HERENCIA
salud

- La desocupación y del trabajo en negro implicó que 2,2 millones de personas perdieran su obra social.
- Casi la mitad de la población carece de cobertura de salud.
- Según un estudio de la consultora Equis, en el quintil de menor ingreso, el 64,9 por ciento no posee asistencia médica.
- Las prepagas sólo cubren a un 5 por ciento de la población y están concentradas en las grandes ciudades
- Los planes del futuro gobierno incluyen brindarle atención de un médico de cabecera a toda persona que no posea cobertura social o privada
- Reestructurar el sistema de obras sociales, bajando los costos y eliminando la corrupción
- Y asegurar el consumo de medicamentos a toda la población.

Por Roberto Navarro

La herencia más pesada que le deja Carlos Menem a Fernando de la Rúa es el desempleo y sus efectos en la sociedad. El deterioro de las condiciones laborales durante los últimos diez años derivó en un grave perjuicio para el sistema de salud. El incremento de la desocupación y del trabajo en negro implicó que 2,2 millones de personas perdieran su obra social. La mayoría pasó a atenderse en los hospitales públicos que, desbordados, están dando turnos para 60 días después. A su vez, la disminución de los ingresos de los trabajadores y la reducción de los aportes patronales contribuyeron a desfinanciar a las obras sociales, que redujeron la cobertura a sus afiliados. También la medicina privada se vio afectada por esta crisis. Héctor Lombardo, coordinador del equipo de transición del futuro gobierno en materia de salud y candidato a ocupar la secretaría de esa cartera, adelantó a Cash que el gobierno de De la Rúa enfrentará la crisis “implementando un sistema de médicos de cabecera que atenderán en sus consultorios a todas las personas que no tengan cobertura médica social o privada” (ver recuadro).
Según datos del Indec, la cantidad de beneficiarios de las obras sociales nacionales, incluyendo el PAMI, disminuyó de 18 millones en 1990 a 15,8 millones en la actualidad. En ese período la población se incrementó un 11 por ciento. En consecuencia, si al principio de la década el 55,3 por ciento de la población estaba cubierta por ese tipo de cobertura médica, ahora sólo la alcanza el 43,7 por ciento, incluyendo las obras sociales provinciales y las prepagas, casi la mitad de la población carece de cobertura de salud.
Las obras sociales son obligatorias para todos los empleados en relación de dependencia, y se financian con un aporte del empleador (5 por ciento del salario) y del empleado (3 por ciento). A los desempleados la obra social sólo los cubre hasta tres meses después de su despido o renuncia. Así, con el aumento de la desocupación mucha gente fue perdiendo su obra social. Además, hubo un notable aumento del empleo en negro.
Los que más carecen de obra social son los que más lo necesitan: los pobres. Porque entre ellos se encuentran la mayor cantidad de desocupados y de trabajadores en negro. Según un estudio de la consultora Equis, en el quintil de menor ingreso, el 64,9 por ciento no posee cobertura de salud. Desplazada del sistema de seguridad social, la gente buscó atención en los hospitales. Según datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, entre 1993 y 1998, las consultas externas pasaron de 6,6 millones a 10,4 millones y las internaciones de 282.574 a 386.369. Este aumento de la demanda, que se dio en todo el país, no fue compensado por un gasto mayor del sector público en salud. Por el contrario, en el mismo período, el total las erogaciones de los hospitales nacionales, provinciales y municipales se redujo en un 2 por ciento. El doctor Aldo Neri, ex ministro de Salud durante el gobierno de Raúl Alfonsín, señaló a Cash que también varió la composición social de los pacientes de los hospitales públicos. “La clase media empobrecida desplazó, en parte, a los indigentes, que, sin dinero para transporte ni para aranceles hospitalarios ni medicamentos, dejó de concurrir al médico”, explicó Neri. Los que lograron mantener sus empleos, y así su obra social, también sufrieron un deterioro en la cantidad y calidad de las prestaciones médicas. La pérdida de afiliados, sumada a la disminución de los ingresos de los trabajadores y la reducción de los aportes patronales, resultó en la desfinanciación de las obras sociales. De las 350 que funcionaban hace cinco años, sólo quedan 260. De acuerdo con el Ministerio de Economía, entre 1994 y 1998, el gasto médico de las obras sociales nacionales, provinciales y del PAMI cayó de 8225 a 7662 millones de pesos.
Como en un juego de dominó, la caída de las obras sociales arrastró también a la medicina privada. Norberto Larroca, titular de la cámara que agrupa a clínicas y sanatorios, explicó a Cash que el 90 por ciento de loque facturan proviene de las obras sociales y que estas entidades pagan con atrasos de hasta 180 días. “Las prepagas sólo cubren a un 5 por ciento de la población y están concentradas en las grandes ciudades”, indicó el empresario. Y agregó: “El IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, nos debe cinco meses; el PAMI adeuda más de 800 millones de pesos. Ya cerraron 300 clínicas y las 2000 que quedan están en estado de emergencia”.

