El diputado porteño Avelino Tamargo, por el PRO, fue citado a declaración indagatoria como imputado por “amenazas coactivas” o “extorsión”. Lo convocó el juez Juan Ramos Padilla, en el marco de las denuncias efectuadas por Nazarena Vélez y su marido, a quienes se habría intentado coimear cuando intentaron habilitar el cine Los Angeles como teatro. El diputado Tamargo había sido inicialmente citado para “dar explicaciones”, pero el juez consideró justificado redefinir su situación en términos de “imputado”. El caso del cine Los Angeles forma parte de una megacausa por requerimiento de coimas para sortear inspecciones, por la cual ya renunció la ex directora de Fiscalización y Control del gobierno porteño. El juez Ramos Padilla citó también a Martín Farrell, a su vez ex titular de Habilitaciones y Permisos, actual funcionario del gobierno de Mauricio Macri y candidato a juez en lo Contencioso Administrativo.

La actriz y vedette Nazarena Vélez, junto con su esposo, el empresario Fabián Rodríguez, habían presentado una denuncia por estafa, en relación con una presunta habilitación fraudulenta del cine Los Angeles, del cual ambos eran propietarios. El matrimonio denunció que en 2008 había iniciado un emprendimiento en esa sala, ubicada en Corrientes al 1700, a fin de habilitarla como teatro. Poco después se habían asociado con otros dos empresarios para poder terminar la obra, pero entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, estos socios habrían transferido la habilitación a su propio nombre, con presunta complicidad de funcionarios del gobierno porteño. Aquellos socios les habían presentado al diputado Avelino Tamargo, quien posteriormente los habría amenazado con el retiro de la publicidad del gobierno porteño en un programa de radio de Nazarena Vélez, a menos que ésta dejara de efectuar reclamos públicos al jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

El llamado a declaración de Tamargo ya había sido dispuesto por el juez Ramos Padilla, pero no tenía fecha, y al ser sólo “para dar explicaciones”, no lo imputaba en la causa. Ahora el magistrado fijó fecha, a partir del 23 de febrero, y transformó el llamado en “declaración indagatoria”: o bien por amenazas coactivas, o bien por el más grave delito de extorsión.

Los elementos que el magistrado consideró suficientes para imputar al legislador habrían provenido de escuchas telefónicas, que a su vez vinculan el caso del cine Los Angeles con una serie de casos de presuntas coimas y tráfico de influencias en el área de inspecciones y habilitaciones de boliches, en el gobierno porteño, que reveló este diario. En agosto pasado, Página/12 dio a conocer los allanamientos a domicilios de tres personas que habrían actuado como gestores intermediarios para la habilitación de locales bailables o para garantizar que establecimientos de ese orden pudieran funcionar sin recibir visitas de inspectores. La causa se había iniciado por denuncias de numerosos dueños de boliches nocturnos acerca de un acoso de inspecciones que sólo podía frenarse mediante la suscripción a un “sistema de avisos”, por el cual, a cambio de una suma mensual, se le informaba al comerciante qué día se haría la inspección en su local o bien directamente se suprimía la inspección.

Las escuchas telefónicas que ratificaron las sospechas sobre esta red habían involucrado a Vanesa Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control del gobierno porteño, quien tras las notas publicadas en Página/12 presentó la renuncia al cargo. También implicaban a Federico Garaglia –que al momento de las escuchas era pareja de Berkowski–, Leandro Camani y Matías Pantarotto. Este último era abogado del boliche Beara, donde en 2010 murieron dos chicas al derrumbarse un entrepiso; en una de las escuchas Camani se habría jactado de haber conseguido el permiso para el funcionamiento de este local.

Los casos del cine Los Angeles y de los boliches nocturnos ya están unificados en la megacausa a cargo de Ramos Padilla, y los padres de las víctimas de la tragedia de Beara le solicitaron a la jueza interviniente, Alicia Iermini, que a su vez unifique la causa con las otras dos.

La declaración indagatoria de Martín Farrell fue solicitada por la fiscal Graciela Gils Carbó. Farrell había sido director de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control. Actualmente ocupa un cargo en la Procuración General porteña y es uno de los 90 aspirantes a cubrir uno de los diez puestos de juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad.

La fiscal Gils Carbó también pidió la declaración indagatoria de Pablo Seiskuskas, ex director de Habilitaciones Especiales, y de Martín Córdoba, ex jefe de Transferencias Simples. Ramos Padilla dispuso fecha para estas indagatorias, que se efectuarán a partir del 23 de febrero y hasta el 15 de marzo. También serán indagados Aldo Funes Tondino, Diego Noguera y la escribana Martha Vengerow, todos ellos por presunta defraudación y estafa por la tramitación de los permisos para el funcionamiento del complejo Los Angeles.