Por Julio Nudler

Todos buscan la añorada “suficiencia fiscal”. Es decir, que con los impuestos puedan pagarse todos los gastos, y haya que seguir viviendo de prestado. Por eso, los tres candidatos estrella tienen entre ceja y ceja la evasión y quieren atacar los problemas de administración tributaria. Además (¿serán sólo buenos deseos preelectorales?) se proponen aumentar rápidamente la progresividad del sistema impositivo, que sería al mismo tiempo la vía para alcanzar la suficiencia. Alianza, PJ y AR pretenden acentuar la imposición directa a través de Ganancias (y complementariamente de los gravámenes patrimoniales) y subsumir en un IVA compartido toda la presión sobre el consumo. Pero mientras De la Rúa y Duhalde se comprometen a recomponer las potestades tributarias provinciales, Cavallo marcharía en la dirección opuesta.
Según la Guía de Políticas de la Alianza, que es el documento programático oficial de la entente opositora, la estrategia tributaria de Fernando De la Rúa seguiría las líneas que se describen a continuación (con algunos comentarios adicionales puestos entre paréntesis). Separadamente se ofrece el diálogo que mantuvo Cash con Guillermo Rozenwurcel, quien coordina los estudios sobre temas impositivos en FADE, la fundación presidida por José Luis Machinea, señalado como próximo ministro de Economía. Aunque hay muchos puntos en común, también hay algunas diferencias, por lo menos a estas alturas, entre las dos versiones del enfoque aliancista.

En la Guía se establece como prioridad atacar, “sin temores ni claudicaciones”, a la evasión, que se estima superior al 40 por ciento. (Este porcentaje está medido contra la recaudación potencial. En otros términos: por cada 100 pesos que deberían recaudarse, se recolectan menos de 60, por lo que la evasión equivale a casi el 70 por ciento de lo que efectivamente se recauda. De cualquier modo, la estimación de FADE es menos dramática: calculan una evasión de entre 25 y 30 por ciento.) El objetivo es una “distribución equitativa de las cargas” para repartir con más justicia los frutos del crecimiento.

Corregir el desequilibrio del sistema tributario, que descansa en un IVA de alta alícuota, al mismo tiempo que las imposiciones a la renta y a los patrimonios contribuyen muy poco a la recaudación total. Se promete revertir esta situación sin alterar drásticamente la estructura legal del sistema sino modificando el peso específico de la imposición directa e indirecta en la recaudación. (Por un lado se afronta el problema de un IVA alto, muy extendido y de limitada diferenciación de alícuotas –respecto de la existente en los países desarrollados–, que por la vía de la imposición del consumo se convierte en un fuerte impuesto a los ingresos del trabajo, especialmente en los tramos bajos. Por otro, la imposición a la renta, y en particular a los ingresos de las personas físicas, es muy débil. Hoy todas las ganancias de capital están excluidas de la base de Ganancias. Este tributo rinde menos de tres puntos del PBI, uno solo de los cuales proviene de personas físicas, al revés de lo que ocurre en los países impositivamente eficientes.)

Se propone la devolución de impuestos a las provincias, en el contexto de un nuevo régimen de coparticipación. (A principios de siglo, sólo el 10 por ciento de los recursos provinciales provenían de la Nación. En 1935 comenzó el régimen de coparticipación, y ya a fines de los 50 las provincias sólo cubrían con recaudación propia la mitad en promedio de sus presupuestos. Hoy los recursos propios rondan el 35 por ciento. El objetivo de pagar la deuda externa y el crecimiento del Estado nacional explican este cambio.)

La enumeración de políticas es como sigue:

• Basar el sistema tributario en el IVA y Ganancias.
• Sustituir progresivamente, a nivel nacional y provincial, los impuestos que afectan la competitividad, como Ingresos Brutos, Sellos y contribuciones patronales, bajo la condición de no desfinanciar los gastosde la Seguridad Social. Eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta.
• Se promete firme voluntad política para combatir la corrupción asociada a la evasión.
• Entre las propuestas para mejorar la gestión impositiva se plantea el desarrollo de un sistema de inteligencia tributaria. (Esto último incluye, además de estudios sectoriales que eviten que los inspectores salgan a ciegas y de medios informáticos que permitan cruzar datos –lo que aún no se ha logrado-, la estructuración de una buena red de “buchones”, tan necesarios para la DGI como lo son para la policía. Hoy lo que existe es la denuncia anónima.) Otras líneas de acción consisten en formar equipos especializados en negocios específicos, constituir grupos para la detección de grandes evasores y la sanción de un código tributario. (Este consiste en un manual ordenado de normas, sobre todo de procedimiento. En realidad, Carlos Silvani, titular de la AFIP, tiene un proyecto que preparó Félix Adolfo Lamas, quien por proponer un endurecimiento de las normas consiguió ser crucificado por los opulentos estudios que asesoran a grandes empresas y transnacionales. Una de las modificaciones que impulsa Lamas e irritan a esos profesionales prevé impedir que el contribuyente presente ante la Justicia pruebas que no haya aportado en sede administrativa; es decir, ante la DGI.)

