las lágrimas, Griselda logró revertir una negativa que llevaba casi nueve meses. Nueve meses de angustia e impotencia para Griselda, una mujer como tantas, de sectores humildes y escasos recursos, que hoy todavía encuentran fuertes resistencias y obstáculos en el sector público para acceder a la anticoncepción quirúrgica. Su historia muestra la odisea que enfrentan cotidianamente mujeres en distintos puntos del país para gozar efectivamente de los derechos sexuales y reproductivos, aunque estén garantizados desde el papel, en leyes sancionadas por el Congreso.

Esta cronista conoció a Griselda unas tres semanas atrás. Estaba de-sesperada. Desde que se enteró de su décimo embarazo, Griselda pidió en el Lucio Meléndez que le hicieran una ligadura de trompas una vez que tuviera el bebé. Se cansó de pedirla. Una y otra vez, en cada control médico. Y siempre la misma respuesta: “No”. Le decían que sólo ligan trompas cuando hay una cesárea de por medio y que como ella tuvo todos sus hijos por parto natural, no le iban a hacer una cesárea para ligarle las trompas. Eso no lo dice la ley (ver aparte).

Tampoco se la podían hacer por laparoscopia –le decían– porque no está ese método disponible en el hospital y menos aún le ofrecían una microcirugía posparto, como realizan ligaduras en algunos servicios de Obstetricia de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el del Hospital Alvarez.

–Los médicos se lavan las manos, me dejan sola. Después, cuando vas con otro embarazo, te retan... “Ya estás con otro”, se burlan, y te maltratan –se quejaba Griselda, impotente, en aquel primer encuentro con Página/12. Y eso que no es de las que se dejan vencer fácil: cada día realiza malabares para sostener a su familia y alimentar a su prole.

Desde los 17 años, cuando tuvo su primer hijo, Griselda ha quedado embarazada cada año y medio a dos. Tiene 37 y una sonrisa hermosa. Los cabellos enrulados le enmarcan su rostro amable y pálido. Hace cuentas y dice con cierto asombro que pasó ¡90 meses embarazada!

–Ahora quiero poner un punto final. Basta. Estoy cansada. Mi sueño es terminar el secundario. Dejé en segundo año porque no tenía para comprar los libros y mi mamá trabajaba por horas y no le alcanzaba.

Al conocer su historia, Página/12 llamó a la dirección del Hospital Lucio Meléndez, para saber por qué no le querían ligar las trompas a Griselda. En esa oficina derivaron la consulta al jefe de la Maternidad, el obstetra Alberto Gómez. “No tenemos insumos para hacer la ligadura por laparoscopia. A las pacientes cesareadas sí lo solicitan, se la hacemos”, informó a este diario. Gómez desconocía –dijo– el pedido de Griselda.

–Dígale a la paciente que me venga a ver –le planteó a esta cronista.

A los pocos días, el miércoles 12, Griselda fue a controlarse al hospital. Y preguntó por el doctor Gómez. Y una vez más recibió un “no”, que sólo la hacían a las mujeres que “iban a cesárea”. Las demás, como Griselda, que se embromen. O se dediquen a deambular de hospital en hospital hasta encontrar uno donde se la hagan. Con lo fácil que es conseguir un turno en un hospital público, movilizarse en colectivo cuando el dinero es escaso, y más aún si se tiene una panza a punto de parir.

–Le dije al doctor Gómez que es ley, que es un derecho y me dijo “si es por ley, la ley también dice que no tiene que haber chicos con hambre y gente desocupada. Y mire lo que pasa” –le contó indignada Griselda esa misma tarde a esta cronista, que suponía que a esa altura la mujer ya iba a tener asignada la fecha para la intervención.

–¿Qué más le dijo?

–Me dijo que mi marido se hiciera una vasectomía. Y si él se muere y yo me vuelvo a casar... soy yo la que no quiere tener más hijos.

En lugar de ocuparse de descansar –a semanas de parir– Griselda iba y venía con la misma preocupación. Le indicaron reposo y que se alimentara bien, porque la última ecografía había mostrado que la criatura que viene en camino tiene bajo peso. “Pero con los demás chicos y este problema no me puedo quedar quieta”, se lamentaba Griselda. Además, tuvo presión alta.

