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Cuanto más sube por las laderas de Valparaíso, más se aleja el visitante de la postal de la bella y pintoresca ciudad donde vivió el poeta Pablo Neruda. Se ven casas de techo de chapa y pintura rasgada compartiendo el espacio con otras de una construcción más maciza, todas con colores variopintos. Los chilenos pobres están como escondidos arriba de los cerros. Y la forma a la que acceden a la educación difiere de los que están más abajo. Sobre la pendiente del cerro San Juan de Dios, la pequeña escuela pública San Judas Tadeo alberga a 167 niños y niñas. Un 90 por ciento de las familias vive en situación de vulnerabilidad. Muchas madres jefas de hogar, casos de padres con problemas de drogas y algunos privados de la libertad. “No miramos el currículum de los chiquillos. Nos llegan niños que en otros colegios no son aceptados”, dice la directora, Patricia Durán Muñoz, a la vez que se lamenta de que el límite sea el cupo de la sala (20 alumnos por aula). Ese es uno de los aspectos del sistema educativo mercantilista de Chile: la segregación. Las escuelas privadas y también las mixtas –con subvención estatal y con el aporte de los padres– aceptan alumnos a partir de su condición socioeconómica, según las reformas que aplicó Augusto Pinochet.

La dictadura chilena descentralizó la educación, traspasándola a los municipios, y habilitó las escuelas privadas subvencionadas por el Estado, según la cantidad de alumnos que consiguieran captar. En 1981, cuando se iniciaron esos cambios, el 78 por ciento de la matrícula de enseñanza primaria y secundaria se concentraba en escuelas públicas y el resto en el sector privado. En 1990, con la vuelta a la democracia y como efecto de las reformas, la matrícula municipal había caído a 57,8 por ciento y en 2012 a 37,5 por ciento, a la par del retroceso de la calidad. Los gobiernos democráticos posteriores mantuvieron ese modelo tan cuestionado por los estudiantes en las calles desde 2006 –primer gobierno de Michelle Bachelet– y con mayor frecuencia durante el mandato de Sebastián Piñera. En concreto, la coalición de centroizquierda que gobernó entre 1990 y 2010 –Concertación– no modificó el sistema de financiamiento en base a subvención por alumno, así como tampoco la descentralización de la educación pública. Sin embargo, Juan Eduardo García Huidobro, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, rescata algunas de sus iniciativas. “Los cambios más importantes realizados por la Concertación en el primer momento fueron dos: grandes programas de apoyo a las escuelas y liceos donde estudia la población más pobre y mejoramiento sustancial en la situación de los docentes (salarios y condiciones de trabajo), estableciendo un Estatuto docente.”

Es indudable que las municipalidades con mayores recursos destinan más dinero y así se genera mucha desigualdad. San Judas Tadeo es financiada por el municipio de Valparaíso, donde la pobreza alcanza el 22 por ciento, por encima del promedio nacional, del 14 por ciento. La escuela abre las puertas entre las 8 y las 19 y ofrece desayuno, almuerzo y merienda, que paga la estatal Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. La subvención municipal es de 116 mil dólares (64 millones de pesos chilenos), pero los recursos no son suficientes. “El sistema municipal está quebrado”, sostiene Durán Muñoz. Están impagos los aportes previsionales, no se pagan cursos de perfeccionamiento a los educadores, por dar algunos ejemplos. Y la educación está supeditada a los tiempos políticos. Cuando cambia el alcalde, cambian los cargos de dirección.” La desmunicipalización, esto es, que el Estado vuelva a ser el proveedor principal, es un punto clave del proyecto de reforma que impulsa el segundo gobierno de Bachelet en relación con la enseñanza secundaria y primaria.

La iniciativa que la mandataria envió al Congreso hace dos meses, en el marco de una gran reforma prometida en la campaña, postula también dejar atrás el financiamiento compartido mediante el congelamiento de los montos que cobran los colegios (“copago”) a padres y reemplazarlo gradualmente por un subsidio estatal. Este proyecto está estrechamente vinculado con la reforma tributaria también en trámite y los destinos de los nuevos recursos (un 3 por ciento del PIB) a la enseñanza. Se prevé que unos 6000 millones de dólares irán a la gran reforma educativa, de la cual aún no se tienen mayores precisiones.

A 15 minutos de Valparaíso, en el llano de la vecina Viña del Mar, la Miami chilena, todavía hay establecimientos educativos sólo para niñas: es el caso de la Escuela República de Ecuador. El colegio es público y recibe 547 alumnas, de las que un 56 por ciento están en algún grado de vulnerabilidad. La directora Erna Sáez, que en sus formas recuerda a la señorita Rottenmeier de la novela infantil Heidi, da cuenta de la rigurosidad de su institución. “A las 7.30 de la mañana, la inspectora general se ubica en la puerta para revisar que todas las niñitas vengan bien vestidas, bien peinadas y limpias”, afirma Sáez, y aclara que en algunos casos bañan a las pequeñas. El edificio de dos pisos fue reconstruido completamente después del terremoto de 2010.

Antes de la municipalización, el financiamiento era mejor, sostiene la directora. Aunque lo dice desde una comodidad de la que carece su colega Durán Muñoz, pero todavía lejos de gozar de los beneficios de una escuela privada. La corporación de Viña del Mar –financiadora de los colegios– recibe apoyo monetario del casino. El municipio cuenta con los abundantes recursos que deja el turismo y el índice de pobreza es del 15 por ciento. El contraste del acceso desigual a fondos de ambas escuelas públicas es un ejemplo más de las falencias del modelo educativo heredado de la dictadura.