Un dictamen de la Defensoría del Pueblo de la Nación pone límites a la expansión de un emprendimiento inmobiliario en la zona de Tigre conocida como Punta Canal, donde se extiende un yacimiento arqueológico que se encuentra en peligro de ser arrasado. La Defensoría dio una serie de recomendaciones a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando, y a la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural bonaerense. En la zona del Delta del Paraná, en el área cubierta desde el distrito de Zárate y San Fernando, “existe numerosa bibliografía centenaria que da cuenta de evidencia arqueológica”, confirmó el Instituto Cultural bonaerense. Por ello, en el primer dictamen –emitido en relación con el patrimonio arqueológico de la zona–, el organismo exhorta a los cinco municipios a elaborar un mapa con la localización de sitios arqueológicos y paleontológicos, y establece que no se autoricen emprendimientos cuando no se hayan realizado los procedimientos adecuados para detectar restos de estos yacimientos, entre otras cosas. Ninguna de las comunas respondió a los pedidos de informes que solicitó la Defensoría en la etapa de investigación, y por el momento tampoco recibieron respuesta sobre las recomendaciones.

La investigación de la Defensoría se inició por denuncias de invasión de terrenos ocupados por el sitio arqueológico Punta Canal, en la localidad tigrense de Dique Luján. Punta Canal, conocido también como Punta Querandí, es una porción no muy extensa de tierra rodeada de barrios privados de la empresa Eidico y que se localiza entre la unión del Canal Villanueva y el arroyo Garín. En medio de las modernas construcciones y de las máquinas que trabajan en el desarrollo de esos emprendimientos, se sitúan los restos del yacimiento arqueológico. A metros de ese lugar, sobre la calle Brasil, el acampe de vecinos e integrantes de comunidades indígenas lleva más de seis meses de resistencia, y lograron de ese modo impedir la continuación de los trabajos.

Este reclamo “ha tomado una magnitud impresionante. Muchos pensaban que se iba a desinflar con el paso del tiempo, que no iba a resistir. Pero sigue firme y es alimentado permanentemente”, manifestó el concejal de Tigre Luis Cancelo, que trabaja junto a los vecinos en el reclamo.

Tal como lo detalla el informe de la Defensoría, los vecinos de Tigre “expresan su preocupación por la pérdida de sitios arquerológicos como consecuencia de la construcción de numerosos barrios cerrados”. Además, “señalan el impacto ambiental y social”, en particular “destacan ‘la urbanización de miles de hectáreas de humedales’” y denuncian que los pobladores aledaños a los barrios cerrados tienen problemas de comunicación vial y que en “muchos casos ven anegadas sus viviendas”. Entre otras cosas, cuestionan también que “tales urbanizaciones se hayan erigido en tierras que fueron fiscales”.

A estas denuncias se suman los pedidos de informes al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl) y al Instituto Cultural de Buenos Aires para obtener información sobre la existencia de yacimientos en el área del Delta del Paraná. “Nosotros pensamos que este tema excedía el ámbito geográfico de Tigre y por ello la investigación la extendimos a la zona que va desde Zárate a San Fernando. Hicimos bien en hacer esta previsión porque después el Instituto Cultural nos confirmó la existencia de bibliografía centenaria en toda la zona y por eso las recomendaciones van dirigidas a los cinco municipios”, explicó García.

También, el 17 de junio último fueron girados pedidos de informes a los intendentes de los cinco municipios, que aún no respondieron. La Defensoría emitió sus recomendaciones a las comunas: “Elaborar un mapa de las localizaciones de sitios, yacimientos y objetos arqueológicos y paleontológicos; no autorizar emprendimientos cuando no se haya realizado la prospección –según lo indica la Ley 25743– destinada a detectar eventuales restos arqueológicos o paleontológicos, y en los casos de emprendimientos ya autorizados, que no hayan contado con la previa prospección, consensuar con sus titulares la realización de la misma”. Además, solicitó a los municipios que informen el listado de las evaluaciones de impacto ambiental para que cualquier interesado pueda acceder a la información, y que implementen el uso de audiencias públicas.

A la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural bonaerense le solicitó que comunique de manera fehaciente a las municipalidades los registros arqueológicos existentes en la provincia. La Dirección se comprometió a realizarlo.

Estas medidas de la Defensoría tienden no sólo a crear un canal de comunicación entre las instituciones competentes, sino también con la comunidad, y de esta forma lograr un control y seguimiento en cada caso particular. Por otra parte, esta posición de la Defensoría se constituye como una nueva herramienta para los vecinos: “Estas determinaciones son dichas por un organismo de la constitución y tienen su fuerza. Se trata de darles a los ciudadanos instrumentos para que puedan defender sus derechos”, manifestó García.

Ahora el interrogante que se plantean los vecinos, y desde la misma Defensoría, es si los municipios van a comprometerse con estas recomendaciones.

Por otra parte, en los próximos días la Defensoría emitirá una nueva resolución. Esta vez el informe se centrará en el impacto socioambiental de los emprendimientos inmobiliarios en la zona del Delta del río Paraná.

Informe: Rocío Ilama.