Buena Moneda

El último chiste de Roque

Por Alfredo Zaiat

¡Puede haber algo más absurdo que proponer una fuerte disminución del gasto público en medio de una profunda recesión! Sí, que Roque lo presente y diga que lo haría en caso de continuar un gobierno de Menem. Todavía más es que los principales candidatos a sucederlo piensen igual. Una pretensión de recorte de casi 1800 millones de dólares, como la que se propone en el proyecto de Presupuesto 2000, es improbable y, sobre todas las cosas, irrealizable. Pero de ese modo la city está contenta y Roque puede retirarse con la conciencia tranquila del trabajo realizado y seguro de ser recibido como un líder en el apacible ámbito académico de la ultraortodoxa CEMA. Ese borrador de Presupuesto da respuesta a la demanda, que ya se transformó en slogan repetido por parte de la mayoría de los economistas, de ajustar bajando gastos. La confusión es tan grande cuando se aborda el tema de los ingresos y egresos del Estado que sólo queda por pensar que algunos lo hacen deliberadamente y otros directamente por ignorancia. Parece que muchos se olvidaron de releer del manual el capítulo Impuestos. Con poco esfuerzo podrían encontrar algunas vías para equilibrar las finanzas públicas teniendo en cuenta que, por evasión y un sinnúmero de exenciones, entre otras iniquidades, es ridículamente baja la presión impositiva en el país, al ubicarse en apenas el 17,7% del PBI.
No se puede pretender que durante esta década el Producto haya crecido 50 por ciento en términos reales y que el gasto se mantenga constante en términos nominales. Eso es una aspiración totalmente absurda, más aún en una economía con caída de la actividad, aumento del desempleo y graves problemas sociales. Otra cosa es discutir la eficiencia del gasto, debate al que no son muy propensos por pereza intelectual los economistas del elenco estable y mucho menos los políticos, por intereses particulares y de bolsillo.
A esta altura, a apenas cinco semanas de las elecciones, pasa a ser una simple anécdota la provocación de Roque de mostrar cómo debería ser para él la administración de los recursos del Estado. Más inquietante es que, con pequeños matices y dejando de lado que la Concertación Ahora no tiene otro objetivo que calentar la campaña electoral, tanto los equipos económicos de Eduardo Duhalde como los de Fernando de la Rúa proponen también achicar el gasto como parte del publicitado shock de confianza. Por un lado, Jorge Remes Lenicov impulsó la convertibilidad fiscal, que no es otra cosa que establecer un rígido esquema para garantizar el pago de la deuda, y por otro José Luis Machinea habla de eliminar los ATN y los fondos reservados, entre otros. Pero esos retoques, que de por sí son importantes y necesarios, tienen impacto de show mediático más que de relevancia en el total del gasto público. Más que poda –en realidad, no es mucho lo que se puede hacer– se necesita hacer eficiente el gasto público.
En ese sentido, no es un hecho menor, aunque la mayoría lo asume impávidamente como un dato previsible y lógico, que se destine el 18,8 por ciento del gasto a pagar los intereses de la deuda, que para el 2000 crecerán en 900 millones de dólares para totalizar 9034 millones. Sumando las amortizaciones de capital y la necesidad de cubrir el déficit de las cuentas públicas, el próximo gobierno requerirá del mercado financiero local e internacional nada menos que 25.900 millones de dólares. En la actualidad, obviamente, la cuestión no pasa por el debate de pagar o no pagar, sino en cómo pagarla y sobre quién debería recaer la carga para honrar los intereses de la deuda. Porque, como se sabe, el dinero sale de lo que recauda el Estado con impuestos. Y aquí debería estar el principal desafío de los que vendrán y no exclusivamente la discusión sobre el nivel del gasto público. Si la opción no fuera exclusivamente agradar al podere conómico, un impuesto a las ganancias extraordinarias de las privatizadas no sonaría descabellado. Es una cuestión de elección.