El lado oscuro de la flexibilización

Por Claudio Lozano *

La media sanción que Diputados ha dado al proyecto de Reforma Laboral, amenaza con otorgarle legalidad a una norma que no genera empleo, precariza las relaciones laborales, viabiliza la negociación a la baja de salarios y condiciones de trabajo e impide la democratización en un doble sentido, mantiene las restricciones menemistas al derecho de huelga y obtura la posibilidad de los trabajadores de organizarse libremente y con autonomía respecto de estructuras gremiales obsoletas, autoritarias o proempresariales.
No genera empleo porque mantiene un criterio teórico que la realidad y el análisis económico hace tiempo han cuestionado. Sigue insistiendo en la idea de que la reducción de los costos de contratación y de los niveles salariales garantiza mayor ocupación. Esta idea sustentada por las tesis de la productividad marginal del trabajo de David Ricardo han sido superadas por las nociones de economía de escala y costos decrecientes así como por la evidencia manifiesta de que el empleo es, antes que nada, función de la demanda efectiva. Asimismo, la experiencia reciente de la Argentina es elocuente respecto de que la reducción de los costos de contratación o de indemnización poco han tenido que ver con mejorar el empleo. Así, entre 1994 y 1999 el Estado (vía rebaja de aportes patronales) perdió 30 mil millones de dólares y sin embargo el desempleo subió y las ocupaciones clandestinas también.
Precariza las relaciones laborales, ya que por medio de la extensión del plazo del período de prueba, la rebaja de aportes y el mantenimiento de las bajas indemnizaciones que estableciera Erman González para los nuevos trabajadores, reduce sustantivamente los costos de contratación y establece un nuevo modo de ingreso a la planta formal que posibilita un mayor traslado del riesgo de la actividad económica sobre las espaldas del trabajador. En realidad la ley no resuelve el problema de la rotación laboral sino que intenta simplemente blanquear dicho fenómeno. El discurso oficial que alude a la promoción del empleo estable, confunde la estabilidad con el blanqueo, y hace abstracción de las condiciones que pasan a regular las ocupaciones que, supuestamente, promueve. De más está decir que esta norma es sólo un paso más en dirección al verdadero objetivo que propugna el establishment dominante: garantizar el blanqueo no por la vía de mejorar el perfil productivo, el tipo de puestos de trabajo que se requieran y el compromiso social de producción que se genere, sino mediante la eliminación completa de los aportes patronales y los costos indemnizatorios.
Debilita a los trabajadores en la negociación colectiva al permitir que el convenio de menor nivel perfore legalmente (hoy ocurre de manera ilegal) los pisos mínimos que establece el convenio por actividad. Por otra parte, si se asume que la capacidad de negociación de los trabajadores está determinada por la situación del mercado laboral y la capacidad que éstos tengan para generar organizaciones que efectivamente los representen, el proyecto sólo contribuye a debilitarla. No induce modificación alguna en el cuadro ocupacional (la política económica hasta ahora evidenciada tampoco garantiza la reducción de la tasa de desempleo) y en tanto el Gobierno ha resuelto privilegiar en su relación a expresiones gremiales como Rodolfo Daer, Armando Cavalieri o Luis Barrionuevo, es obvio que le ha puesto un obstáculo más al necesario proceso de democratización de la vida sindical, limitando por tanto la posibilidad de que los trabajadores se constituyan en sujetos con capacidad de participar activamente en las políticas públicas.
Por último, cabe consignar que el debate sobre la Reforma Laboral y los términos en que éste pareciera resolverse oscurecen el futuro del sistema institucional argentino. La parodia del miércoles por la noche presentando como experiencia de diálogo social o consenso, una mesa donde el Gobierno nacional aparece cercado por el sindicalismo empresarial y el espectro completo de los grupos económicos más importantes del país, define que a escaso tiempo de su gestión la coalición social privilegiada no es otra que la que sostuvo al gobierno menemista. Sin duda, esta opción impone (más allá de los discursos) severos límites para profundizar la democracia.

* Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.

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