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El 7 de septiembre un grupo de familias integrantes del Encuentro por el Derecho a Vivir en la Ciudad –que nuclea a 30 hoteles e inquilinatos que alojan a alrededor de 500 familias en peligro de desalojo– se concentraron en Pavón y Entre Ríos frente a la Subsecretaría de Desarrollo Social para reclamar el incumplimiento y las demoras en la asignación y el pago de los subsidios habitacionales a cargo de la Dirección General de Asistencia Inmediata. Un día más tarde, como ya informó este diario, la respuesta fue el cierre del edificio. Sin saber con precisión cuándo volverá a atender.

“Ya es sistemático, cuando a la ministra (de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal) no le alcanza la plata, baja la ventanilla. Esta es una cuestión de interés político, no puede ser que dejen a la gente en la calle y que sea una odisea conseguir el subsidio cuando el presupuesto está subejecutado”, sentenció Rocío Sánchez Andía, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Este diario intentó comunicarse con el titular de Asistencia Inmediata, Pablo Díaz, pero no encontró respuesta.

De acuerdo con un informe de la Comisión de Vivienda, con datos de la cartera social, en los dos primeros años del gobierno PRO, fueron desalojadas diez familias por día.

Página/12 se acercó a los hoteles –que funcionan como viviendas– e inquilinatos, donde los contratos de alquiler son una excepción, para conocer de cerca las historias de tres mujeres que duermen con la amenaza del desalojo y el sueño de la solución habitacional definitiva.

Lejos de casa

Hasta hace unos meses, Gilda vivía junto a su hija, sus dos nietos, y su yerno en una pieza de dos por tres, con un sobrepiso que habilitaba un espacio más, a un metro del techo, para que durmieran sus nietos, nacidos lejos del Perú natal de la familia. Por estos días, está sola: “Mi hija se fue de la ciudad porque tenía miedo por los niños”.

En realidad, tiene una compañía que hacina. En Lavalle al 3300, Abasto, una puerta pesada de chapa es el ingreso para 25 familias al complejo de piezas que funcionan como comedor-habitación-cocina, armadas con divisiones de durlock sobre la estructura de un antigua casa chorizo. El patio es un largo pasillo que comunica las entradas de las “casas”, hechas de sábanas. En el medio, un cuartito esconde dos duchas para todos los inquilinos y la única canilla de donde sacar agua.

Hasta julio, cuando llegó una carta documento del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 98 con la fecha de desalojo, los vecinos pagaban hasta 350 pesos por habitación, sin contrato que lo avalara. Frente a la amenaza del desalojo, Gilda se acercó a Pavón y Entre Ríos.

La mujer había viajado a Perú durante el verano para visitar a su padre enfermo y, según ella, “no le podían dar el subsidio por haberse ido del país”. La única cláusula del Programa de Emergencia Habitacional cercano al argumento por el que le negaron el subsidio es el que obliga a los beneficiarios a tener dos años de residencia en la ciudad. La condición era de un año hasta que el macrismo la modificó en 2008.

Gilda vive hace 15 años en la ciudad. Llegó para trabajar acá y enviar dinero a sus dos hijos para que terminen su educación. “En el Perú no había trabajo, lavaba ropa en la calle y el sol (la moneda peruana) se había devaluado. No podía comprar ni una mazamorra”, recuerda. Para cumplir su objetivo se metió en una “agencia de trabajo” en la que la enviaban a limpiar casas en el día y por la noche le daban una cucheta para dormir por 300 pesos al mes. Como era mucho compartía la cama con otras mujeres.

Después alquiló una casilla y tuvo que aceptar que su hija dejara los estudios para trabajar con ella en una fábrica de almohadas. “Espero que nos permitan acceder a una casa digna. Acá todos trabajamos”, asegura como si tuviera que justificarse. Volvió a cocinar para ganarse la vida. A la noche, entre las ollas, las hornallas y la cocina hará lugar para el colchón.

Por las malas

Estela Urquiza permaneció varios minutos abrazada a su hija, de 11 años, mientras un integrante del Grupo Especial de Operativos Federales (GEOF) le apuntaba con un arma a la cabeza. Las dos estaban sobre la cama matrimonial que apenas cabe en la habitación de dos por cuatro en la que viven junto al papá. Los tres llegaron hace cinco años al Hotel El Cid, de Constitución, “en plan transitorio”, después de que la crisis de 2001 achicara las posibilidades de trabajo y anulara las de pagar el alquiler del departamento.

