El
cártel del surtidor
Por
Maximiliano Montenegro
El
ministro de Economía, José Luis Machinea, anunció
esta semana que el Gobierno iniciará una investigación
en el mercado de combustibles para determinar si Repsol-YPF, Shell
y Esso “abusan” de su posición dominante para
fijar precios más elevados de los que deberían si
existiera un mínimo de competencia. Sin embargo, si el
Gobierno piensa investigar hasta las últimas consecuencias,
haría bien en empezar por los propios archivos oficiales
de la Secretaría de Industria. Allí duerme un voluminoso
informe, encargado dos años atrás a un pelotón
de expertos del Instituto Di Tella, sobre las “conductas
anticompetitivas” evidenciadas en 15 sectores industriales
altamente concentrados. El capítulo dedicado a combustibles
dice que “las subas simultáneas de precios y la ausencia
de guerra de precios parecen indicativas de una situación
de cartelización” entre las compañías
líderes para obtener ganancias extraordinarias a costa
de los consumidores. Afirma que “la suba de precios simultáneas”
han surgido “en muchos casos de los encuentros de las mismas
(empresas) en la Cámara de la Industria del Petróleo”.
Y menciona una de las condiciones para que tal situación
se mantenga: “La penalidad esperada para formar parte del
cartel debe ser baja en comparación con la ganancia esperada”.
Cálculos oficiales estiman que por mantener los precios
inflados las petroleras embolsan extra alrededor de 1000 millones
de dólares anuales. ¿Bastará la amenaza oficial
para resignen tamaño bocado?
El documento, que jamás fue difundido por presiones del
poder económico, sostiene, además, que en casi todos
los sectores estudiados los índices de concentración
económica triplican el límite que la División
Antitrust del Departamento de Justicia norteamericano fija para
calificar a una industria como “altamente concentrada”.
En tanto, asegura que en por lo menos cuatro sectores –cemento,
materiales para la construcción, vidrio y siderurgia–
se detectaron maniobras colusivas (acuerdos entre los oferentes)
o monopólicas para vender por encima de los precios de
competencia (ver aparte).
Probar que los gerentes de las multinacionales YPF-Repsol, Esso
y Shell se reúnen en secreto o entablan conferencias telefónicas
para discutir cómo repartirse el mercado y pactar un rango
de precios que maximice los beneficio de todos, en perjuicio de
los consumidores, pareciera una misión imposible. Pero
no hace falta pescar in fraganti a los ejecutivos riéndose
de la mano invisible de Adam Smith para constatar lo obvio: que
están haciendo valer su poder oligopólico. De hecho,
en los últimos años, el Estado ya abrió dos
causas, en 1993 y 1998, contra las petroleras, acusándolas
de abuso de posición dominante y concertación de
precios. Ambas investigaciones, realizadas por la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), destacaron la facilidad
con que las empresas eran formadores de precios, trasladando totalmente
al precio final cualquier aumento en el impuesto a los combustibles;
o competían “a través de publicidad, propaganda,
sorteos, pero no de precios”. Sin embargo, ninguna se atrevió
a concluir que las grandes, que acaparan el 90 por ciento del
mercado de naftas y gasoil, actuaban en forma de cartel, y las
causas se cerraron.
Alejados de los lobbies que suelen rodear a los funcionarios,
el equipo de expertos del Instituto Di Tella no dudó en
asegurar que existía “colusión” en el
mercado de combustibles “con evidencias de comportamientos
oligopólicos cooperativos tipo cartel”. El entonces
secretario de Industria Alieto Guadagni, que había pagado
con fondos públicos el estudio, prefirió archivarlo,
quitando a la sociedad una invaluable fuente para la discusión
pública y dejando latente la posibilidad de que, ante cada
desplante de los dueños del surtidor, el funcionario de
turno pudiera amenazar con abrir otra investigación.
Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:*
“A pesar de la apertura y la desregulación del sector
llevada a cabo en los últimos años, mercado de combustibles
presenta una estructura oligopólica que posibilita los
acuerdos de precios, comportamiento que se percibe más
claramente en el segmento de refinación y, en menor medida,
en el de distribución”.
n “Desde el ámbito oficial el problema fue percibido
ya en noviembre de 1993, cuando el Poder Ejecutivo presentó
una denuncia en la CNDC contra las tres empresas principales del
sector (en ese entonces, YPF, Esso y Shell)... En abril de 1994
dicha comisión dictaminó que los hechos denunciados
(abuso de posición dominante y concertación de precios)
no encuadraban en las proscripciones de la ley 22.262, por lo
que cerró las actuaciones sin capacidad de probar una actitud
concertada en las variaciones de precios observadas”.
n No obstante, “debe remarcarse que las subas de precios
simultáneas entre estas compañías no han
sido infrecuentes, surgiendo en muchos casos de los encuentros
de las mismas en la Cámara de la Industria Petrolera”.
