Estrategia defensiva

La discusión sobre el tipo de cambio debería ser un poco más elegante e interesante de la que se precipitó en estos días. No aporta mucho al debate asustar sobre las consecuencias de abandonar la convertibilidad, ni colabora demasiado para pensar caminos alternativos plantear sin más vueltas la salida de la paridad 1 a 1. Aferrarse a un rígido régimen cambiario tiene efectos devastadores en sectores de la economía como se comprobó durante las crisis del Tequila y la del último año y medio, como también lo tendría romperlo con una devaluación. Lo cierto es que con una u otra vía el destino para el salario no es venturoso. Quebrar la relación de igualdad entre el peso y el dólar provocaría inmediatamente una depreciación de los ingresos de los trabajadores. Pero mantener esa identidad monetaria también provoca la pérdida de poder adquisitivo, aunque en cámara lenta. En última instancia, cuando se plantea la reforma laboral, además de minar el poder de los desprestigiados caciques sindicales, se prepara el terreno para que las empresas puedan mejorar su competitividad dentro de la convertibilidad bajando el costo salarial. En la cárcel del 1 a 1, la forma que tiene el sector privado para sobrevivir en un escenario de devaluaciones competititvas como la aplicada por Brasil, entre otros factores, es reduciendo la carga laboral además de la de los servicios públicos. En esa línea apuntó el recorte de las tarifas telefónicas y de peajes, y los que se están negociando en luz y gas. Resulta evidente que la actual reforma laboral no es otra cosa que asumir una estrategia defensiva ante una realidad no muy favorable. Sin poder tocar el tipo de cambio, que solucionaría rápidamente, por lo menos, la cuestión salarial para el empresario, el Gobierno busca bajar costos ante el problema estructural de baja productividad de la economía. El déficit de esa política para mantener a flote la convertibilidad reside en que se cae en un círculo vicioso: se trata de mejorar la rentabilidad de las empresas con la posibilidad, por ejemplo, de hacer contratos de período de pruebas por seis meses, pero esos nuevos empleos que se crean son precarios y de baja calidad, con lo cual no mejoran la productividad global de la economía. Esa falta de dinamismo se verifica, luego de las transformaciones económicas de la década del 90, en el mercado laboral, de la siguiente manera: n Cuando la economía crece, el desempleo se mantiene estructuralmente elevado y la precariedad se expande puesto que los nuevos empleos son de baja calificación y de reducido nivel de ingreso. n Cuando la actividad económica se contrae, el desempleo sube de manera significativa, la precariedad se acentúa y la pobreza crece en línea con la tasa de desocupación. De ese modo, en los últimos diez años se ha estructurado un mercado laboral fragamentado que, en última instancia, la reforma que se propone poco hará para mejorarlo e involucra apenas a un tercio de la población en condición de trabajar. Esto es así porque de cada 100 personas de la Población Económicamente Activa: n 13 están desocupadas. n 12 trabajan en forma intermitente (subempleo), con changas, en negro, con períodos de desocupación. n 35 tienen empleo regular pero en negro, sin protección social, con una remuneración que es la mitad de lo que gana un trabajador en blanco haciendo la misma tarea. n 12 son autónomos. Las 28 personas restantes tienen empleo estable en blanco. Pero uno de cada tres de ese grupo (33 por ciento) trabaja jornadas más largas que la legal. Esta radiografía de la situación del empleo muestra una economía dañada, con pronóstico reservado, y un cuadro social de inquietante fragilidad.

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