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“Si las 204 víctimas de femicidios registradas en los primeros diez meses del año en la Argentina fueran personas perseguidas por su color de piel o por profesar la religión judía, estaríamos hablando de un genocidio, pero como son simplemente mujeres, nadie se alarma”, cuestionó Susana Chiarotti, la abogada rosarina que integra el comité de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscripta en Belém do Pará. En una entrevista con este diario, Chiarotti consideró que “se debe entender que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad y una violación de los derechos humanos”. La especialista destacó avances que se han realizado en el país en el último año, como la sanción de una ley integral, pero reclamó la urgente implementación de un Plan Nacional de Acción para enfrentar la violencia machista y la inclusión en el Presupuesto 2010, en discusión en el Congreso, de partidas específicas para ponerlo en marcha.

Además, evaluó el impacto regional que tendrá la flamante condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México por los femicidios en Ciudad Juárez. Chiarotti es reconocida internacionalmente por su larga militancia en la defensa de los derechos de las mujeres. Feminista, es fundadora y directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), y responsable de Monitoreo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), organización que patrocinó a una de las madres de las tres víctimas de femicidio –dos de ellas adolescentes– que llevaron a México ante la CIDH.

“Se empezó a cumplir con una de las asignaturas pendientes que tenía el país: delinear un marco jurídico para enfrentar la violencia contra las mujeres. Tenemos una ley desde abril y está en proceso de reglamentación”, se apresura a destacar Chiarotti a la hora de hacer un balance sobre las medidas que el Comité de Expertas de la OEA le viene reclamando a la Argentina para cumplir con la Convención de Belém do Pará. Chiarotti hizo alusión a la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que consagra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y define los lineamientos generales de un plan de acción que involucra a los tres poderes del Estado y que deberá aplicarse en todo el país, en cada provincia y en cada municipio (ver aparte).

–La ley contempla la violencia contra la libertad reproductiva. ¿En qué casos se la violaría?

–Se podría aplicar esa figura si un médico se opone arbitrariamente a una ligadura de trompas o le niega a una adolescente consejería en salud sexual y reproductiva por cuestiones de edad.

–¿Y si en un hospital se obstruye el acceso a un aborto no punible?

–También. La reglamentación tiene que dar pautas claras tanto a los profesionales de la salud como a los medios de comunicación sobre cómo se instrumenta la violencia mediática, que es otra modalidad contemplada en la norma. Pero más allá de la reglamentación, todavía nos falta un Plan Nacional de Acción contra la violencia hacia las mujeres, federal y coordinado en todo el país, como establece la norma.

–En el Consejo Nacional de la Mujer aseguran que lo están elaborando.

–El proyecto de ley del Presupuesto 2010 que se está discutiendo en el Congreso no contempla ninguna partida específica. Eso es muy preocupante.

–En el Consejo sostienen que ya cuentan con un millón y medio de dólares para empezar a implementar la ley.

–Las mujeres en Argentina somos más de 20 millones. Entre enero y octubre de este año se cometieron 204 femicidios, de acuerdo con un relevamiento de los casos publicados en diarios de todo el país (N. de R.: publicado en la edición del lunes último de Página/12). Imaginemos si fueran personas perseguidas por el color de la piel o por ser judíos: sería un genocidio. Pero como son simplemente mujeres, nadie se alarma. Para encarar una política de prevención de la violencia contra las mujeres en serio, que incluya campañas en los medios de comunicación e intervenciones en la cultura, para llevar adelante la sanción y la erradicación de este flagelo, se necesita más que un millón y medio de dólares. Se debe entender que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad y una violación de los derechos humanos.

–¿Considera que debe incorporarse al Código Penal la figura del femicidio, como ya tienen otras legislaciones en Latinoamérica?

–No soy partidaria de una figura específica. No creo que todo fenómeno social que tiene que ser visibilizado requiera de una figura jurídica específica, porque después sucede que los requisitos para que se configure son tantos que es de muy difícil aplicación y los femicidios terminan quedando impunes.

–¿Qué impacto tendrá en Latinoamérica la condena por los femicidios en Ciudad Juárez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acaba de recibir México?

–Creo que va a marcar un antes y un después. Tenemos mucha expectativa. En la Argentina la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria, lo que va a significar que las cortes nacionales tengan que analizar las muertes de mujeres como crímenes de género.

–¿Qué importancia tienen los medios de comunicación en la lucha contra la violencia machista?

–Mucha. En primer lugar, los medios tienen que abstenerse de mostrarnos a las mujeres como objetos y deben desterrar el concepto de crimen pasional, porque están transmitiendo la idea de que el asesinato es fruto del amor, que la amaba tanto que la mató. El amor no mata. No deben mostrar a la víctima como promiscua, con un abordaje sensacionalista. Recuerdo el caso de Nora Dalmasso. Hay programas de televisión y canciones que nos hacen mucho daño al mostrarnos como objetos sexuales.