Frenar los desalojos campesinos y declarar la función social de la tierra son dos de los ejes del proyecto de ley impulsado por organizaciones campesinas del país que, en un hecho con pocos precedentes, se unieron para consensuar los artículos y planificar acciones directas para asegurar la aprobación de la norma. De sancionarse, será un primer gran freno al modelo de agronegocios que, con la soja como estandarte, implicó el avance de la frontera agropecuaria y provocó la expulsión de 300 mil familias campesinas e indígenas. El proyecto de ley es impulsado por la base de la pirámide del sector campesino, en los antípodas de la Mesa de Enlace, y cuenta con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro, y el visto bueno del Ministerio de Agricultura de la Nación. “Es una iniciativa nacida de la diversidad de organizaciones, que somos quienes padecemos y enfrentamos el modelo de agronegocios. Será un freno legal a las topadoras, y vamos por más, por las tierras que nos arrebataron”, explicó Miriam Bruno, del Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf).

“Declárese la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales que ocupan en calidad de poseedoras las comunidades campesinas y agricultores familiares”, detalla el primer artículo del proyecto de ley, consensuada –además del Fonaf– por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI–Vía Campesina), Frente Nacional Campesino (FNC), Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires.

El proyecto de ley solicita la suspensión de desalojos durante cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta, en los tres primeros años, a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.

La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo: denuncia el avance minero, petrolero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. También innova al proponer la tierra como un bien social, y no como una mercancía en busca de rentabilidad. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que acabe con la inseguridad jurídica que viven las familias ancestrales y que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra y créditos.

“Entendemos la tierra como un bien social para el trabajo comunitario y la agricultura familiar, y no como renta. La tierra para reproducir la vida y preservar la diversidad, como sustento de la soberanía alimentaria, con uso sustentable de recursos naturales”, explicó el MNCI.

Argentina es visto como un alumno modelo en el mercado de agronegocios mundial. En 1997 se cosecharon en el país 11 millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivada del país. Consecuencia directa, según relevamientos de las organizaciones, 300 mil familias expulsadas de sus territorios ancestrales y con destino a los barrios empobrecidos de las grandes ciudades.

La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y, en base a estudios oficiales, revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.

El proyecto de ley, que comienza desde hoy a ser girado a todos los senadores y diputados, cuenta con seis artículos, extensa fundamentación y abre la puerta a un histórico reclamo de campesinos, siempre negado por grandes propietarios: revisar títulos de propiedad de dudosa procedencia y, para quienes fueron desalojados, la inmediata devolución de sus tierras. La fundamentación del proyecto de ley también refiere al “uso comunitario de las tierras recuperadas por la lucha de las organizaciones”.

Miriam Bruno, del Fonaf, confirmó que las organizaciones que comienzan a articular están lejos de conformarse con las tierras que tienen, y que van por las aptas y necesarias para mantener la vida en el campo. “Tenemos diversidad de miradas entre las organizaciones, pero también los mismos enemigos, como las cuatro patronales de la Mesa de Enlace. Entonces vamos por más, por ejemplo, planes de colonización, la vuelta a los territorios de campesinos, indígenas, colonos, chacareros”, adelantó.

La fundamentación destaca que los desalojos son producto, además del modelo extractivo, de la especulación inmobiliaria, empresas turísticas, la concentración y extranjerización de tierras, y la concentración económica. Recuerdan el rol del Poder Judicial como “brazo ejecutor para consolidar el modelo de agricultura sin agricultores familiares, campesinos e indígenas”, sin tener en cuenta el Código Civil, ni pactos internacionales.

“El desalojo vulnera derechos humanos básicos, en convivencia con el Poder Judicial y político, terratenientes y abogados. Los Estados deben diseñar políticas para evitar estas prácticas”, exigen las organizaciones. Y recuerdan, como ejemplo de incumplimiento, la ley 26.160, de suspensión de desalojos indígenas y relevamiento catastral de territorios. Las exigencias al Estado son concretas: ordenamiento territorial, impulso concreto de la agricultura familiar, financiamiento al sector, mensuras y reforma agraria integral.