Política del big business

“Los gobiernos se han convertido en Estados Unidos en instrumentos de un segmento de la sociedad: el de las grandes corporaciones de negocios”, escribía recientemente William Pfaff en Los Angeles Times. Pero este famoso analista no resalta esa dependencia movido por el ascenso del basto George W. Bush al poder. Para él, Al Gore era también un candidato de los grandes conglomerados económicos, y su gestión sólo hubiese diferido de la de Bush en cuestiones “culturales”, como el aborto o los homosexuales.
Aunque la elección resultó muy reñida y la posterior disputa por el triunfo fue casi bélica, lo verdaderamente importante es que Gore no era una auténtica alternativa a Bush, ni éste a aquél, desde el punto de vista del sometimiento de ambos a los intereses de las transnacionales de raíz estadounidense, incluyendo por supuesto a la banca y los inversores institucionales. La aparición de candidatos alternativos es imposibilitada por el sistema político, que liga las chances de cualquier aspirante a la cantidad de dinero con que cuente para su campaña. Pfaff menciona, como punto de inflexión, una decisión tomada por la Suprema Corte norteamericana en 1976, sosteniendo que los dólares invertidos (por los ricos y por las compañías) en apoyo de un candidato político constituían una forma de ejercer el derecho a la libre expresión, protegido por la Constitución. Ese pronunciamiento consagró al dinero como máximo recurso de la política. Pero lo decisivo es que el electorado convalida este estrecho control del poder político por parte del poder económico, respaldando a los candidatos de las corporaciones, y es difícil que esa actitud se modifique mientras la mayoría de los norteamericanos sientan que así les va bastante bien. Habrá que ver qué ocurriría si la situación se deteriorase bruscamente, como presagian los pesimistas.
Mientras tanto, conviene tener en cuenta quiénes deciden las políticas para no caer en ciertas ingenuidades, sobre todo a la hora de optar entre el Mercosur y el ALCA.