Siete estudiantes del Centro Universitario de Devoto llevan cuatro días en huelga de hambre en protesta por allanamientos, requisas y cierre e interrupción de las actividades del CUD, un espacio de la UBA en Devoto, en lo que denominaron como “obstáculos excepcionales” que el Servicio Penitenciario Federal descarga sobre ellos y sobre el mismo CUD. Que los denominen como “excepcionales” no habla de su rareza, sino de que son más excesivos que siempre. Siendo el director del SPF, Alejandro Marambio, un graduado universitario, la rareza toma connotaciones mayúsculas. Precisamente, esa rareza se multiplicó la semana pasada cuando los coordinadores del programa UBA XXII, que dicta cinco carreras y el CBC en Devoto, redactaron un comunicado para plantear una denuncia ante el Consejo Superior de la UBA por el avasallamiento a la autonomía universitaria. La reunión no se realizó: una amenaza de bomba la postergó.

El programa UBA XXII cumple 25 años que no fueron caminados sobre un lecho de rosas, pero según la denuncia de 7 de los 14 estudiantes que iniciaron la huelga de hambre el jueves pasado, “recrudecieron los obstáculos que históricamente pusieron las autoridades y agentes del SPF para el normal desarrollo de las actividades de la Universidad en la cárcel”. El 23 de septiembre pasado, el CUD fue allanado por orden judicial, luego de tareas de inteligencia del mismo SPF que supuestamente reveló la existencia de una banda de secuestradores virtuales (no reveló nada sobre la capacidad de distribución de la banda de proveedores de los celulares). El allanamiento, profusamente informado a los noticieros televisivos por la Justicia de La Matanza, jamás notificó a la UBA.

“A veces se hicieron requisas al CUD, pero siempre fuera del horario de clases. Esa vez, el allanamiento acompañado por el grupo de requisa se hizo mientras un docente estaba dando clase, que es gravísimo”, citó Juan Pablo Parchuc, coordinador de Letras. En el comunicado de los coordinadores, que está encabezado por el director del programa, Leandro Halperín, se denuncia que después del allanamiento, “pretextando razones de seguridad y sin dar aviso a la UBA”, suspendieron las actividades del CUD, se desalojó a los 14 internos estudiantes que cuidan el patrimonio universitario, fueron trasladados a otros pabellones y se retiraron las computadoras, que fueron abandonadas en sectores abiertos. Los coordinadores solicitaban en el comunicado que el rector de la UBA, Ruben Hallu, pidiera explicaciones al ministro de Justicia, Ricardo Alak, y que la UBA declare al Programa UBA XXII en emergencia.

El comunicado debía ser presentado ante el Consejo Superior el miércoles pasado. La reunión fue suspendida por una amenaza de bomba.

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