El caso que publicó este diario el 9 de marzo del corriente sobre la injusticia que recayó sobre un preso que quiso denunciar uno de los tantos problemas que tienen las cárceles argentinas (informes de asociaciones de derechos humanos internacionales dan cuenta de ello) demuestra las urgentes modificaciones que necesitan estos lugares que, lejos de ser un sitio para que una persona pueda “reinsertarse en la sociedad”, se convierten en un lugar en el que los presos (que en su gran mayoría –70 por ciento aproximadamente–) ven violados todos sus derechos humanos y son objeto del abusado cargo de “prisión preventiva”. Es de esta manera, preventivamente, que fuera de las cárceles, en plena ciudad de Buenos Aires, la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) también se jacta de atormentar a las personas que simplemente “ocupan” un lugar público para descansar, luego de un día en el cual la sociedad misma los despreció sin siquiera ayudarlas con la famosa “monedita”, difícil de conseguir pero más difícil de soltar si se trata de ayudar a otra persona y muy fácil de deshacer si se trata de una promoción en un shopping. A más de 25 años de democracia, hechos como éstos (que sin duda son sólo dos de miles) no deberían pasar para una mejor calidad de vida de todos los que vivimos en suelo argentino y que, democráticamente, exigimos, por sobre todas las cosas, respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Leandro Hernán Maccarone

DNI 34.224.617