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Tal como anticipó Página/12, el Gobierno declaró el estado de emergencia en la prestación del servicio de trenes y subterráneos. Así, ratificó la suspensión de toda clase de ajuste tarifario y autorizó a las empresas a dejar de lado el plan de obras previsto en los contratos de concesión de los servicios.
A través del decreto 2075, publicado ayer en el Boletín Oficial, se estableció que cada concesionario deberá presentar en los próximos diez días un programa de emergencia de obras y trabajos indispensables y de prestación de servicio ante la Secretaría de Transporte. Luego, este organismo contará con un plazo no mayor de 30 días desde la presentación de las propuestas para autorizar los programas.
A su vez, como rige el congelamiento de las tarifas, la norma prevé que Transporte estudie si es necesaria una reestructuración “en función de las tarifas vigentes para la totalidad de los modos de transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires” con el objetivo de lograr un “adecuado equilibrio”.
El artículo sexto, además, instruyó al Ministerio de la Producción a “disponer en forma prioritaria del pago de los subsidios de explotación”, ya que los “ingresos propios del concesionario seguirán destinados al financiamiento de actividades o aspectos vinculados exclusivamente a la faz operatoria de la prestación del servicio”.
El decreto también aclara que mientras rija el estado de emergencia las empresas concesionarias “no deberán efectuar reducciones salariales y garantizarán la plena aplicación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y la estabilidad laboral”.