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Finalmente fue promulgada la ley por la cual el Congreso dispuso que el Estado se haga cargo de indemnizar a los ex trabajadores de YPF a quienes se les negó el acceso al Programa de Propiedad Participada. Dichos empleados fueron despedidos entre el momento en que se lanzó el proceso de privatización y la fecha en que se dispuso la transferencia de la mayoría accionaria a Repsol YPF. Conforme a la ley de privatización, los trabajadores debían recibir una porción del 10 por ciento del paquete accionario de la empresa. Sin embargo, este derecho les fue desconocido a los despedidos en este proceso y las acciones fueron negociadas con Repsol sin contar, obviamente, con su consentimiento. A pesar de que existe una causa abierta en la Justicia, por la cual los ex trabajadores demandan a las autoridades del Gobierno y a los directivos de Repsol por “defraudación y vaciamiento”.
A propuesta del radical mendocino Víctor Fayad, por entonces titular de la Comisión de Energía de la Cámara baja, y el peronista salteño Marcelo López Arias, el proyecto de indemnización a los ex trabajadores –y la negación de su derecho a recibir las acciones– fue originalmente aprobado en el Parlamento en octubre de 1991. Pero el Ejecutivo lo vetó en diciembre pasado. El Congreso volvió a tratarlo y el 11 de setiembre lo convirtió nuevamente en ley pocos días atrás, dejando sin chance al Ejecutivo para volver a rechazarlo. Para justificar el proyecto, los legisladores argumentan que los trabajadores despedidos recibirán como indemnización un valor equivalente al de las acciones que debieron haber recibido más la diferencia entre el valor de libros y de mercado de las mismas.
“Voy a denunciar al Senado, porque en conocimiento de que hay imputados por esta causa en una denuncia, dictan una ley entregando un capital que es reclamado por los trabajadores y, encima, a costa del Estado, exonerando de su responsabilidad a Repsol”, declaró ayer a Página/12 la abogada Alejandra Dibo, que patrocina a un millar de ex trabajadores de YPF en la demanda por las acciones no entregadas. El Ministerio de Economía recibirá en las próximas horas una carta documento de la letrada reclamándole que se abstenga de liquidar las indemnizaciones dispuestas por la ley.
La norma dispuso que se indemnice a todos los trabajadores de YPF que hubieran tenido relación de dependencia hasta el 1º de enero de 1991, que deberán ser notificados del beneficio en un plazo de 60 días. Las indemnizaciones serán pagadas en bonos de consolidación de deuda y el monto resultará de valuar la cantidad de acciones que le hubieran correspondido al agente por el programa de propiedad participada, así como la diferencia económica entre el valor de libro de esas acciones y el de mercado. Además, la ley estableció que se suspenderán por 120 días todas las causas judiciales iniciadas por los ex agentes de YPF.
La demanda contra los ex funcionarios del gobierno menemista y los directivos de Repsol estuvo a punto de ser archivada a mediados de este año a propuesta del fiscal que entiende en la causa, Carlos Stornelli. Pero el juez Jorge Ballesteros aceptó el pedido de los demandantes de no hacer lugar a la sugerencia del fiscal. Ex empleados de YPF, actores de la demanda original, le imputaron al fiscal en una denuncia el delito de “abuso de autoridad y omisión de los deberes de persecución y represión de delincuentes en concurso real”, por interpretar que el pedido de archivo de la causa constituía un intento de ocultamiento de las responsabilidades de los acusados.
Resta saber, después de recibir la oferta indemnizatoria, cuántos trabajadores deciden mantener la pelea por las acciones.