Buena Moneda

Historia repetida

Por Alfredo Zaiat

Ana María Salas falleció el 11 de abril de 1990. Era la segunda mujer de Julio Alberto Bellocchio. Desde entonces, Julio comenzó el trámite para cobrar la pensión por viudez. El relato de su historia con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSéS) es un símbolo de la década menemista, que termina con un Estado que liquidó su patrimonio y que se ha desatendido de brindar, al menos correctamente, la asistencia social básica a la gente. “En 1990 –explica Julio–, una conocida, que actualmente es funcionaria de la ANSéS, la arquitecta Silvia Liguori, cuando le pregunto cómo se inicia el trámite, me deriva a la calle Paseo Colón (ex sede de la ANSéS). Una empleada me dio a entender que para cobrar la pensión tenía que ver a un gestor o a un abogado, entendiendo claramente a qué se refería. Como no me agrada comerciar con una muerte, hablé con personas que estaban dentro del local que no me entregaron ninguna tarjeta personal para “no comprometerse”. No entregué la carpeta. Volví en 1991, en 1992, en 1993, en 1994. Siempre era igual; si no había coima, la carpeta se dormía. En 1995 vuelvo a llamar a Silvia Liguori (lleva más de 10 años allí) y le digo que ya no puedo esperar más, y me envía a ver a una funcionaria en la sucursal de la ANSéS, ubicada en Constituyentes y Salvador María del Carril, llamada Silvia Gascón, quien me solucionaría el problema. Esta funcionaria llevaba 14 años en la ANSéS, y ahora ya no trabaja más en ese organismo estatal. Me dio una cita, era principios de diciembre de 1995. Le aporté toda la documentación y el día 22 de diciembre de 1995 me entregó la documentación y un cheque para cobrar al día siguiente en el Banco Provincia de avenida Constituyentes y Congreso. Pero me dice que no me iban a pagar la retroactividad, y que tenía que desistir de ella. Yo no cobré la retroactividad, unos 43.600 pesos. No sé si alguien la cobró. Pero sé que no autoricé a nadie para hacerlo. ¿Quién se llevó ese dinero?
Como se sabe, después de la experiencia privatizadora de los 90, la mejor manera de conseguir el consenso de la sociedad para vender o eliminar una empresa o repartición pública es hacerla tan ineficiente y corrupta hasta el límite del hastío social. Los teléfonos, trenes y subtes son ejemplos clarísimos de una degradación sistemática de sus prestaciones que provocaron el reclamo de privatización de la gente. Después, para las empresas privadas fue una cuestión de mejorar el servicio con tarifas altísimas (en el caso de los teléfonos) o con subsidios estatales (para los concesionarios de trenes y subtes). De la satisfacción inicial de poder comunicarse o viajar con unidades llegando puntualmente, ahora se sufren las elevadas facturas telefónicas, que provocaron que casi 800 mil usuarios quedaran desconectados por imposibilidad de pagar en lo que va del año, o se padece el deficiente servicio ferroviario por falta de inversiones.
Si bien ya no hay empresas públicas de envergadura a liquidar, todavía quedan funciones u organismos estatales pretendidos por privados. La ANSéS, que es presupuestaria y administrativamente la dependencia de mayor tamaño del Estado, es uno de ellos. El camino para su desaparición tiene como beneficiario a las AFJP, pues éstas aspiran a cumplir con la función fundamental de otorgar los beneficios jubilatorios. Y esa ambición no es desinteresada, debido a que en la actualidad la ANSéS paga jubilaciones, incluso a quienes se retiran por el sistema privado. Pero desaparecida la ANSéS, por ejemplo la iniciativa de cancelar la Prestación Básica Universal (PBU), que el Estado garantiza a todo aquel que se jubila, estaría allanada, desalojando totalmente al Estado de la esfera previsional y dejando el manejo de millonarios recursos en manos de las AFJP. Será tarea de la Alianza, si es gobierno, asumir el desafío de no transitar el mismo camino de liquidación del Estado –de lo que queda– del menemismo. ¿Querrá? ¿Podrá?