Los dirigentes rurales ratificaron ayer que seguirán sin vender granos destinados a la exportación hasta que el Gobierno dé marcha atrás con las retenciones móviles. También resolvieron continuar con las movilizaciones e iniciar una campaña por un millón de firmas para pedir que el Congreso “retome sus facultades constitucionales para fijar los impuestos nacionales y los derechos de exportación”. El miércoles próximo se reunirán para evaluar la situación porque no quieren que se los acuse de promover otra protesta por tiempo indeterminado, pero la convocatoria a un acto para el 25 de mayo en el Monumento a la Bandera de Rosario revela que, si no se revisan las retenciones, esa escala será sólo formal. Lo anunciado ayer era lo que estaban definiendo antes del discurso que realizó el miércoles Cristina Fernández de Kirchner llamando a la concertación plural sin rencores. Sin embargo, para no mostrarse completamente indiferentes frente a su mensaje, decidieron enviarle una carta valorando sus palabras y solicitando una audiencia.

La situación de los últimos días revela que ninguna de las partes quiere dar el brazo a torcer, pero ambas hacen gestos para no quedar intransigentes frente a la opinión pública e intentar pasar la pelota al campo contrario. El mensaje conciliador del Gobierno, sin mencionar al campo ni formular promesas concretas, y el pedido de audiencia por parte de los ruralistas son parte de ese ajedrez en el que están insertos mientras buscan desgastarse mutuamente.

El miércoles por la noche algunos ruralistas habían dejado entrever que podían llegar a abandonar por un momento las especulaciones y volver a negociar. “Fue un discurso muy conciliador, diferente a los que venía haciendo. Ahora hay que abrir una instancia de diálogo y recomponer la relación”, había asegurado a este diario Carlos Garetto, vicepresidente de Coninagro. Sin embargo, la desconfianza que predomina entre los demás dirigentes hacia el oficialismo se terminó imponiendo y Coninagro acompañó esa postura.

Antes de reunirse para definir los pasos a seguir, los dirigentes de las cuatro entidades del agro se entrevistaron ayer al mediodía con el gobernador de Santa Fe, Hermes Bi-nner. Al salir de ese encuentro, hablaron frente una multitud convocada frente a la Casa de Gobierno santafesina y allí dejaron en claro que la protesta iba a continuar, aunque sin dar mayores detalles. Luego se juntaron a deliberar en la sede de Carsfe durante tres horas y a las 19 comunicaron las novedades.

El titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, abrió la conferencia de prensa leyendo la carta que le habían enviado a la Presidenta unos minutos antes. Allí elogian las palabras que formuló Cristina Fernández el miércoles y solicitan una audiencia para resolver cuatro temas: revisión de la resolución que estableció las retenciones móviles, puesta en marcha de los acuerdos firmados en lácteos, trigo y carnes, soluciones para las economías regionales y trabajo de la mesa de política agropecuaria para definir la agenda del sector.

Parecía que estaban dispuestos a dialogar, pero a continuación Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales, leyó otro documento donde se ratificó la continuidad de la protesta y se anunciaron nuevas acciones como la campaña para juntar firmas y la convocatoria al Monumento a la Bandera.

–¿No es una contradicción elogiar el llamado al diálogo y al mismo tiempo ratificar la protesta? –les preguntó uno de los periodistas presentes.

–Entendemos que no. Ya tuvimos dos treguas sin resultados. Lo que buscamos son soluciones y para ello se debe negociar sobre temas concretos, respondió Llambías.

–La Presidenta convoca, pero las soluciones no están –sostuvo Buzzi.

El presidente de Federación Agraria agregó luego que la protesta actual es diferente al lockout de fines de marzo porque no incluye cortes de ruta para generar desabastecimiento y, por lo tanto, “ahora no pueden decir que estamos en contra del pueblo”. Luciano Miguens, titular de Sociedad Rural, también respaldó públicamente la decisión al afirmar que “la protesta sigue viva”. Los ruralistas se muestran dispuestos a continuar con el lockout hasta que se revean las retenciones, pues, a diferencia de lo que ocurriría en una fábrica, el costo económico que deben afrontar con su supuesto “paro” es bajo. Tranqueras adentro siguen trabajando, tal como ellos mismos lo reconocen, y cuando la situación se normalice venderán sus granos rápidamente, los cuales conservan sin problemas en silos o silos-bolsa.

Cuando los consultaron sobre la decisión del dirigente social, Luis D’Elía, de postergar al menos por 48 horas la salida a las rutas de los organizaciones sociales kirchneristas para respetar el llamado al diálogo hecho por la Presidenta, Llambías intentó quitarle entidad al afirmar que “no creo que sea un interlocutor válido”. En ese momento, Miguens ironizó sobre la postura conciliadora de D’Elía haciendo referencia a la intimidación que sufrió en la puerta de la Sociedad Rural el miércoles a manos de algunos militantes sociales que lo insultaron y le pegaron una patada. El único que respondió sin chicanas fue Eduardo Buzzi, quien se mostró dispuesto a dialogar con D’Elía y afirmó que no lo cree “capaz de iniciar ninguna confrontación irracional”. Ambos se conocen de la Paritaria Social donde FAA articulaba, al menos hasta antes del lockout, con la CTA.

Buzzi se mostró luego asombrado por cómo el Gobierno generó “condiciones artificiales de inicio de una recesión en la economía” y aseguró que, además de dar marcha atrás con la resolución implementada a comienzos de marzo se debería bajar aún más el porcentaje que pagan por retenciones los pequeños productores, desconociendo los reintegros que ya anunció el Gobierno. “Hay que bajarlas por debajo del 35 por ciento o que hagan una ley de arrendamiento para ponerle límite a la concentración”, aseguró, tal vez sin reparar que uno de sus principales aliados en este conflicto es la Sociedad Rural Argentina. También sorprendió la cita de Juan Domingo Perón que realizó Llambías al afirmar que “cómo dijo un líder peronista la única verdad es la realidad y si el Gobierno interpreta la realidad se va a dar cuenta que hay que cambiarla”.