Desde Rosario

En la pequeña ciudad agroindustrial de Casilda, a 60 kilómetros de Rosario, prendió con gran revuelo la denuncia que una mujer pobre, de un pueblo vecino, radicó contra dos hermanas empresarias y sus maridos, a quienes acusó de haberle robado los mellizos que alumbró hace un mes. En un mar de murmuraciones divididas de una comunidad donde casi todos se conocen, dos fiscales hicieron detener a los dos matrimonios y los imputó por sustracción de menores. Pero la jueza del caso transigió en no recluirlos en cárcel común, sino en sus domicilios, y a los dos hombres les concedió salidas laborales. Los bebés, Aurora y Valentín, siguen desaparecidos desde el momento del parto clandestino. H.I.J.O.S. Santa Fe y el Centro de Acceso a la Justicia de Rosario se involucraron y ayer anticiparon su decisión de constituirse en querellantes de una causa que, sospechan, “está marcada por las influencias del poder en una sociedad chica”.

También intervino la Asociación Civil Generar-Foro Social Infancia Robada, vinculada con la religiosa Martha Pelloni. “Si a estos delitos tan complejos no se los enfrenta con fuerza institucional, no se resuelven”, dijo la fiscal Lorena Aronne. Y atribuyó las sospechas que recaen sobre la madre de los niños y denunciante del caso, Liliana Montenegro, “porque es una persona marginada socialmente, de escasos recursos económicos y culturales, vulnerable a la estigmatización de una sociedad que la rechaza”.

Montenegro, de 38 años, denunció el 18 de julio que Andrea N. y Germán S. se le presentaron como miembros de Cáritas, de parte de una asistente social de la Comuna de Zavalla, cuando promediaba su embarazo de gemelos. Que le ofrecieron ayuda y le propusieron quedarse con sus bebés. Dijo que la llevaron a controles previos ante un obstetra de Casilda, y que el día del parto –13 de julio– la vinieron a buscar Mariana, hermana de Andrea, y su esposo médico. Que la llevaron por un camino de tierra para evitar el peaje y que la hicieron parir en un lugar aún no establecido: una casa particular o un consultorio en la clínica Julián Moreno, de la UOM Casilda, que las fiscales hicieron allanar. Agregó que no recuerda con precisión el parto, sólo que oyó llorar a los mellizos y que se los quitaron apenas nacidos. Luego, que la llevaron hasta el policlínico Eva Perón, de Granadero Baigorria, en una camioneta de la empresa funeraria que dirige la familia de Andrea y Mariana N. y que la abandonaron allí. Y que Andrea le dijo que los niños habían nacido muertos.

Los imputados, en cambio, sostuvieron que habían pactado con Liliana que ella les entregaría a los bebés, que luego harían el trámite formal de adopción, pero que ésta los llamó después de aquel fin de semana para decirles que había parido por un pico de presión y que los niños habían nacido muertos.

Ayer las fiscales Aronne y Marianella Luna apelaron la decisión de la jueza Mariel Minetti de otorgarle al médico Luis J. –esposo de Mariana N., ambos imputados y con prisión domiciliaria– permiso para salir a trabajar, sin control policial, tal como aquéllas habían solicitado para asegurar que éste no obstruyera la investigación ni se fugara. Trascendió que hubo cuestionamiento fiscal hacia la magistrada, porque demostró preocupación por la continuidad laboral de alguien que ejerce una profesión liberal, como es la de médico, ante la gravedad del delito investigado. Y por su función, proclive a llamados urgentes, la jueza no le estableció un régimen fijo de salidas. “Prácticamente, lo dejaron en libertad”, reprochó Lucila Puyol, abogada de H.I.J.O.S. Santa Fe, que anteayer visitó a las fiscales y a Montenegro.

Luis J. atiende en el hospital de la localidad de Villa Mugueta y en la empresa de emergencias médicas que dirige su esposa Mariana N., en Casilda. Ayer Minetti también le concedió permiso de salidas laborales a Germán S., imputado como su esposa, Andrea N., y empleado en una metalúrgica.

Mariana N. y Luis J. alegaron que en esos días estuvieron de vacaciones en Federación, Entre Ríos, y aportaron tickets y facturas como prueba. “No son elementos contundentes como prueba, porque corresponden a días anteriores o posteriores al hecho investigado”, contestó la fiscal Aronne. Mientras tanto, los bebés llevan un mes de desaparecidos, sin certificado de nacido vivo y ni tampoco de defunción. Las fiscales pidieron colaboración a organismos nacionales en la búsqueda de los menores.

“En esta semana fundamental por la recuperación de Guido Montoya Carlotto es inevitable entender que estamos, más de 30 años después, ante una apropiación de menores y ante el delito de sustitución de identidad. Este delito es continuado, está ocurriendo en este momento”, se indignó Lucila Puyol, quien en representación de H.I.J.O.S. pedirá ser querellante en la causa, igual que el CAJ Rosario. El interés de estos organismos motivó la valoración de la fiscal Aronne, quien ante la consulta de Rosario/12, el suplemento local de este diario, afirmó: “Estos delitos complejos no se resuelven sin fuerza institucional”.

Tanto Puyol como Liliana Loyola, por la Asociación Civil Generar-Foro Social Infancia Robada, asistieron el lunes a la audiencia en la que la jueza Minetti le otorgó permiso laboral al imputado Luis J.

Puyol defendió la labor de las fiscales, “jóvenes mujeres aguerridas que están solas en la responsabilidad de imputar a cuatro personas que representan poder en una comunidad chica como Casilda, y en eso se explica la estigmatización que se ha cargado sobre Liliana, su marido y su hijita de 6 años”. La abogada, miembro del espacio Mujeres para la Victoria, recalcó que “Liliana siente la necesidad de aclarar que ella nunca quiso desprenderse de sus bebés. Me dijo que quería una piecita más en su ranchito para sus hijos, y que ahora tenía la piecita pero no a sus hijos”, señaló en alusión a la habitación y baño que el presidente comunal de Zavalla, Ignacio Mujica, le hizo construir. Y enfatizó que “Liliana no fue a buscar a estas personas, fueron ellas quienes vinieron contactadas por la médica del Samco”. Y refutó la versión de que los niños fallecieron. “Si así hubiera sido, esa gente entregaba los cuerpos y se ahorraban este problema. Pero no hay certificado de nacido vivo, no hay huellas de los piececitos, nada. A Liliana la llevaron en forma clandestina”, cargó Puyol. Y reveló que ayer declaró una médica del Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria. “Primero dijo que no la atendió, pero al presentársele las fichas, dijo que no lo recordaba”, desconfió. “Ya estamos en contacto con el CAJ, con la Secretaría de Derechos Humanos provincial, con la Procuración General de la Nación, por el derecho a la identidad, por los derechos humanos, urge encontrar a Aurora y a Valentín. Así se llaman, no perdamos de vista eso”, advirtió.