La debacle del sistema de salud nacional se dio en un contexto de deterioro de las condiciones sanitarias de la población. Según un informe del Ministerio de Salud, los casos de enfermedades epidemiológicas notificados pasaron de 450 mil en 1990 a 1,7 millones en 1998. Hubo un fuerte crecimiento de este tipo de patologías debido a problemas de higiene, vivienda y al aumento de las temperaturas.
Los planes del futuro gobierno incluyen brindarle atención de un médico de cabecera a toda persona que no posea cobertura social o privada; reestructurar el sistema de obras sociales, bajando los costos y eliminando la corrupción, y asegurar el consumo de medicamentos a toda la población. Además de demostrar su vocación de convertir sus promesas electorales en hechos, el futuro gobierno tendrá que lidiar con los sindicatos, que manejan las obras sociales, con los gobernadores, porque el sistema de salud es federal, y con los laboratorios medicinales, que ya han demostrado cuan aguerridos pueden ser a la hora de defender sus fabulosas ganancias.

Recursos no es lo que falta Cuando el equipo de transición del gobierno entrante recibió las primeras informaciones del Ministerio de Salud, se encontró con dos noticias: una mala y otra buena. La mala es que el sistema de salud se encuentra en una situación tan grave que son pocos los ciudadanos que reciben una atención médica eficiente en tiempo y en forma; la buena es que el gasto en salud del país es del 8 por ciento del PBI, tan alto como el de Inglaterra o Canadá, dos países que se destacan por su atención sanitaria. En 1998 el gasto en salud fue de más de 23 mil millones de pesos. El equivalente a 53 pesos por persona por mes. Si ese gasto se distribuye con mayor equidad y sin intermediaciones, el futuro gobierno puede brindar un buen servicio de salud a todos los habitantes del país. Dentro del total de lo que se gasta en salud anualmente se destacan los casi seis mil millones de pesos que se destinan a medicamentos, que en Argentina cuestan hasta un 300 por ciento más que en países limítrofes. También están los 2400 millones que recibe el PAMI, que paga sobreprecios en todas sus contrataciones. Se incluyen los 4000 millones que gastan las obras sociales nacionales, manejadas por los sindicatos, acusados repetidamente de maniobras corruptas. El doctor René Favaloro denunció públicamente que en su Fundación no puede atender a las grandes obras sociales “porque no acepta pagar retornos”. El país cuenta con un promedio razonable de camas por habitante: 5 por cada 1000 personas. Y con un más que suficiente número de médicos: 270 por cada 100.000 habitantes. El gobierno de Fernando de la Rúa contará con cantidad de profesionales, infraestructura y presupuesto adecuados. De la administración que haga de estos recursos dependerá, en buena medida, la salud de la población.

