INFORME

El rostro cruel

Extracto del documento “De la urbanización acelerada a la consolidación de los asentamientos humanos en América latina y el Caribe: el espacio regional”, presentado por la Cepal en la Reunión Regional Preparatoria para Hábitat, en Santiago.

Por la Cepal *

América latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada del mundo: 380 millones de personas viven en las ciudades y 127 millones en las zonas rurales y su nivel de urbanización llegó a un 75 por ciento en el 2000. Las ciudades tienen hoy enormes rezagos de infraestructura, institucionalidad y base productiva, además de una aguda desigualdad en la distribución de los bienes y servicios entre sus residentes. La “urbanización de la pobreza” es un fenómeno propio de la región, ya que en Asia y Africa la mayoría de los pobres aún vive en el campo.
Entre los principales desafíos para mejorar la calidad ambiental de las urbes están la ampliación del acceso al agua potable y el saneamiento de los sectores de menos recursos, la superación de la contaminación ambiental y la congestión en las ciudades y la reducción de la vulnerabilidad de los asentamientos frente a los desastres naturales.
En el año 2000, América latina y el Caribe tiene 49 ciudades con más de un millón de habitantes. Algunas de sus metrópolis de mayor tamaño (5 o más millones) se consideran hoy “ciudades globales”, por su dimensión demográfica e importancia económica. Se ha acentuado la tendencia de estas grandes urbes a vertebrar un territorio cada vez más extendido, integrando social y económicamente a otros núcleos urbanos extendidos.
Las ciudades intermedias (entre 50.000 y un millón de habitantes) mantuvieron un dinamismo demográfico sobresaliente. Si se las compara con las ciudades grandes, presentan en muchos casos mayor potencial para un desarrollo urbano sostenible.
En el decenio de 1990 se consolidó la tendencia a la desaceleración del ritmo de crecimiento de la población urbana, al bajar su crecimiento vegetativo debido a la transición demográfica que se vive y al reducirse la migración desde el campo. La ocupación de los espacios interiores y menos densamente poblados, como las cuencas del Amazonas y del Orinoco, siguió un curso a veces agresivo en los últimos años, incentivada por el atractivo de sus recursos naturales renovables y no renovables. Esos desplazamientos de personas han carecido con frecuencia de mecanismos de control y han provocado severos daños en los ecosistemas y en las poblaciones originarias.
Otro cambio se refiere a la migración del campo a la ciudad, que ya no es la forma predominante de desplazamiento poblacional. Ahora prima la interurbana: entre los distintos estados, entre ciudades, a otros países. Situaciones de violencia, como las que sufre Colombia o la que afectó a Guatemala, generan un desplazamiento de grandes masas de población rural o semirrural. En Colombia, cifras no oficiales estiman en alrededor de un millón a los desplazados.
Una característica negativa de las actuales ciudades de América latina y el Caribe es la segregación. Los grupos de altos ingresos se aíslan en barrios autosuficientes dotados de costosas viviendas, servicios y lugares de trabajo. A su vez, los hogares pobres ocupan zonas alejadas o áreas de riesgo con alojamientos precarios y serias carencias de equipamiento.
Allí, las desmedradas condiciones materiales de vida se agravan debido a las insuficiencias de los servicios sociales ofrecidos por municipios desfinanciados. Se han debilitado los mecanismos tradicionales de integración como la enseñanza pública, los sistemas de salud pública o, incluso, los lugares centrales de recreación y cultura.
La informalidad habitacional ha aumentado en algunas ciudades sudamericanas. En Lima, más del 40 por ciento vive ahora en asentamientos ilegales; en Quito es el 50 por ciento. En Venezuela, el 48 por ciento de la superficie construida en Maracaibo corresponde a inmuebles asentados ilegalmente. En Río de Janeiro y Belo Horizonte, la población “favelada” es del 20 por ciento, en San Pablo, del 22 por ciento y en Recife, del 46 por ciento. La propiedad de la vivienda en el Caribe, en cambio, es alta: entre el 60 y 80 por ciento.
A partir de los cambios estructurales operados en la región, han surgido o se han acentuado nuevos rasgos en las políticas de vivienda, con mayor participación del sector privado. Ahora el sistema de financiamiento se basa en tres pilares: subsidio estatal, ahorro previo y crédito hipotecario. Chile, Colombia y Costa Rica son ejemplos exitosos de políticas de viviendas sociales basadas en subsidios a la demanda y orientadas al mercado.
El componente de ahorro previo está mejor valorado y se espera rebajar las cuotas de morosidad, que aún son preocupantes en algunos países. El crédito hipotecario se otorga ahora preferentemente en condiciones de mercado. Sin embargo, los países encuentran dos dificultades para su operación: la escasez de fondos de mediano y largo plazo, y el insuficiente desarrollo del mercado financiero.
Por otro lado, los programas se orientan de manera casi exclusiva a la adquisición de viviendas nuevas, sin incorporar alternativas como el mejoramiento de las antiguas. Esto resulta inadecuado tanto para los países menos urbanizados, donde el déficit cualitativo suele ser mayoritario, como para aquellos en donde se construyeron masivamente viviendas durante las décadas pasadas, las que ahora entran en obsolescencia o deterioros que requieren programas de mantención.

* Comisión Económica para América latina.