La comisión bicameral del Congreso que investiga la fuga de divisas, a partir de las revelaciones del caso HSBC, busca encontrar las claves sistémicas del mecanismo de evasión, para poder legislar en favor de una regulación más eficiente. En paralelo a ese trabajo parlamentario a nivel local, saltó a escala mundial el escándalo de los sobornos en la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Hay un vínculo estrecho entre ambos hechos, aunque a simple vista no aparezca, porque en la prensa argentina tuvo gran trascendencia el listado de nombres de dirigentes acusados, investigados y hasta de los sospechados. Pero poco o nada se ha dicho de los bancos involucrados, que posibilitaron las millonarias transferencias de divisas que constituyen el cuerpo del delito. En el texto de la acusación presentada por la fiscalía de Estados Unidos, a cargo de Loretta Lynch, aparecen mencionados más de una docena de bancos que intervinieron facilitando las maniobras de soborno. Entre ellos, los primeros rankeados en el sistema bancario estadounidense: JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, Barclays y, una vez más, HSBC.

El dato no fue pasado por alto por la AFIP, que solicitó a la Justicia norteamericana información sobre los movimientos de dinero en ese banco de los empresarios argentinos involucrados (Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis). Pero el nexo entre el megaescándalo FIFA y lo que se investiga en Argentina a nivel parlamentario tiene otro aspecto mucho más relevante. Y es que abre el interrogante sobre si estas conductas delictivas por parte de los bancos son desvíos de su actividad normal o, en cambio, han pasado a ser parte constitutiva de su actividad normal y, particularmente, una de las más rentables.

Estados Unidos, con una tradición bancaria mucho más afiatada que Argentina, cuenta con una legislación que los más críticos califican de absolutamente permisiva con los bancos, y los más moderados tildarían de laxa. De hecho, la ruidosa acusación y pedido de captura para 12 dirigentes y empresarios del fútbol que agitó el Departamento de Justicia de Estados Unidos no le imputa delito alguno a los bancos que transfirieron más de 150 millones de dólares en coimas, sin siquiera informar a los organismos reguladores sobre “operaciones sospechosas”. Kelly T. Curie, fiscal del Distrito Este de Nueva York, actuante en el caso, manifestó ante la consulta: “Parte de nuestra investigación se dirige a la conducta de las instituciones financieras, y a analizar si acaso éstas conocían el hecho de que estaban ayudando a lavar el pago de estos sobornos”, según publicaron medios estadounidenses. Demasiada candidez como para creerle.

Otros medios se preguntaban sobre si la fiscal Loretta Lynch, que conmovió al mundo económico y deportivo cuando hizo pública la acusación y pedidos de captura, mantendría la misma firmeza frente a banqueros que aparecieran involucrados. Quien respondió a la pregunta fue el economista y periodista estadounidense James Henry, coordinador regional además de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, TJN), quien recordó que Lynch estuvo involucrada en el acuerdo alcanzado entre las autoridades de Estados Unidos y el HSBC en 2012, cuando el banco reconoció su culpa y canceló con una millonaria multa el pecado de haber lavado durante años, a través de su filial en México, las fortunas de los carteles de la droga de ese país. En opinión de Henry, aquello fue “una cachetada” a las aspiraciones de justicia, ante lo cual descree que la actual fiscal estrella vaya a tener una actitud que no sea “acomodaticia” frente a los bancos.

Una investigación citada por el propio Henry, que fuera realizada para TJN, reseña los delitos corporativos cometidos por los 22 principales bancos del mundo entre 1998 y 2015 que merecieran alguna sanción. Computa en ese estudio 255 hechos sancionados por 14 tipos distintos de delito. Algunos, resonantes, como los recientes acuerdos de manipulación de la Libor (tasa interbancaria de Londres, tomada como referencia para ajustes de contratos), o de cotización de monedas en los mercados de cambios. Otros, vinculados a lavado de dinero, sobornos, fraudes hipotecarios, etc. Por esos 255 hechos, los 22 grandes bancos recibieron 650 multas, un promedio de casi 30 por cada institución en 17 años. Y debieron pagar un monto global de 246 mil millones de dólares (una media de más de 11 mil millones de dólares por entidad). Las cifras parecen fabulosas y, sin embargo, los bancos no cambiaron su conducta.

La legislación norteamericana permite que quien comete un delito económico, si reconoce su culpa, puede acceder a acordar el monto de una multa a pagar y extingue la causa penal. Es decir, nadie va preso. pero tampoco pierde otros derechos. Los mayores bancos del país, ya mencionados, han admitido su culpa en múltiples delitos económicos, inclusive la cartelización en el mercado de cambios o financieros con millonarios perjuicios para el resto de la economía. Por la manipulación de la Libor aceptaron pagar 5890 millones de dólares. De ese total, al JP Morgan le correspondieron 900 millones. ¿Qué impacto tuvo sobre su situación económica? Puede medirse considerando que esa penalidad representó poco más del 3 por ciento de sus ingresos netos en el último año. En ese mismo período, el valor de mercado de su acción se incrementó en 20 por ciento. El CEO de la compañía no sólo no debió enfrentar ninguna causa penal, sino que seguramente vio incrementados sus honorarios por el bonus ligado a los resultados y a la valorización bursátil.

En opinión de James Henry, las conductas delictivas de estos bancos pueden practicarse durante un período de 5 o 6 años antes de salir a la luz y concluir en el reconocimiento de una multa. Para entonces, la ganancia acumulada será más que suficiente para cubrir el pago de la penalidad. “Es un tipo de delito muy rentable, no hay razón para que dejen de hacerlo”, respondió el experto en una reciente entrevista.

Justamente, JP Morgan es otro de los bancos que tiene una causa pendiente en la Justicia argentina por fuga de divisas y presunta evasión, en la que facilitó la salida de activos a más de 480 clientes. El caso se conoció porque quien tenía a su cargo la operación, se autoinculpó ante los tribunales locales en 2008. Hernán Arbizu, por entonces vicepresidente de la filial local, todavía está esperando ser citado a una declaración ampliatoria. En cambio, al comisión bicameral ya lo pudo escuchar y seguramente obtuvo información esclarecedora sobre los mecanismos de fuga de divisas a través de la banca privada.

Alguna vez, alguien mencionó que los bancos son instituciones demasiado grandes e importantes como para condenarlos, quitarles la licencia o enviar a prisión a sus principales directivos. La historia argentina no registra muchas multas millonarias a los bancos, pero la nueva legislación que se busca generar a partir del trabajo de la comisión bicameral pretende más de lo que lograron las multas en Estados Unidos: cambiar el comportamiento de los bancos. Argentina sufrió las consecuencias de la fuga durante los últimos siete años, al menos, promovida, facilitada y organizada por los propios bancos. Esa fuga provocó una escasez de divisas que obligó a retacear dólares para importación, afectando el nivel de actividad interno; atravesar un prolongado período de inestabilidad financiera que aumentó el costo de los créditos internos y se tradujo en aumentos “preventivos” de precios. Y hasta pesó como una amenaza sobre el propio sistema político. Daños demasiado grandes e importantes como para no condenarlos, para así evitar su repetición.