El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, volvió a defender en el Congreso el proyecto del Gobierno que devuelve a manos del Estado la totalidad del sistema jubilatorio, que la semana pasada obtuvo la media sanción en Diputados. “No hay que perder tiempo, no se puede ni se debe esperar. Estamos evitando así un 2001 previsional”, soltó el ministro ante un puñado de senadores de las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto. El radicalismo se mostró de acuerdo con la eliminación de las jubilaciones privadas aunque anunció que votará en contra de la iniciativa oficial.

“Las AFJP saquearon a los trabajadores”, aseguró el presidente de la UCR, Gerardo Morales, y afirmó que a pesar de “la inseguridad jurídica que genera el proyecto” su partido no promoverá acciones legales a favor de las administradoras privadas.

Al final de su intervención, Tomada pidió un gesto político a la oposición. “Si estamos de acuerdo, acordemos. No entiendo eso de ‘estamos de acuerdo, pero...’”, dijo dirigiéndose a los senadores radicales. Pero la apelación no cuajó. Las UCR insistió en sus reclamos de mayores precisiones al proyecto y el pedido de más controles sobre el uso de los fondos.

El corto debate que planificó el Senado en las comisiones para tratar la reestatización del sistema de jubilaciones –cerrará mañana– comenzó una hora más tarde de lo previsto y algo devaluado. Apenas quince senadores participaron del plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto. Y aún menos fueron los que les hicieron preguntas a Tomada y al titular de la Anses, Amado Boudou.

El ministro arrancó con la defensa de la política previsional de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Los calificó como “los que mayor sustento le dieron a la inclusión jubilatoria de los últimos 50 años”. Tomada también ponderó “las precisiones” que introdujeron los diputados durante el tratamiento al proyecto oficial.

Tomada insistió sobre la necesidad de votar rápido la ley. “Para que la decisión sea eficaz tiene que ser pronto”, dijo y ratificó que ante la crisis financiera internacional la determinación del Estado “de hacerse cargo del sistema jubilatorio apunta a evitar un 2001 previsional”. “Si hubiéramos tenido una actitud electoralistas –siguió Tomada– habríamos dejado que se caigan una o dos AFJP y después habría un clamor para que el Estado rescate el sistema privado.” Tampoco faltó el argumento de la fortaleza económica doméstica para hacer frente a la crisis mundial y la apelación a la oposición parlamentaria para que acompañe la iniciativa: “La Argentina está fuerte para afrontar el desafío que viene desde afuera. No la debilitemos desde adentro”, clamó el ministro.

Igual que ante los diputados, Boudou recurrió a un Power Point para repasar las “promesas incumplidas” por las AFJP a lo largo de 14 años. Así pasaron en la pantalla los números que contradicen el aumento de la cobertura, el mejoramiento de los haberes y del desarrollo dinámico de un mercado de capitales, tal como se había propuesto.

Sobre este último punto, Boudou aseguró que el 75 por ciento de los fondos de las administradoras privadas están colocados en bonos públicos y plazos fijos y que concentraron las inversiones en sólo 30 de las 70 compañías que cotizan en la Bolsa de Valores, además de recurrir con el ahorro de los trabajadores a inversiones en el exterior.

Gerardo Morales, que preside la Comisión de Trabajo y Previsión, dijo que el proyecto “no es económico ni financiero, sino previsional” para reclamar el manejo del debate frente al kirchnerista Fabián Ríos, presidente de la Comisión de Presupuesto. Después, Morales hizo una larga exposición sobre el proyecto radical y enumeró una serie de cuestionamientos que, con la ayuda de su correligionario Ernesto Sanz, transformó en preguntas.

La UCR pidió precisiones sobre las normativas que anularía la nueva ley del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), especialmente en el caso de la ley de “Solidaridad Previsional” implementada por Carlos Menem y Domingo Cavallo; insistió en que la “falta de seguridad jurídica” de la futura ley dejaría abierta las puertas a futuros litigios contra el Estado; y reclamó que sea el Banco Nación quien administre los fondos previsionales y no la Anses “que sólo está acostumbrada a pagar los haberes y realizar altas y bajas al sistema”.

La peronista disidente de San Luis, Liliana Negre de Alonso, también pidió precisiones sobre el futuro de los trabajadores de las AFJP. Tomada dijo que 3700 trabajadores ya tomaron contacto con el ministerio, pero afirmó que no se puede hablar de “traspaso automático” –como reclamó la senadora puntana– porque primero los grupos económicos que manejan las AFJP deberán “respetar la Ley de Contrato de Trabajo” (reasignar tareas o pagar indemnizaciones) y luego el Gobierno garantizaría su continuidad laboral en organismos estatales para quienes acepten.

No hubo más preguntas de la oposición. La senadora porteña María Eugenia Estenssoro prefirió dejar el Salón Azul del Senado durante casi las dos horas y media que los funcionarios estuvieron frente a los legisladores para explicar a canales y radios las razones del rechazo de la Coalición Cívica.

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