Allí sobreviven 40 familias, algunas desde hace 20 años. Hasta el año pasado, pagaban hasta 600 pesos por una pieza donde la mesita de luz se usa para comer y donde la humedad es la reina del hogar. Sin embargo, desde entonces enfrentan una causa por “usurpación”. Según los vecinos, los problemas comenzaron cuando la antigua dueña se fue y la reemplazó Carmelo, un hombre que en las reuniones de conciliación en la Justicia aseguró regentear varios hoteles. “Las cosas van a cambiar, vamos a desalojar a todos”, fue la carta de presentación del nuevo encargado, aseguran los vecinos.

Los encargados del operativo del GEOF no presentaron ninguna orden de expulsión aquella noche. “Los chicos quedaron con miedo y los más grandes tememos salir a la calle y no encontrar nada al volver”, cuenta Estela, mientras camina por el patio central del hotel de tres pisos, donde en la noche de la represión “los adolescentes fueron acostados boca abajo y los palos de escoba fotografiados como armas”, recuerda.

En la causa registrada en el Juzgado N° 7 en lo Contravencional y de Faltas de la Ciudad, el fiscal había solicitado el “desalojo preventivo” o de “restitución anticipada” contra los inquilinos, sin permitir su legítima defensa. La medida fue apelada y los vecinos continúan resguardados con el respaldo de organizaciones como el Serpaj.

“No podemos permitir que nos saquen a la calle. El fiscal me recomendó que me vaya por mi nena: ‘¿Voy a agarrar todas mis cosas y me llevás a tu casa?’ le respondí. Se creen que es un capricho nuestro, no se dan cuenta que no tenemos dónde ir”, se desquita Estela.

En un año de negociaciones, la causa pasó por tres juzgados de la ciudad, y no hubo acuerdo en la mesa de diálogo con el gobierno porteño. Los inquilinos no quieren recibir el subsidio habitacional de 700 pesos, ni el monto de los diez meses contemplados por el programa, en un solo pago. “No alcanza para pagar una habitación de hotel y, además, cuando se termina el subsidio estás de nuevo en la calle. Queremos que nos permitan entrar en un plan de pago para tener un techo digno y definitivo”, reclama Estela.

Eterno retorno

“¡Apurate, no tenemos todo el día para vos!” Con esa invitación, un policía de la Federal le daba el ultimátum a Angela Chavarry para irse del hotel Carlos Gardel, en Tucumán al 2200. Junto con ella, 50 familias más fueron expulsadas a la calle, y allí recién se les entregó la orden de desalojo. “Ponían mis cosas en bolsas y las arrojaban por las escaleras. Los muebles se los llevaron en un flete a un depósito judicial y no los pude recuperar”, rememora Angela.

Antes del 8 de julio pasado, las familias habían presentado un amparo ante el juzgado competente para que el gobierno porteño los asistiera. El Ministerio de Desarrollo Social pidió una prórroga de 15 días para responder a la solicitud, con el repetido argumento “no hay plata”. Con la prórroga cumplida llegaron los palos y los fletes. “El gobierno no nos ayudó. Al final del día, un asistente social me ofreció ir a dormir a un parador separándome de mi esposo. Lo rechacé y me ofreció un subsidio que todavía no pude cobrar”, denuncia Angela.

Las primeras semanas durmieron en el local de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), amontonados con otras doce familias desalojadas. Mientras tanto el CIBA le consiguió una pieza en otro inquilinato de Caballito. “Si no fuera por la ayuda que recibí de la organización, estaría durmiendo debajo de un puente”, agradece. Otras diez familias viven en las habitaciones del inquilinato, una antigua casa que en el fondo alberga otras construcciones precarias de madera de pino. Hace tiempo que el antiguo dueño dejó de cobrar los alquileres y vendió el terreno con los habitantes adentro. Ahora, una empresa constructura espera el desalojo que tramita en el Juzgado Nacional en lo Civil 96.

Hoy Angela cuida a su niña, que sufre del corazón, y pasa el día sola con los perros que impregnan de olor el inquilinato, mientras los vecinos van y vuelven de sus changas y su marido de una obra en la que le pagan 50 pesos por día en La Plata. “Otra vez esperando un desalojo. Si nos echan de acá, ¿dónde vamos a ir? En las noches me levanto, miro la puerta y me vuelvo a acostar. No sé cuándo van a llegar.”