También se trama la creación de un fuero especial para ejecuciones fiscales. (Se quiere sortear de este modo el escollo que hoy representan los jueces, incluidos los del fuero Penal Económico, para la posibilidad de cobrar el dinero evadido.)

Los impuestos justicialistas
El decálogo tributario que implantaría Eduardo Duhalde se propone las siguientes transformaciones:

• Reforzar Ganancias y en general la imposición directa.
• Reducir los impuestos al trabajo para promover el empleo.
• Reducir el IVA como primer paso hacia el objetivo de dar mayor progresividad y equidad al sistema. Luego, como arma de campaña, se precisó la decisión de reducir la alícuota general al 15 por ciento y compensar la probable pérdida de recaudación con una menor evasión.
  
• Apoyo a las provincias en la eliminación de impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos,
• Sellos y cualquier otro que grave la producción y el comercio.
• Descentralización impositiva, en el marco de un nuevo régimen de coparticipación.
• Convocar a una gran movilización nacional que tenga como meta abatir la evasión de impuestos, aranceles y aportes y contribuciones previsionales.
• Separar de nuevo la Aduana de la DGI.
• Poner en vigencia un nuevo código tributario, que simplifique el proceso administrativo y dé celeridad a la justicia tributaria.
• Someter a la AFIP a una reingeniería.
• Se propone coordinar la administración tributaria con las provincias y los municipios, sobre la base del principio de corresponsabilidad fiscal.

El plan de Domingo Cavallo
Fiel a su receta

Acción por la República promete un shock de crecimiento, con vertical caída del desempleo, para lo cual propone más ofertismo, desmontando los impuestos que elevan los costos de producción. La evasión se combatiría con una bancarización forzosa de las transacciones. En concreto, se eliminarían aportes patronales, el impuesto docente, el gravamen al gasoil, Ingresos Brutos, Sellos, el impuesto a los intereses, la renta mínima presunta y cualquier otra gabela que afecte la competitividad. El costo fiscal de estas supresiones sería de 18.000 millones. La erradicación inmediata de la evasión debería compensar esta sangría.

El sistema se basaría en nuevos impuestos a los ingresos y a los consumos, redefiniendo las bases imponibles de Ganancias e IVA para cerrarle el paso a la evasión. Habría además algunos otros tributos nacionales (aranceles de importación, internos sobre alcoholes, tabaco, y combustibles), provinciales (inmobiliario rural), y municipales (inmobiliario urbano, patentes y tasas y contribuciones), con alícuotas más bajas.

El impuesto a los Ingresos gravará a los obtenidos por personas físicas, sociedades y empresas unipersonales con una tasa única del 35 por ciento, con un mínimo no imponible personal de 24.000 pesos anuales. La base imponible estaría constituida por la ganancia neta, con el criterio de lo realizado y la posibilidad de deducir de la ganancia bruta los gastos necesarios para mantener la fuente generadora (las personas físicas podrían detraer los gastos jubilatorios y la cuota de las prepagas de salud). Desaparecerán todas las actuales exenciones de Ganancias. Quedarán así gravadas las ganancias de capital (permanentes, periódicas o eventuales), los intereses de los depósitos, y las rentas de todo otro activo financiero. La progresividad vendrá dada por un mínimo no imponible elevado. El nuevo IVA se aplicará con el criterio de lo percibido (no de lo devengado, como hasta ahora), presumiéndose que todo ingreso percibido añade valor. Podrían acreditarse los gastos de contrapartida, para así pagar solo sobre el valor agregado. La tasa bajaría al 15 por ciento con un plus provincial de 5 por ciento para suplir Ingresos Brutos.

Guillermo Rozenwurcel, del equipo de José Luis Machinea
“La tasa del IVA es muy alta, hay que bajarla”

Por J.N.

