OPINION

CORPORACION BUENOS AIRES SUR
¿Un nuevo Puerto Madero?

Un análisis crítico del proyecto de revitalización de la zona Sur de la ciudad. El reclamo de mayor participación pública en la toma de decisiones, con la incorporación activa del conjunto de la población y sus organizaciones intermedias.

Por Arq. Ricardo Delorenzo

La Legislatura porteña aprobó la creación de un consorcio del Estado llamado Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado, a la cual la ciudad le cederá la totalidad de los inmuebles de dominio privado que pertenezcan a la comuna, para que ésta los concesione, venda o alquile, a fin de mejorar la infraestructura y el equipamiento urbano de la zona Sur de la ciudad. Surgen frente a esta decisión algunos interrogantes: ¿Cuál es el objetivo de ceder dicho patrimonio público a una corporación? ¿Cuántos son estos inmuebles y cuál su valor de mercado? ¿Por qué la Legislatura de la Ciudad no solicitó previamente a la Dirección General de Administración de Bienes la lista de edificios y tierra urbana a ser transferidos? ¿Cuál será la constitución del directorio de una corporación que decidirá políticas urbanas sobre miles de hectáreas? ¿Por qué no se ha promovido previamente la vigencia del Plan Urbano Ambiental?

Tenemos en el país una vasta experiencia en materia de privatizaciones, concesiones y enajenaciones del patrimonio público, como para extraer de ellas algunas experiencias. La población tiene, asimismo, la certeza de un abismo entre las formulaciones políticas y la realidad cotidiana. Dice Ricardo Piglia: “El Estado tiene una política con el lenguaje, busca neutralizarlo, despolitizarlo y borrar los signos de cualquier discurso crítico. El Estado dice que quien no dice lo que todos dicen es incomprensible y está fuera de época. Hay un orden del día mundial que define los temas y los modos de decir: la masa media repite y modula las versiones oficiales y las construcciones monopólicas de la realidad. Los que no hablan así están excluidos y ésa es la noción del consenso y el diálogo. El discurso dominante es el de la economía”.

Si lo que se pretende es implementar políticas urbanas para el desarrollo del contrafrente postergado, la primera decisión debería ser mayor participación pública en la toma de decisiones, con la incorporación activa del conjunto de la población y sus organizaciones intermedias, particularmente con quienes van a estar directamente afectados. A cambio de esto, la administración política, con el argumento de saltear barreras burocráticas (implementadas y mantenidas por estas mismas administraciones), concentra el poder en un directorio corporativo que, como bien expresa el defensor del pueblo adjunto, “tendrá el poder de hacer lo que quiera”.

Para muestra sobra un botón. Cuando se constituyó la Sociedad Anónima Antiguo Puerto Madero la administración menemista esgrimía la versión Robin Hood: facilitarle a los inversores privados realizar excelentes negocios sobre la tierra urbana más valiosa de la ciudad a cambio de que el Estado acumulara fondos suficientes para reciclar el área Sur. ¿Adónde están esos fondos? ¿Por qué no se publicita el capital acumulado por el Gobierno de la Ciudad en la Sociedad Anónima?

Mientras tanto, la brecha entre el frente y el contrafrente se ahonda angustiosamente. Por el frente, shoppings y Puerto Madero; por el contrafrente, Sur, paredón y después. Corte espacial y social. Dos ciudades. El 20 por ciento más pobre araña el 4,2 por ciento del ingreso; el 20 por ciento más rico se lleva la del león: 52,1 por ciento de esa torta. Alrededor de 300 mil porteños ganan 2,70 pesos por día, 500 mil porteños sobreviven en barrios carenciados, hospedajes y pensiones truchas. En el Sur la tasa de mortalidad infantil alcanza el 26 por mil, el 17,4 por ciento de la población vive en situación de pobreza estructural, la deserción adolescente supera el 16 por ciento (datos de la Consultora Equis).

Frente y contrafrente

Corporación o participación democrática. Ciudad fragmentada o equilibrio social y espacial. Estado inmobiliario o Estado regulador. La tierra urbana es un recurso no renovable y como tal cualquier intervención sobre la misma debe tener un objetivo prioritario: mejorar las condiciones de vida de la población.

Para romper con las desigualdades sería deseable priorizar las estrategias de desarrollo de los espacios públicos, la infraestructura y el equipamiento de las áreas postergadas como disparador de los procesos de transformación. Para esto hay fondos suficientes.

Además, si se le ofrece al capital privado y financiero, la posibilidad de hacer buenos negocios sobre el patrimonio urbano, debe exigírsele paralelamente la inversión en viviendas y equipamiento para los sectores de menores recursos con planes de financiación accesibles a los mismos, modificando la inmoralidad de las tasas de interés vigentes, en un país con deflación.

Debería fomentarse la participación comunitaria, local y barrial en la elaboración de los programas de espacios públicos y equipamientos urbanos, mediante la ley de formación de las comunas de máxima autonomía, estableciendo estructuras horizontales de gestión y control sobre las políticas urbanas en cada porción de territorio. Esto es lo que asegura una planificación eficiente y reglas de juego transparentes.

Dice Jordi Borja, asesor del Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires: “El urbanismo es una práctica pública que tiene que imponerse a los sectores privados, que debe ver qué conviene para el equilibrio y la cohesión de la ciudad, lo que muchas veces supone ir adelante de las dinámicas del sector privado (...). La dinámica del mercado nunca será ir a estructurar y desarrollar el sur de la ciudad. Hay que establecer reglas, condiciones para que el sector privado no cree nuevos desequilibrios. Esto es lo primero, tener en claro el rol protagónico del sector público a la hora de promover un plan de desarrollo de la ciudad”. Y agrega: “Yo por ahora no tengo pruebas de que exista esta voluntad política”.

El nuevo Gobierno de la Ciudad tiene por delante la decisión: avanzar sobre la ciudad con nuevos enclaves inmobiliarios exclusivos o atender las necesidades de la mayoría de los ciudadanos.