[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Así lo indicaron fuentes judiciales que señalaron que, por ese hecho, también serán sometidos a indagatorias Jorge "el Tigre" Acosta, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo del fallecido ex general del Ejército, Jorge Carlos Radice y el extraditado Ricardo Miguel Cavallo, entre otros.

Las indagatorias fueron ordenadas por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la "megacausa ESMA" luego que la Corte Suprema de Justicia dispusiera, en el mes de diciembre último, que el secuestro de la joven se incluyese en las investigaciones sobre el centro clandestino de detención que funcionaba en ese instituto de formación naval.

Los represores Luciano Becerra, Eugenio Vilardo, Hugo Damario, Carlos Daviou, Juan Carlos Fotea, Miguel García Velazco, Ricardo Lynch Jones, Pablo García Velazco, Edgardo Otero, Roberto Pérez Froio, Alberto Eduardo González, Ernesto Frimón Weber y Antonio Vañek, entre otros, forman parte del listado de imputados a quienes el juez Torres tomará declaración indagatorias.

Junto a esos ex jefes militares el magistrado también convocará a Julio Torti, Raúl Scheller, Néstor Omar Savio, Julio César Coronel, Rogelio Martínez Pizarro, Carlos Orlando Generoso, Víctor Francisco Cardo, Oscar Antonio Montes, Pedro Santamaría, Francisco Rioja, Raúl Jorge González y Manuel Jacinto García.

Las fuentes dijeron que las indagatorias comenzarán el 5 de febrero próximo con Becerra y Cavallo, seguirán el 6 con Bilardo y Damario, y se extenderán todo el mes, a razón de dos por día, y finalizarán el 5 de marzo con las declaraciones de los destituidos "el Tigre" Acosta y Astiz, también apodado "Cuervo", "Angel" y "Rubio" entre otros motes con los que actuaban en el grupo de tareas de la ESMA.

El juez Torres notificó al Director Nacional del Servicio Penitenciario Nacional; Marambio Arabia, que todos los represores deberán ser trasladados esos días desde el penal de Marcos Paz a los Tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, donde serán indagados, con la intervención del secretario Pablo Yadarola.

El secuestro de la joven sueca fue uno de los casos que analizó la Cámara Federal, en 1985, en el juicio a las tres primeras juntas militares del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" (conocido como "causa13") y por los que los comandantes fueron condenados y posteriormente indultados por el ex presidente Carlos Menem.

En su momento la investigación por la desaparición de Hagelin tuvo marchas y contramarchas, fue cerrada por prescripción y tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final; con la declaración de inconstitucionalidad de los indultos y la ratificación que los delitos de "lesa humanidad" son imprescriptibles, finalmente fue reabierta.

De acuerdo a los abundantes testimonios recogidos en la investigación Hagelin, de 17 años al momento de los hechos, fue baleada y secuestrada el 27 de enero de 1977, en la bonaerense localidad de El Palomar, donde iba a visitar a su amiga Norma Susana Burgos quien fue esposa del dirigente montonero Carlos Caride y había sido privada ilegítimamente de su libertad el día anterior.

Crónicas sobre el secuestro refieren que encabezaba el operativo un hombre "alto, rubio, atlético y de ojos celestes" que posteriormente identificaron como Astiz y que el objetivo del procedimiento era capturar a María Antonia Berger, "de aspecto similar al de Dagmar, pero un poco más alta".

Otros informes obrantes en la causa indican que la muchacha intentó escapar a la carrera -era una destacada atleta- y que habría sido Astiz quien desenfundó su arma, puso la rodilla en tierra y al grito de "parate flaca que te tiro", efectuó un disparo que impactó en la muchacha haciéndola caer para atraparla y conducirla al centro clandestino que operaba en la ESMA.

El padre de Dagmar, Ragnar Hagelin -quien testimonió en la "causa 13"- logró la intervención del embajador sueco y de las autoridades de su país que exigieron, infructuosamente, a los militares la liberación de la jóven ya que un acto de "barbarie y crueldad" como el secuestro de la jovencita "no puede ser aceptado por los países que se consideren civilizados".

Las gestiones internacionales del padre de la joven incluyeron entrevistas con los principales jefes de Estado europeos y líderes religiosos que se contactaron con los jerarcas militares del autodenominado "Proceso de Reorganización Militar"

pero ninguno obtuvo respuestas satisfactorias a las exigencias de esclarecimiento del caso y condena a los responsables.

A mediados del mes de diciembre último Ragnar Hagelin, desde Suecia, efectuó declaraciones radiales en las que afirmó que "ayer recibí la buena noticia de que la Corte Suprema dejaba abierta la causa de mi hija", en relación al fallo según el cual el Torres debe avanzar en la investigación.