Alberto Barbeito, economista del CIEPP El Estado como refugio ”El deterioro del mercado laboral está comprometiendo seriamente la situación de la seguridad social en el país. Cada vez hay menos gente con aportes regulares que le aseguren su permanencia en una obra social. Lo peor es que el problema se puede proyectar hacia el futuro con características más graves aún. La última reforma previsional incluyó rigideces en el sistema, como la exigencia de 30 años de aportes o la que requiere pagar en término por lo menos la mitad de los 36 meses anteriores a la edad jubilatoria, que determinarán que cada vez se jubile menos gente. Así, en el futuro, serán muy pocos los que tengan derecho a utilizar el PAMI. Por otra parte, la disminución de los ingresos de los trabajadores redujo el presupuesto de las obras sociales, en un momento en el que la medicina encareció sus precios, principalmente de medicamentos. Como consecuencia, las obras sociales recortaron el alcance de sus coberturas, obligando a la gente a aumentar sus gastos de bolsillo en salud, dato que se verifica en la última Encuesta Permanente de Hogares del INdEC. Los que perdieron su obra social van a parar a los hospitales públicos, que la administración menemista descentralizó, dejándolos en manos de las provincias. Esa es una de las causas del aumento del gasto de muchos estados provinciales que tuvieron que hacerse cargo de la salud y la educación pública, que cada vez amparan a más personas que quedaron afuera de los grupos de consumo”.

Héctor Lombardo, futuro secretario de Salud Así va a ser el plan de la Alianza El secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el coordinador del equipo que elaboró la plataforma de la Alianza en materia de salud y está a cargo del grupo que se está reuniendo diariamente en el Ministerio de Salud de la Nación para recabar información. –Cada vez menos gente tiene cobertura médica por obra social, son muy pocos los que pueden pagar una prepaga y los hospitales no dan abasto. ¿Qué medidas va a tomar el nuevo gobierno? –La pérdida de la obra social de mucha gente tiene que ver con problemas en el mercado de trabajo. No hay política de salud si no hay política social. En cuanto a lo que depende directamente del Ministerio de Salud habrá que empezar de nuevo. Se invirtieron 800 millones de dólares en subsidios a las obras sociales y no rindieron ningún fruto. Siguen estando mal gerenciadas y por eso no hacen un uso eficiente de los recursos. –¿Qué van a hacer para mejorar la cobertura de las obras sociales? –Primero hay que reducir la cantidad de entidades porque se están generando gastos innecesarios para mantener tantas estructuras. Luego hay que reorganizarlas administrativamente para bajar los costos. Pero lo principal es terminar con la corrupción. Se están pagando sobreprecios en todas las contrataciones. Además, vamos a exigir que trabajen con un relevamiento epidemiológico de la población para que inviertan en medicina preventiva. Con los mismos ingresos las obras sociales van a funcionar mucho mejor. –¿Qué pasa con la gente que no tiene obra social, que es la mayoría? –Vamos a implementar el Plan Nacional de Médicos de Cabecera, similar al que llevamos adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Cada hospital nombrará por concurso un grupo de profesionales para actuar como médicos de cabecera. Nosotros sólo exigiremos que tengan un consultorio en la zona que le corresponda a cada uno y les pagaremos por paciente atendido. La gente debe acreditar domicilio y declarar bajo juramento que no posee ningún tipo de cobertura de salud. Se les dará una credencial y con eso van a ser atendidos en un consultorio privado sin pagar un peso. En caso de necesidad de internación, el médico derivará al paciente al hospital zonal. –¿Cómo van a hacer para hacer llegar este plan a todo el país, siendo que el gasto en salud está descentralizado por provincias? –Se les propondrá a todos los gobernadores que implementen un sistema similar. Que el presupuesto esté descentralizado no es excusa para no tener un sistema de salud nacional. El Gobierno va a estimular a las provincias económicamente para que se adhieran al plan. Así como hasta ahora se les daba dinero a las provincias amigas, en adelante se les dará a las eficientes. –¿Y en cuanto a la medicina privada? –De la misma manera que la crisis de las obras sociales arrastró a la medicina privada, su resurgimiento la reflotará. La responsabilidad del Estado es controlar la oferta de las clínicas y de las prepagas para que no le vendan a la gente servicios que no necesita y no prometan lo que luego no van a cumplir.