OPINION
LOS PROBLEMAS
DE TIERRA, VIVIENDA Y POBREZA
Hábitat popular
Los
recortes en el Presupuesto 2001 a los recursos habitacionales para las
poblaciones con menores ingresos económicos encendieron una luz de alerta
en las organizaciones que se ocupan del hábitat popular. El siguiente
es el reclamo que presentaron esta semana.
Por la Red Intercambio Hábitat*
Las ONGD (organizaciones no gubernamentales de desarrollo) y las confesionales
que trabajamos junto a las organizaciones sociales de base territoriale
queremos manifestar nuestra preocupación en relación con
la asignación y posible aplicación del Presupuesto 2001
y la falta de política habitacional que integre a toda la población.
Entendemos que la búsqueda de soluciones al problema de la pobreza
se vincula con la distribución de los recursos. En este sentido,
las políticas relacionadas con el hábitat y la vivienda
conllevan una redistribución económica que debería
favorecer a los ciudadanos más pobres, ya que creemos que no
es posible la solidaridad sin justicia.
En la ley de Presupuesto 2000 se incorporó una cláusula
que autoriza a las jurisdicciones provinciales a disponer el 50 por
ciento de los fondos asignados al Fonavi (Fondo Nacional de Vivienda)
por leyes especiales para un libre destino en su aplicación (ley
25.325 - Anexo A Compromiso Federal - art. 3º). Esto significa,
en términos reales, una reducción posible de los recursos
del Fonavi y por ende de muchas miles de soluciones habitacionales,
que se reiteró en el recientemente aprobado Presupuesto 2001
y su congelamiento a 5 años.
La otra asignación presupuestaria desde la Subsecretaría
de Vivienda de la Nación, orientada a los sectores poblacionales
más pobres, corresponde al programa 27 (se compone de varios
programas de mejoramiento habitacional, por ejemplo lotes con servicios,
núcleos sanitarios, microcréditos) y al Fondo de Emergencia
de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. La misma
contempla en el Presupuesto del 2001 sólo 2.200.000 pesos. Vale
destacar que este fondo es fundamental pues su operatoria es la más
apropiada para otorgar respuesta a los problemas habitacionales de la
gente con menores ingresos económicos, es decir el 71 por ciento
del déficit de vivienda (sector poblacional que no está
cubierto por el Fonavi).
La continuidad de estos programas ha dependido de la captación
de recursos nacionales o de financiamientos internacionales, situación
que los hace muy precarios. La interesante complejidad y diversidad
que admiten en su implementación, se debilita en la falta de
una solvencia financiera.
Creemos que es fundamental continuar avanzando en la discusión
del problema habitacional en la Argentina, de la tierra, la vivienda
y la pobreza. Seguir trabajando conjuntamente ideas para fortalecer
y recuperar experiencias, adecuar los mecanismos que tenemos construidos
y proponer soluciones entre todos los actores involucrados. Para esto,
es necesario una política habitacional argentina que otorgue
respuestas a los ciudadanos más pobres, quienes son sujetos de
derecho como parte constituyente del Estado.
Propuestas:
- Contemplar la necesidad de incorporar operatorias que la conviertan
en vivienda como proceso con la participación activa de organizaciones
de base y familias destinatarias.
- Incorporar Modelos de Gestión y Producción que, además
de los actores tradicionales (institutos provinciales de vivienda-bancos-empresas),
integren a otros actores comprometidos en el problema socio-habitacional:
organizaciones no gubernamentales, confesionales, la organización
de base, municipios, micro y pequeñas empresas, el sector privado,
las universidades, las entidades intermedias y todos los intervinientes
en la problemática para que colaboren en la consolidación
de políticas que atiendan las necesidades presentadas.
- Trabajar junto a la gente sin tierra y vivienda para tener en cuenta
en los programas de vivienda sus expectativas reales. Generar fuentes
de trabajo para las propias familias, llegar a una vivienda digna con
estándar de calidad aceptable y dimensión de acuerdo con
las demandas del grupo familiar, aumentar el capital social de la familia
y de la comunida de incorporar a los beneficiarios en el pleno ejercicio
de sus derechos ciudadanos. Pero lograr en la Argentina una política
sostenida de tierra, vivienda y hábitat rural y urbano que incluya
a la gente es posible, adecuando dos estructuras que tenemos existentes
en la Subsecretaría de Vivienda de la Nación.
- Otorgar rango de política al programa 27 (que refiere al mejoramiento
habitacional a través de lotes con servicios, microcréditos,
núcleos sanitarios, otros) dependiente de la Subsecretaría
de Vivienda, es decir darle un marco legal y financiero que le asegure
su continuidad.
- Que los fondos del Fonavi también se orienten a dar viviendas
a la población de más bajos recursos en el ámbito
de lo rural y del urbano. Instrumentar los mecanismos legales y adecuar
los mecanismos políticos que aseguren que el porcentaje del Fonavi
destinado a los más pobres se utilice para ese fin.
También es fundamental para no retroceder en un logro histórico
sobre el sector de la vivienda utilizar la totalidad de la disponibilidad
presupuestaria del Fonavi que por ley corresponde –900 millones
anuales para uso específico en Vivienda–, asignados a los
institutos provinciales de vivienda.
