El miércoles puede ser el día clave para que petroleros, estacioneros, sindicatos y el Gobierno encuentren la fórmula mágica que permita satisfacer los reclamos de todos y evitar la medida de fuerza por 48 horas con la que amenazan los trabajadores de las estaciones de servicio en busca de un aumento de sueldo. El cónclave del jueves pasado pasó de hecho a un cuarto intermedio. Gremialistas y estacioneros se reunieron con Shell, Esso y Petrobras en una discusión de la que no participó ningún hombre del Gobierno ni de YPF. Esta justificó la ausencia argumentando que sus trabajadores están nucleados en otro gremio. Pero hay otras diferencias con el resto de sus pares, amén de una mayor afinidad al Gobierno y disposición a actuar mancomunadamente con él. En la privatizada tienen en claro que cada estación tiene una situación de caja muy diferente, lo que dificulta el acuerdo.

Los estacioneros vigorizaron su reclamo de mayores márgenes en solidaridad con sus trabajadores. Según argumentan, quieren darles aumento, pero esto sólo es posible si mejoran sus ingresos. Para esto hay dos puntos clave. Uno es que se le garantice la provisión de combustible a las “blancas” o no embanderadas, en cantidad y condiciones apropiadas. Acusan que éstas, por ejemplo, tienen que pagar de costo el gasoil a 2,10 pesos el litro, cuando el Gobierno las impulsa a venderlo a 1,98 al público. También quieren una renovación automática de los contratos que ligan a las “embanderadas” con las refinadoras, para que las estaciones de marca tengan certeza sobre su negocio y no deban someterse a negociaciones desventajosas cada vez que expiran los acuerdos.

Pero el punto neurálgico es aumentar el margen de rentabilidad de las estaciones. Si se quiere que esto no implique una suba de los precios al público, sólo puede hacerse comprando los insumos más baratos o si el Estado resigna impuestos. Una alternativa intermedia puesta sobre la mesa por la Federación que nuclea a las estaciones capitalinas es que se les permita cobrar un adicional fijo, al estilo “servicio de playa” que imponen en el interior, libre de todo gravamen.

Las refinadoras no integradas (tipo Shell y Esso) aseguran que no tienen margen para proveer carburante más barato ni siquiera después del aumento gradual de los últimos meses. “Vendemos en pesos y pagamos el crudo en dólares”, sintetiza Tomás Hess, director de Asuntos Públicos de Esso. La empresa exporta el 25 por ciento de los combustibles refinados, hasta hace poco con un alto rendimiento, lo que apuntalaba el negocio integral: las exportaciones generaban un subsidio para los otros rubros no rentables. Hoy, sostiene el directivo, lo único que les da ganancias son las naftas, que representan el 15 por ciento de la canasta de combustibles.

El precio del crudo y sus derivados cayó dramáticamente en el mercado internacional, estrechando el rédito de las exportaciones, que además está acotado por las retenciones. En virtud de ese impuesto, las refinadoras calculan que por los productos que venden tienen un ingreso equivalente a 20 dólares el barril de petróleo, la mitad del valor vigente en el mercado internacional. Aquí un punto de contacto con las productoras de crudo de las que se abastecen: a coro reclaman la derogación –o al menos modificación– de la resolución 394, por la que se impusieron aquellos gravámenes. Una supresión que estaba casi acordada meses atrás, cuando el conflicto con el campo la dejó en el freezer. Otro ítem de ese temario caliente es el precio al que las empresas que refinan finalmente compran internamente su insumo, que por ahora no parecen dispuestas a importar. Por un acuerdo de partes forzado por el Gobierno, ese valor oscila entre los 42 y 47 dólares el barril, según la calidad del producto. Pero el último número depende de condiciones particulares de cada contrato y a veces sube más de lo que las refinadoras dicen poder pagar. Zanjar esta interna entre las petroleras es otra misión oficial en cierne, que ineludiblemente impactará en el último eslabón de la cadena: los surtidores.