- “... a partir de la desregulación se abre una brecha
entre los precios domésticos y los externos, llegando a
observarse evoluciones contrarias durante ciertos períodos
(con crudo en baja, los precios de los combustibles locales suben
en 1993)...”.
- “Los market share (participación de mercado) de
las compañías grandes no sufrieron modificaciones
importantes, ni se aprecia competencia de precios entre ellas
una vez fijado el escalonamiento respectivo”.
- “Aun en contextos recesivos, no se producen ajustes en
los precios aunque sí en las cantidades vendidas”.
- “... tal cual fue descripto a lo largo de este trabajo,
el mercado de combustibles líquidos se encuentra altamente
concentrado... con evidencias de comportamientos oligopólicos
cooperativos tipo cartel, ya que cada empresa actúa (aun
si no se probara un acuerdo explícito) como si fuera integrante
de un cartel, puede maximizar su propio beneficio y el del conjunto
de los oferentes, tomando en cuenta las acciones de sus competidores”.
- “... el cartel ha funcionado para fijar acuerdos tácitos
de precios y no por una restricción de las cantidades producidas,
como suele ocurrir con los productores de petróleo reunidos
en la OPEP.”
- “Estos acuerdos han influenciado a los distribuidores independientes
y a los concesionarios de las empresas formadoras de precios,
que se subordinan a sus decisiones por la especial relación
contractual que los liga a largo plazo y la imposibilidad de vender
a precios libremente fijados.”
Esta semana, en la conferencia de prensa que ofreció junto
a Machinea, el secretario de Energía, Daniel Montamat,
explicó el set de medidas que apuntan a alentar la importación
de combustibles. Y, como quien revela un secreto de Estado, para
justificar la nueva investigación contra las petroleras,
afirmó: “Encontramos diferencias de entre 7 y 10 centavos
entre el precio sin impuestos de las naftas importadas y el precio
sin impuestos en los surtidores. En el caso del gasoil, la diferencia
es de entre 3 y 5 centavos”.
Las dos investigaciones de la CNDC y la pedida al Di Tella coinciden
en señalar esta diferencia como “la mayor evidencia”
de que la competencia en el mercado de combustibles no funcionó.
De hecho, la convergencia de los precios locales con los internacionales
fue uno de los objetivos centrales invocados por el Gobierno al
desregular el sector en 1991, el mismo año en que se privatizó
YPF.
De acuerdo con los cálculos oficiales, incluidos en los
estudios de 1998, la renta extraordinaria que recaudan las petroleras
por esos centavos de más por litro representan cerca de
1000 millones de pesos anuales.
El informe del Di Tella dice que “las condiciones para la
perdurabilidad del cartel son dos: Primero, “el cartel debe
ser capaz de sostener los precios sin inducir una competencia
adicional importante de las firmas que no lo integran”. Las
medidas anunciadas por Machinea buscan levantar las barreras a
la entrada de nuevos competidores, estimulados a morder parte
de esas ganancias extraordinarias de las que hoy se apropian las
tres multinacionales. En la lógica de un mercado libre,
la voracidad de estos nuevos jugadores debería disparar
una competencia de precios que, con el tiempo, terminara por devolver
los 1000 millones de pesos al bolsillo de los consumidores. Sin
embargo, todos concuerdan en que ni las mejores facilidades legales
e impositivas podrían inducir una inundación de
combustible importado, dado que existen restricciones de logística
(inadecuada infraestructura portuaria y de almacenamiento) y de
comercialización (sólo el 10 por ciento de las estaciones
de servicio son independientes) insalvables en el corto plazo.
Así, de transitar sólo ese camino, el mercado seguiría
guiado por años por la mano negra del petróleo.
De removerse la segunda condición que identifica el informe,
los efectos podrían ser inmediatos. Es la que dice que
“la penalidad esperada por formar parte del cartel debe ser
baja en comparación con la ganancia esperada”. La
nueva Ley de Defensa de la Competencia fija multas de hasta 150
millones de dólares a quienes incurran en comportamientos
tipo cartel y menciona la posibilidad de que las empresas sean
obligadas a “desconcentrarse o dividirse” para reestablecer
la competencia. ¿Cuántas investigaciones más
tendrá que encargar Machinea antes de subirle los costos
al cartel?
La
concentracion triplica los limites antitrust norteamericanos
Los
dueños del mercado
Aun
considerando la diferencia de escala en los mercados, si la aplicación
de las leyes antimonopolios en Argentina se acercara a los patrones
de Estados Unidos más de un grupo económico local,
o multinacional radicada en el país, estaría en
serios problemas. El informe contratado a los expertos del Instituto
Di Tella, que el menemismo nunca difundió, revela un asombroso
grado de concentración en los 15 sectores industriales
analizados.
