Por Virginia Feinmann

Lo primero que llamó mi atención al llegar a Suecia, además de las casitas tipo “duende” y los pinitos nevados, fue el tacho de basura. Venía, de fábrica, dividido en tres. También tenía un bolsillo raro atrás. Para cada parte se usaba una bolsa distinta: había marrones, verdes y negras. Todos los días veía cómo, con total naturalidad, mis amigos suecos doblaban los cartones de leche y los apretaban en el primer compartimiento. Abollaban las latas en el segundo. Comida y sobras orgánicas al tercero. Las pilas y baterías iban en el bolsillo raro.
–¿Qué hacen? –pregunté al fin, con mi absoluta ignorancia de argentina en los 90.
–Reciclamos –fue la respuesta.
Sonaba tan obvia que apenas me quedó resto para volver a preguntar, en voz más baja: “¿Desde cuándo?”. Nadie recordaba bien. Diez, quince años. “Las latas, desde hace por lo menos veinte”, dijo uno, y para reparar la imprecisión se mandó con un detalle de los beneficios ambientales y del ahorro de energía para el país que implicaba el sistema.
Hace dos semanas se empezó a aplicar una política de reciclado de residuos en Argentina. El vecino debe separar papel y cartón en una bolsa verde. El Estado provee gratuitamente las bolsas en los CGPs y hace campañas de concientización en los medios y en las escuelas públicas. El sector privado contribuye entregando bolsas verdes en los supermercados. El sindicato de porteros adhiere: los encargados tendrán bolsas verdes de consorcio para la clasificación. El cartonero retira estas bolsas, y la empresa recolectora de residuos se lleva las otras. No es el sistema sueco, ya hay varias dificultades en su aplicación incipiente. Pero es un programa que prueba que el Estado puede tener capacidad decisoria. Y que distintos sectores de la sociedad pueden hacer un cambio cultural y participar activamente de un sistema propio de los países más avanzados.
Se empieza a aplicar una política de país desarrollado. ¿Porque nos estamos desarrollando? ¿Por conciencia ambiental, ahorro de energía para el Estado, unidos por un mundo mejor y todo el bla-bla del sueco?). No. El reciclado de residuos en la Argentina se implementa porque la combinación de una devaluación del 360 por ciento de la moneda, más un desempleo del 21 por ciento y un aumento del 57 por ciento en los precios de la canasta básica familiar arrojó a casi seis millones de personas bajo la línea de pobreza en menos de cinco meses –llevando el total de pobres del país al 54 por ciento de la población– y elevó el precio relativo del cartón en el mercado internacional, transformándolo de pronto en un significativo y desesperado recurso de supervivencia. No es, entonces, por ser del Primer Mundo. Es, precisamente –precisa, paradojal y dolorosamente– por ser del último.
Pasa otra cosa en Suecia. Mi amigo debe comprarse un remedio (no los idealicemos tanto: necesita un antidepresivo). Lo acompaño a la “apoteket”, que hasta donde sé quiere decir farmacia en sueco. Pero resulta ser mucho más que eso. Apotek es el sistema estatal que administra los medicamentos y una de sus funciones principales es asegurar -mediante la política de “drogas genéricas”– que el ciudadano obtenga el remedio que necesita de la forma más económica posible (esto, si excedió el límite que el Estado le da sin cargo por año, pero no nos martiricemos). Un “genérico” es un remedio hecho con la misma droga básica que el remedio de marca. Mi amigo se lleva así su antidepresivo genérico. Es exactamente igual al que un poderosísimo laboratorio multinacional nos vende acá por $197 la caja de 30 pastillas. El lo paga poco más de $10. ¿Desde hace cuánto? Ya no me animo a preguntar. Pero políticas de este tipo se aplican desde hace más de 20 años en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, aún con los gigantescos intereses económicos que afectan en cada caso. La Ley de Genéricos rige en Argentina desde agosto. Permite a los médicos recetar por drogas básicas, habilita a los farmacéuticos a ofrecer un genérico más barato si el médico lo hubiera omitido, algunas fórmulas podrán venderse fraccionadas y hasta al 100 por ciento menos de su valor comercial. No le pidamos demasiado al ministro Ginés González García. El Estado no está “produciendo” remedios en desafío a la industria farmacéutica mundial, lo que le daría el verdadero poder de influir sobre los precios. Pero se empieza a manejar un concepto importante de política sanitaria, que también compromete a actores diversos (las universidades, por ejemplo, están reabriendo sus laboratorios para fabricar genéricos) y propicia el cambio cultural y la madurez como sociedad (los médicos y los farmacéuticos deben capacitarse, los ciudadanos deben conocer y exigir este derecho, etc.). Otra vez, por qué: en marzo la Argentina fue decretada en emergencia sanitaria. 18 millones de personas sin cobertura médica dependen del hospital público, que, desabastecido y al borde del colapso, no puede brindarles atención. Los medicamentos e insumos hospitalarios aumentaron más del 300 por ciento, la inversión del Estado en salud cayó de 650 a 184 dólares per cápita y los ingresos de la seguridad social bajaron el ocho por ciento. El PAMI tiene deudas por 500 millones de pesos y más de la mitad de las obras sociales está en convocatoria de acreedores.
Un ejemplo más liviano: recientemente se formó en el país la “Liga de Amos de Casa”. Su presidente, Hernán Repiso, explicó que “la crisis social y laboral le dio al hombre un nuevo rol para el que no estaba preparado. Ha perdido su condición de proveedor económico y debe volver al hogar. Nuestra misión es contenerlo y destacar el orgullo de ser amo de casa”. Sin animosidad: ¿Hacía falta que se destruyeran 750 mil puestos de trabajo durante el año pasado para que los hombres vieran que también pueden hacer las compras, barrer la cocina y cambiar pañales?
A este ritmo, tengo dos amigos rogando para que nunca salga el acuerdo con el FMI. O que salga, que salga y que sólo sirva para endeudarnos más, eternamente. Es que son gays. Y se esperanzan con que –si al país le sigue yendo lo suficientemente mal– pronto habrá leyes de derechos civiles que les permitan casarse, heredarse mutuamente, adoptar hijos, ir por la calle de la mano, besarse en la esquina que más les guste. Igual que en Suecia.