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En un comunicado subido ayer a su página de Internet, la empresa minera canadiense Osisko Mining Corporation hizo saber que “si no hay licencia social para la exploración y desarrollo en el área del proyecto Famatina, no se llevará a cabo el trabajo” que había sido convenido con el gobierno de La Rioja. La firma, cuya presencia en la provincia ha motivado una dura resistencia por parte de las asambleas populares de Famatina, Chilecito y otras localidades riojanas, ratificó que hasta el momento “no ha realizado ni ha intentado llevar a cabo ningún trabajo de campo” en el cerro, cuyo camino de acceso sigue cerrado por los vecinos que se oponen a la iniciativa. La compañía –tal como lo hizo hace unos días el gobernador Luis Beder Herrera– anunció que a través de su subsidiaria, Minera El Portal, empezó a “diseñar y preparar un programa de información y consulta a la comunidad” riojana. Empresa y gobierno trabajarán juntos en la campaña de difusión para lograr el consenso social del que carece hasta ahora el proyecto. Por su parte, las asambleas ratificaron “el corte informativo y selectivo por tiempo indeterminado” iniciado el 2 de enero porque “ninguna empresa ni proyecto megaminero tienen licencia social en nuestro territorio”.

La Osisko afirmó, desde su sede en Montreal, que empezó a “diseñar y preparar un programa de información y consulta de la comunidad”, porque el consenso social es “primordial para el inicio de cualquier trabajo de exploración” en el cerro. La compañía sostuvo que su proyecto es “de exploración solamente” dado que “no hay en la actualidad un plan, diseño o intención de ninguna operación minera”. Sobre las protestas que se llevan a cabo en la provincia, opinó que apuntan “contra lo que ha sido engañosamente llamado proyecto de megaminería en Famatina”.

María Pía Silva, de la Asamblea Ciudadana de Chilecito, le dijo a Página/12 que la decisión de Osisko de demorar los trabajos “es más una respuesta a sus accionistas que a nosotros, porque nos llegó información de Canadá en el sentido de que sus acciones cayeron tres puntos a partir de la repercusión negativa que tuvo el conflicto en La Rioja”. Respecto de la campaña anunciada por el gobernador Beder Herrera, los asambleístas dijeron que conocen “las prácticas y metodologías” del gobierno provincial y por eso rechazaron “el plan (oficial) de información y capacitación”.

Luego de desestimar las denuncias contra el proyecto, Osisko dijo en su página web que “el desa-rrollo de una mina es todavía muy hipotético” en Famatina, “ya que se conoce muy poco acerca de la cantidad, calidad y ubicación de los recursos minerales que pueden existir” en el cerro. La empresa reconoció que “se ha comprometido a invertir 10 millones de dólares, incluidos los estudios de línea de base ambiental, durante el primer año”, de un total de cuatro años acordados, el 31 de agosto pasado, con la empresa estatal provincial EMSE, titular de los yacimientos.

Osisko señaló en su comunicado que lo que quiere es “ejecutar el acuerdo a través de su subsidiaria Minera El Portal SA (MEP)”, mientras que “los derechos sobre el mineral del Famatina están en manos” de la Empresa Minera Sociedad del Estado (EMSE). La firma dijo que se ha comprometido “a una exploración social y ambientalmente responsable”, ya que “se dedica a la realización de sus programas de trabajo con los más altos estándares internacionales”. Osisko agregó que lo que busca es “dar garantías de que, incluso si la futura exploración se desarrolla con éxito, existen muchos controles y equilibrios que garantizan” el proceso.

De todos modos, aclaró que “el Proyecto Famatina se encuentra todavía en su fase de organización, y Osisko no ha hecho una importante inversión financiera”. Reconoció que el bloqueo del camino en la zona de Alto Carrizal, por donde se va al Famatina, “ha impedido a representantes de la Minera El Portal hacer los primeros contactos con las personas que viven en las cercanías, como parte del programa de información a la comunidad”.

La Minera El Portal ratificó el anuncio de Osisko y se comprometió “a fomentar la creación de organismos de control comunitario que se encarguen de forma independiente del monitoreo y cuidado del agua, el aire y el suelo”.

Por su parte, en su declaración de ayer, los asambleístas dijeron que el “plan de información y capacitación” anunciado por el gobierno es “un disfraz de compra de voluntades”. Señalaron que existen “presiones que se ejercen y son una burla a las diversas y sentidas necesidades de nuestras comunidades”.

Volvieron a reclamar la “supremacía de nuestro derecho a la vida y al agua” por sobre “todo beneficio económico que el gobierno y la empresa ofrecen como argumento de desarrollo y bienestar”. Reiteraron que hacen responsables “al estado provincial y al nacional por la integridad física de los pobladores riojanos y la alteración de la paz social de nuestros pueblos”. Exigieron al gobierno provincial “el respeto a la autodeterminación de los pueblos y al derecho de elegir nuestra forma de de-sarrollo social y económico”.

Por eso demandaron la “inmediata anulación” del convenio con Osisko y la sanción de una ley provincial que “prohíba la megaminería a cielo abierto y de uranio (en todas sus etapas) de lixiviación y usos de agua dulce y de sustancias tóxicas”. Al gobierno nacional le reclamaron “la modificación del Código Minero y la anulación de las leyes impositivas de inversiones mineras”, más las caducidades del Tratado Binacional con Chile, del proyecto Agua Rica y de “todos los proyectos megamineros a lo largo y ancho del territorio argentino”.