Sáb 19.04.2008

ECONOMíA  › FEDERACIóN AGRARIA DEJó TRASCENDER SU MALESTAR PORQUE NO SE CONTEMPLARON LAS SUGERENCIAS QUE HABíA HECHO

Promesa en marcha para intentar calmar al campo

El Gobierno formalizó ayer los reintregros para pequeños y medianos productores de soja y girasol. Así busca retrotraer su situación al día previo al anuncio de suba de retenciones que motivó el lockout. También se anunció un subsidio a los fletes.

› Por Fernando Krakowiak

El Gobierno formalizó ayer por la noche el régimen de reintregros para los pequeños y medianos productores de soja y girasol que había sido anunciado durante el lockout agrario. Los chacareros que esta cosecha produzcan hasta 500 toneladas recibirán la diferencia entre lo que paguen por retenciones al momento de la venta de sus granos y lo que desembolsaban para afrontar ese impuesto antes de la última suba. De ese modo, se busca retrotraer su situación al día previo al anuncio que motivó la protesta rural. Además, a los que estén ubicados a más de 450 kilómetros del puerto se le subsidiará el costo adicional que suponga el flete por encima de esa distancia. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que estas dos medidas benefician a 62.500 productores que verán reducida la retención efectiva al 29/30 por ciento. “Se quedan a mitad de camino. No es lo que nosotros habíamos pedido”, aseguró Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria apenas se conoció la novedad. Los dirigentes de las demás entidades evitaron hacer declaraciones públicas.

Además de producir hasta 500 toneladas, los chacareros deberán cumplir con otra serie de requisitos para acceder al reintegro. Los que tengan tierras en la pampa húmeda no deberán superar las 150 hectáreas y los extrapampeanos tendrán un límite de 350 hectáreas. La facturación del año anterior no podrá exceder los 500 mil pesos netos del impuesto al valor agregado y la de este año los 800 mil. También deberán estar inscriptos en el registro de operadores de granos y las declaraciones juradas que presenten tendrán que estar visadas por el municipio y la entidad gremial a la que pertenezcan. Se excluirá expresamente a los arrendadores que alquilen su campo, cobren la renta en soja y girasol y luego la comercialicen a nombre propio. Estas son las condiciones que los funcionarios informaron ayer, pero la letra chica recién se podrá analizar en detalle cuando las resoluciones se publiquen en el Boletín Oficial.

El Gobierno informó que quienes cumplan con todos los requisitos podrían estar percibiendo el beneficio en un plazo de 60 días, aunque adelantaron que los productores de Chaco y Entre Ríos podrán cobrar antes porque esas provincias se comprometieron a pagar el reintegro apenas reciban el pedido y a gestionar luego el cobro ante la Nación.

El anuncio fue realizado en la Casa Rosada por Alberto Fernández, quien estuvo en compañía del ministro de Economía, Martín Lousteau; el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y los gobernadores de Chaco y Entre Ríos, Jorge Capitanich y Sergio Urribarri, respectivamente. El jefe de Gabinete aseguró que el jueves les había comunicado a los máximos dirigentes de las entidades del campo que la decisión tomada ayer era inminente. Sin embargo, los ruralistas consultados por Página/12 se mostraron molestos, pues aseguraron que en las reuniones mantenidas durante la semana no se discutió el tema ni les adelantaron el anuncio.

Federación Agraria había solicitado que los reintegros beneficiaran de manera diferencial a los chacareros que producen hasta 3000 toneladas, pero finalmente la línea de corte se mantuvo en el nivel que había comunicado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 31 de marzo para intentar descomprimir la protesta rural.

El Gobierno afirmó que el universo de beneficiarios abarca a 62.500 productores. Sin embargo, se negaron a detallar cuál será el costo fiscal de la medida, porque todavía no saben cuántos se van a terminar presentando. El principal obstáculo que tienen los chacareros es el blanqueo de las operaciones, pues los propios dirigentes del sector reconocen que la venta en negro es una práctica muy extendida en el campo. Ese es el principal motivo por el cual siempre presionan para cobrar el precio de mercado, aunque el subsidio estatal equipare ese monto o lo mejore. Esta situación quedó en evidencia el año pasado cuando se comenzaron a pagar las compensaciones a la cadena del trigo. Los productores pedían que les dejaran cobrar el precio pleno y subsidiaran a los molinos. Los molinos, en cambio, pedían que se subsidiará a los productores porque ellos también venden en negro.

Algunos funcionarios del Gobierno habían dejado trascender en privado que se buscaría articular una política conjunta con las entidades para impulsar un blanqueo de las operaciones que permitiera generalizar el pago de los reintegros, pero en la conferencia de prensa de ayer no se hizo mención al tema.

El único dirigente del campo que expresó públicamente su opinión sobre las medidas fue Eduardo Buzzi quien, además de quejarse porque los reintegros son “insuficientes”, aseguró que el anuncio “no resuelve el tema que llevó al paro, que son las retenciones móviles”. Los ruralistas siguen reclamando la eliminación del mecanismo de movilidad o que, al menos, se modifique la “tablita” que establece la progresividad de la alícuota.

Hoy por la tarde se conocerá la opinión del resto de las entidades y de “las bases”, porque está prevista la realización de una asamblea de productores en Jesús María (Córdoba) y otra en General Pico (La Pampa). Antes del anuncio de ayer, el clima entre los productores no era el mejor porque el único acuerdo que se había logrado en la semana fue el de la carne y muchos consideran que no representa un cambio significativo con relación a la situación previa al conflicto. Ahora habrá que ver el impacto que genera la efectivización de los reintegros entre los chacareros más chicos.

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