El hijo mayor de Griselda tiene 20 años, es el único que no vive con el matrimonio. Después siguen cinco mujercitas, de 17, 15, 13, 10 y 6 años, un varón de 4, y Keren, de 2, la menor hasta que nazca Abril, dentro de pocos días. Un varoncito más lo perdió a los días de nacer. En total, diez embarazos. La obstetra que la atiende le dijo que los dolores que siente en la panza al caminar son producto de tantos embarazos: ya tiene los músculos abdominales vencidos, le dijo. Keren nació con una malformación en las vías urinarias y sufre infecciones urinarias a repetición, por lo que debe tomar antibióticos diariamente como tratamiento preventivo.

–¿Y está comiendo bien? –le preguntó esta cronista, el día que la conoció, en el living de la casa de una vecina, que ofreció el lugar para que Griselda estuviera más tranquila para conversar.

–Y, a veces no se puede. ¿Sabés cómo me arreglo en casa con la comida? Mando tres nenas al comedor de la escuela. Los demás almuerzan en casa con nosotros. A la noche si quedó algo del mediodía, se cena, si no, un café con leche y nada más. Para más no alcanza. Me arreglo así –cuenta sin queja, sin rezongo.

El esposo de Griselda está desocupado. La familia vive en una casita muy precaria de Villa París, en la localidad de Glew, al sur del conurbano. Villa París tiene sólo el nombre de la capital francesa. Por ahí las calles son de tierra, no hay cloacas y la red de gas está recién por desembarcar en las casillas del barrio. Griselda se gana la vida vendiendo artículos de limpieza de casa en casa, en bicicleta: pero por el embarazo dejó hace cuatro meses la actividad. Los únicos ingresos económicos al hogar se limitan a un Plan Familia, de 300 pesos, y a la pensión por el séptimo hijo que recién –cuando ya va por el décimo– le acaba de salir a Griselda y que hace poquito aumentó a 635 pesos: menos de mil pesos para mantener a nueve bocas, que pronto serán diez bajo el mismo techo. Semanalmente, Griselda recorre distintas oficinas públicas de la zona, en busca de ayuda social: leche para los chicos, otra mercadería para cocinar, remedios.

El jueves 13 de marzo, un día después de que Griselda recibiera una nueva negativa en el hospital a su pedido, Página/12 llamó a la secretaría privada del ministro de Salud bonaerense, Claudio Zinn, solicitó una entrevista con el funcionario y planteó el problema de Griselda. Quedaron en contestar. Más tarde llamaron a esta cronista para informarle que tenía que hablar sobre el tema con el director de Hospitales de la provincia, Reynaldo Reimondi. Y así lo hizo. El funcionario dijo que desconocía que hubiera actualmente problemas en el acceso a las ligaduras en el ámbito de la provincia. Pero que se iba a ocupar del caso en cuestión.

No obstante, Reimondi comentó que el año pasado en la zona norte del conurbano todos los profesionales de un servicio de Obstetricia –que no identificó– se declararon objetores de conciencia y a una mujer hubo que derivarla a otro hospital para que se le pudiera realizar la ligadura.

El martes último, Griselda fue nuevamente a una consulta de control, y volvió a recibir un no en relación a la ligadura, pero tanto pataleó, tanto insistió, que finalmente le programaron una cesárea para el 31 de marzo, durante la cual le ligarán las trompas. Está feliz, aunque teme que en el hospital se arrepientan en los pocos días que faltan para la intervención.

Según pudo saber este diario, los obstáculos que tuvo que enfrentar Griselda se repiten en otros centros de salud, en diversos puntos del país. La aplicación de la ley de ligadura tubaria todavía tiene resistencias entre obstetras, algunos por convicciones religiosas, otros, por temor a un juicio por mala praxis –si la mujer se arrepiente de haber mutilado la posibilidad de procrear– porque históricamente estuvo prohibida si no había una indicación médica. Pero desde septiembre de 2006 es legal.