El macrismo no logró imponer ayer en la Comisión de Educación su proyecto para modificar el Estatuto del Docente y convocó a un cuarto intermedio hasta el viernes para consensuar una iniciativa con sectores de la oposición. De todas maneras, si obtiene un dictamen favorable, no será tratado de inmediato en el recinto: antes debe ser debatido en la Comisión de Legislación del Trabajo, cuya presidenta, Laura García Tuñón, anunció que convocará a una ronda de discusión antes de emitir un despacho. Así, tampoco es seguro que el plenario lo trate antes del 10 de diciembre, como quiere el oficialismo.

En el debate, las partes se mostraron inflexibles. El PRO siguió impulsando el proyecto que elimina las catorce Juntas de Clasificación docente –organismos que intervienen en los nombramientos y ascensos de maestros y profesores– y las reemplaza por una Oficina Unica de Clasificación (OUC). Mientras que cada una de las juntas está integrada por seis docentes –elegidos por los trabajadores– y tres funcionarios del Ejecutivo, lo que equivale a un virtual cogobierno en el sistema de concursos, la UOC estará compuesta sólo con personal del ministerio.

Por su parte, los gremios y la mayoría de la oposición rechazan de plano el proyecto y piden su archivo, ya que lo consideran un ataque al sistema democrático y participativo de las juntas.

Una vez más, terció el diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), quien lanzó al ruedo un proyecto alternativo, equidistante entre las pretensiones del oficialismo y la posición gremial: mantiene las juntas elegidas por el voto de los trabajadores, pero reduce la cantidad de catorce a cinco; además, propone el legajo único y la informatización de todo el sistema, los únicos puntos del proyecto oficialista aceptados por la oposición y reclamados desde hace años por los gremios.

El debate se inició con la exposición de numerosos docentes, muchos de ellos directores de escuelas o supervisores de distrito que en su mayoría defendieron el sistema. “Fui nombrado rector por concurso y participé como jurado en otros tres. Y puedo dar testimonio de la transparencia de las Juntas de Clasificación”, dijo Raúl Otero, de la Escuela de Música Pedro Esnaola. Afuera, decenas de docentes reclamaban en un acto que el macrismo retire el proyecto.

“Queremos que el proyecto salga con el mayor consenso posible”, dijo a Página/12 Enzo Pagani (PRO), para justificar el cuarto intermedio hasta el viernes al que había convocado su compañera de bloque y presidenta de la Comisión de Educación, Victoria Morales Gorleri. Ambos, junto con Juan Carlos Arenaza (Coalición Cívica) son firmantes del proyecto macrista.

Abrevaya –también de la CC pero opositor al proyecto– enfatizó que “las juntas tienen que seguir existiendo y deben seguir a cargo de los concursos”, pero se pronunció a favor de una modificación de las que no funcionan “para evitar que la política pendular del PRO, como ocurrió con (Carlos) Menem, arrase con todo”.

Según testimonios, las juntas de los niveles inicial y primario funcionan bien, mientras que algunas de las de nivel medio registran atrasos considerables en los concursos. Se trata de aquellas escuelas que pertenecían a la Nación y fueron transferidas en 1992 a la órbita porteña.

Los diputados García Tuñón, Francisco Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), Delia Bisutti (Solidaridad e Igualdad) y María Elena Naddeo (ibarrista) reclamaron el archivo del proyecto macrista. Admiten debatir cambios, pero sostienen –en coincidencia con los gremios– que esa discusión debe darse primero en la Mesa de Diálogo Salarial y de Condiciones Laborales, la paritaria entre el ministerio y los sindicatos, y luego en la Legislatura.

Lo cierto es que el debate legislativo ya comenzó. Una propuesta de Proyecto Sur aprobada por toda la oposición logró que el dictamen de Educación pase luego por la Comisión de Legislación del Trabajo. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, dejó trascender que mantiene reuniones con legisladores opositores para buscar consenso: estuvo con Abrevaya, Fernando Sánchez (CC), Diego Kravetz y Raúl Fernández (telermanistas) y Claudio Presman (UCR), se informó. También convocó a los gremios, pero no para discutir el proyecto sino con motivo de las elecciones de juntas, previstas para el 3 de noviembre, que para los gremios están en duda pese a que fueron confirmadas por el oficialismo.