–¿Qué piensan cambiar en el régimen impositivo?
–La estructura tributaria actual es ineficiente e inequitativa, tanto en sus bases como en sus alícuotas.
–¿Cuál es el problema con las bases?
–El problema son las exenciones, tanto en Ganancias como en el IVA. Pero no nos proponemos hacer nada brusco ni generalizado, sino estudiar cada caso e ir cerrando esos agujeros. En Ganancias la cuestión es evidente y patética, porque paga un grupo muy reducido de gente, y los únicos ingresos que pagan son los laborales. Por tanto, vamos a acentuar la tributación de las personas físicas.
–¿Tienen una meta cuantitativa?
–La idea es duplicar dentro del próximo mandato presidencial la contribución de Ganancias por parte de las personas físicas.
–¿Mantendrán la tasa del 35 por ciento para sociedades?
–Esa tasa no está mal, pero hay problemas serios con los precios de transferencia*. Estimamos que pueden recaudarse hasta 800 millones de pesos más por año si se impiden las distorsiones. En cuanto a los ingresos personales, hay una terrible inequidad horizontal, porque el tratamiento favorece claramente a los autónomos, mientras que a los empleados se les retiene en la fuente y sobre su ingreso efectivo. Además, hay que revisar las escalas de Ganancias.
–¿Van a generalizar el IVA?
–Algunas excepciones (alícuota cero o muy baja) debe haber, pero sólo para bienes de primera necesidad. En general, la tasa es muy alta y hay que tender a bajarla cuando sea posible.
–¿Qué tienen pensado respecto de impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos?
–No vamos a sacrificar ingresos fiscales mientras no esté asegurada su sustitución, pero la idea es reemplazar Ingresos Brutos por una sobrealícuota del IVA.
–¿Seguirán bajando las contribuciones a la seguridad social?
–No hay razón para mantener las cargas laborales en un régimen previsional que dejó de ser contributivo. Lo lógico es que se financie con rentas generales, como ya ocurre en gran medida. Pero la situación impide por ahora eliminar los aportes.
–¿Qué harán con los regímenes especiales?
–Eliminar los regímenes de promoción, porque no cumplen con ninguno de los objetivos previstos y son un barril sin fondo de subsidios inservibles. Pero no afectaremos derechos adquiridos. Lo que haremos es fiscalizar muy de cerca los proyectos vigentes.
–¿Volverán a separar DGI y Aduana?
–No lo tenemos definido, pero es evidente que no puede estar todo concentrado en una cabeza. La DGI por sí sola es el organismo que más personal tiene. Creemos que una sola persona no puede ocuparse de cuestiones tan diferentes y complicadas como la fiscalización y la informatización, entre otras.
–¿Habrá un fuero tributario?
–Los problemas de administración tributaria –la mora, la inefectividad de las ejecuciones– son tan serios como los del régimen impositivo. Aún no tenemos decidido si se mantendrá el Tribunal Fiscal, si se crearán secretarías especiales tributarias dentro de los juzgados federales, o se creará un fuero específico.
–¿Harán algo para que vuelvan los capitales que los argentinos mantienen afuera?
–La historia de los blanqueos es decepcionante, tanto por su efecto sobre la recaudación como por la afluencia de capitales que generaron. No pensamos hacer nada especial para atraer esos fondos. Lo que haremos es implementar de manera más efectiva el principio de renta mundial** yencarar seriamente todas las cuestiones de fiscalidad internacional, para cuyo análisis formamos un equipo especial.
–¿Mantendrán el impuesto a la riqueza?
–Sí, aunque no discutimos aún si convendría revisar la tasa (actualmente del 0,5 por ciento sobre los bienes personales). Los impuestos patrimoniales son un complemento útil y necesario de Ganancias.
–¿Tampoco abolirán la renta mínima presunta?
–Es sólo un recurso de emergencia. Pensamos eliminarlo cuando mejore la fiscalización de Ganancias.
–¿Seguirán gravando los intereses?
–Tal como están hoy las cosas, es una manera indirecta de gravar las ganancias de capital. Pero hay formas más prolijas de hacerlo. Este impuesto no nos encanta, entre otras cosas porque grava más a quien paga intereses más altos por el crédito. Para atenuar esta distorsión habría que establecer una tasa máxima de referencia.

N. de la R.:
* Son los precios a los cuales se contabilizan las transacciones efectuadas entre diferentes empresas de un mismo conglomerado, y tienen particular importancia.
** Por este criterio, las rentas obtenidas por residentes argentinos tributan en el país, no importa dónde se hayan generado.

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