A diferencia de lo que sucede con los servicios públicos
o las AFJP, la concentración en la industria no necesariamente
indica que los clientes sean cautivos, ya que teóricamente
la apertura comercial sería un disciplinador de los precios.
Sin embargo, el estudio señala que en por lo menos cuatro
de los sectores (cemento, materiales para la construcción,
siderurgia y vidrio) las barreras a las importaciones y el manejo
cartelizado o monopólico de las empresas mantienen los
precios elevados en el mercado local.
El informe calculó para todos los sectores un índice
de concentración llamado de “Herfindahl”. “A
título de referencia, la División Antitrust del
Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio
de los Estados Unidos establecieron que una industrial con un
índice superior a 0.18 debía considerarse altamente
concentrada”, afirma el documento. En mayoría de las
industriales relevadas el índice duplica o incluso triplica
ese límite de referencia, lo que en Estado Unidos pondría
en alerta roja a la División Antitrust del Departamento
de Justicia. Los sectores más llamativos son los siguientes:
n Cemento: con el liderazgo de Loma Negra, propiedad de Amalita
Fortabat, tres empresas (Juan Minetti y Corcemar se fusionaron
y son propiedad del grupo suizo Holderbank) se reparten el mercado
y fijan precios por encima de la paridad de importación,
como ocurre en combustibles. Hay “evidencia de colusión
y de reparto de mercado”, sostiene el informe. El año
pasado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
abrió de oficio una investigación contra las cementeras,
después de que la revista veintiuno publicara memorándum
intercambiados entre las compañías que dejaban constancia
de acuerdos de precios y reparto de mercado en diversas áreas
del país.
n Vidrio: Vasa es el único productor local, fijando precios
por encima de los de importación. Pero en este caso el
comportamiento cartelizado está dictado a nivel internacional.
La CNDC tiene abierta una investigación en el mercado de
vidrio plano.
n Siderurgia: Techint y Acindar concentran casi toda la producción
local de hierro primario, a la par que se produjo en los últimos
años de un efecto domino entre los laminadores independientes,
supuestamente impulsada por las condiciones fija el oligopolio
de los dos grandes grupos económicos. Existe una denuncia
contra Siderar en aceros planos por abuso de posición dominante.
Los antidumping que, silenciosamente, consiguieron los popes del
acero en los últimos años limitó la competencia
importada.
n Materiales de construcción: “el hecho de que los
principales productores posean una participación considerable
entre los importadores tiende a hacer pensar que la competencia
no es todo lo efectiva que sería deseable”. De otro
modo: los precios locales todavía son caros.
n Petroquímica y química pesada: los precios podrían
ser menores a los de importación, porque Argentina es excedentaria
en estas producciones. Sin embargo, el poder de mercado que ejercen
los productores en cada rama fija un piso a los precios.
Tercera
investigacion contra los gigantes
¿Será
la vencida?
Hasta
ahora, el único “triunfo” rutilante de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia desde su creación
fue la decisión de aplicar, en marzo del año pasado,
una multa de 109 millones de pesos a YPF por abuso de su poder
monopólico, en perjuicio de los consumidores, en la venta
de gas licuado. Sin embargo, la resolución fue apelada
por la empresa y actualmente está siendo evaluada por la
Cámara Penal Económica. Sin duda, además
de la nueva causa contra las petroleras, las otras dos causas
que concitarán en el futuro la atención son la del
cemento, que compromete seriamente a Amalita Fortabat, y la de
siderurgia, que salpica al poderoso grupo de la familia Rocca.
La nueva ley de Defensa de la Competencia, aprobada a fines del
año pasado (ver página 4), establece multas de hasta
150 millones de pesos y hasta cabe la posibilidad de que un juez
ordene el desemembramiento de la empresa si se la encontrara culpable
de manejos de mercado anticompetitivos. La ley anterior contemplaba
el castigo prisión para los directivos de las firmas, como
ocurre en Estados Unidos. YPF ya logró esquivar, junto
a Esso y Shell, dos investigaciones por combustibles. “La
baja desafiabilidad del mercado de combustibles ha implicado que
la competencia en este mercado haya tomado formas a través
de la publicidad, propaganda, sorteos, pero no de precios”,
dice el último dictamen de la CNDC sobre el sector. Pero
lejos está de hablar de comportamientos en forma de cártel:
“Las importaciones no han tenido un efecto disciplinador
de los precios domésticos, debido a los problemas logísticos,
legales y del sector comercializador”, justifica.
