Rebaja de las tarifas de peaje

Caso testigo

Por Roberto Navarro

El probable ministro de Economía de Fernando de la Rúa, José Luis Machinea, está convencido de que debe lograr una reducción en las tarifas de los servicios públicos privatizados para mejorar la competitividad de la economía. Con ese objetivo, le pidió a la liberal FIEL propuestas para obtener esas rebajas. La semana pasada ya recibió un informe completo sobre cómo deberían renegociarse los contratos de peaje. La idea principal de los economistas de FIEL, que el referente económico de la Alianza dijo compartir, es que los concesionarios reduzcan ya mismo las altísimas tarifas vigentes y que el Estado se comprometa a compensarlos mediante un canon que percibirán de parte de los nuevos operadores que surjan de la próxima licitación en el 2003.
Las tarifas que cobran los concesionarios de las rutas nacionales son, en promedio, las más altas del mundo. Por los 9600 kilómetros que operan pasa el 66 por ciento del tránsito vehicular del país. Pero los contratos vigentes vencen recién dentro de tres años. La idea de los economistas de FIEL es que, finalizados los actuales contratos, la nueva licitación determinará una tarifa sensiblemente más baja. Entonces, para reducir de inmediato uno de los costos que consideran atenta contra la competitividad de la economía, proponen que la actual reducción, que generará una deuda del Estado hacia los concesionarios, se cargue en las tarifas que se cobren a partir del 2003.
Uno de los problemas que deberá resolver el nuevo gobierno para instrumentar esta propuesta es que el Estado ya les debe a los concesionarios 250 millones de dólares. Ese pasivo surgió por la suspensión de incrementos tarifarios pactados en la anterior renegociación que dispuso el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, en 1991.
La renegociación que había llevado a cabo la actual administración saldaba la deuda con los concesionarios con la extensión de los contratos hasta el 2006. La propuesta fue resistida, tanto por la Alianza como por las asociaciones de usuarios, porque convalidaba el actual esquema tarifario por seis años más. Y, además, agregaba un nuevo beneficio para los concesionarios que era la dolarización de las tarifas.
En la Cámara de Concesionarios Viales confiaron a Cash que las mismas compañías prefirieron no seguir adelante con una renegociación que generaba un rechazo generalizado. El proceso electoral, que anunciaba un cambio de signo político en el Gobierno, los persuadió de que lo mejor era esperar.
La propuesta de FIEL ya cosechó las primeras críticas. El diputado radical, Juan Pablo Baylac, integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, señaló a Cash que cualquier renegociación debe partir de la revisión de lo actuado hasta ahora. “Las empresas no han cumplido con los compromisos de inversión incluidos en los contratos. Y de los controles realizados por la Auditoría General de la Nación surge que la mayoría de las obras ejecutadas están por debajo del nivel técnico exigido en los pliegos de licitación. Así rompieron con la ecuación básica rentabilidad-inversión. Lo que ganaron de más lo deben devolver en una reducción de tarifas”, reclamó el legislador. También piensa lo mismo Nicolás Gallo, futuro ministro de Infraestructura de De la Rúa (ver recuadro).
El informe de FIEL descarta la revisión sobre lo actuado en estos años, porque considera que abriría la puerta para una eventual demanda judicial de parte de los concesionarios, que resultaría en una nueva deuda para el Estado.