“Tenemos mucha suerte
porque todavía no se dio un
Cromañón en el fútbol.”
Liliana García, madre de Daniel, un joven asesinado por barrabravas el 11 de julio de 1995.

Las palabras están de más, las pruebas sobran, la impunidad abunda, los muertos desfilan en serie hacia la morgue. La desmesura con que nos invade la violencia en el fútbol no es proporcional a la preocupación con que se trata el tema desde ámbitos oficiales. Puede decirse: pura hojarasca. Con semejante masa crítica de elementos, estamentos y voces tan hipócritas –en ocasiones parecen bienintencionadas– el problema no se resuelve, ni siquiera disminuye en sus consecuencias. Sencillo: los que deben encararlo, discutirlo y remediarlo son los mismos que lo alimentan con su desidia e impericia. Funcionarios políticos (nacionales y locales), policías de las distintas jurisdicciones, dirigentes de fútbol, sindicalistas que apañan a las patotas, técnicos, jugadores y empresarios que se hacen los distraídos para mendigar por un poco de aliento, periodistas indulgentes de retórica hueca... todos, absolutamente. Las excepciones, por ahora, no alcanzan. Javier Cantero, el presidente de Independiente, fue una golondrina que no hizo verano. Tampoco basta con las mayorías silenciosas que, de a poco, archivaron su mutismo para repudiar a los violentos.

El efecto desmoralizador que provocan más muertes (las de Marcelo Carnevale y Angel Díaz fueron las últimas de 278 que se llevan computadas en el fútbol argentino) no genera anticuerpos. Lejos de ello, cuando decline el tema en los medios, bajarán más las defensas. El tema ingresó en una inercia que sólo las personas que sufrieron el dolor en carne propia, como Liliana García –la mujer que lo expresa en sus luchas y denuncias y con cuyas palabras se abre esta nota– tienen autoridad para decir algo nuevo, algo que valga la pena.

En Boca que, como antes en River, hoy es el campo fértil de la barbarie, su presidente, Daniel Angelici, conduce en zigzag entre sus declaraciones del 22 de febrero (“No hay barras en Boca”) y su aparente preocupación de ahora. El pasado martes 23 se comunicó con el titular de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Rubén Sciutto, del FPV. “Necesitamos las herramientas legales para terminar de una vez por todas con estos grupos de violentos, que atentan contra el fútbol y los clubes. El Estado y sus representantes deben garantizar un marco normativo adecuado y nosotros desde Boca queremos aportar lo que corresponda, como seguramente lo harán todas las instituciones deportivas”, le informó.

Tomó aire y lo dijo en la página oficial del club. Es conveniente contrastar este pensamiento con lo que había afirmado en el verano, hace poco más de cinco meses y cuando la barra disidente de Rafael Di Zeo intentó apretarlo, un hecho que el dirigente negó.

Angelici también explicó en la última reunión del Comité Ejecutivo de la AFA que a los dos barrabravas asesinados el domingo 21 se les había aplicado el derecho de admisión. No aclaró, al menos públicamente, cómo pudo ser que Díaz, alias Feco, tuviera una entrada para ingresar a ver el amistoso con San Lorenzo que se suspendió. Más llamativo aún es lo que le contaron dos socios de Boca a Página/12: “Ni el jueves ni el viernes anteriores al partido funcionó el ranking de socios para acceder a los tickets. Se cayó el sistema y había que ir a Pago Fácil, donde los puede comprar cualquiera”. La ineficiencia continuó. Hasta el viernes 26 a última hora, los que adquirieron las entradas no habían recibido la devolución del importe que pagaron.

Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, fue un precursor a la hora de negar la realidad como sucedió con Angelici. En 1998 le informaba por carta al ex juez Víctor Perrotta sobre la inexistencia de barrabravas en el registro de socios del club después de que les dieran una paliza a hinchas de Chacarita en el interior de la Bombonera. Hoy, ya blanqueadas sus intenciones de alentar negocios desde la política para sus amigos (había hecho lo mismo en el fútbol), afirma: “Si hay una decisión política en serio, este tema se termina”. De paso aprovechó para darles un palazo a las autoridades nacionales: “Este gobierno ha hecho de la calle, de la movilización, un tema, y para esas cosas sirven los barras. Ahora, cuántos los han usado o quiénes del Gobierno los han usado, no tengo la menor idea. La realidad es que existen o tienen cierta impunidad porque el Estado no acciona”.

Tampoco acciona su gobierno cuando no autoriza las obras del sistema AFA Plus en los estadios de la Capital Federal. Ese registro, acaso un paliativo menor para semejante espiral violenta, únicamente se instaló en canchas de la provincia de Buenos Aires. La asociación que preside Julio Grondona sacó un comunicado donde cuestiona que “esa lamentable burocratización en distintos estamentos del Gobierno de la Ciudad conspira naturalmente con la armonía con que fueron fijados los plazos para hacer coincidir los tiempos del proceso”.

Todos los responsables de procurar que esto se modifique, creen que la suya es la mejor receta. La AFA y su sistema no estrenado. Boca, que se haga cargo el Estado del problema mientras transa con los violentos. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que no ingrese el público visitante cuando casi todas las víctimas son provocadas por disputas de caja hacia el interior de una misma barra. Los comités de Seguridad Deportiva son manejados por funcionarios que no aciertan una y la van de ilustrados en el tema. Las diferentes policías miran para otro lado, como ocurrió cuando la Metropolitana no tenía efectivos para supervisar un domo que tomaba imágenes de la barra brava oficial boquense el día en que murieron Díaz y Carnevale.

Dante Panzeri escribió en la introducción a Fútbol, dinámica de lo impensado, que su libro no servía para nada. Esta nota tampoco, salvo para que no sigamos viendo la violencia en el fútbol tal como se la está mirando.

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