No hubo respuesta oficial, tampoco definición. La incertidumbre se estiró hasta el lunes, cuando las asociaciones que nuclean a los empresarios del expendio de combustibles vuelvan a considerar la posibilidad de lanzar un lockout en demanda de una mejora en la rentabilidad del sector. Como pocas veces, las distintas entidades del sector –Fecra, Cecha, Aesi– no hicieron distinciones y parecieron coincidir en el planteo: la tenaza de los aportes al fisco y lo que retienen las refinadoras de cada litro que se echa en el tanque deja sin oxígeno al expendedor y reclaman una recomposición de sus ingresos por cualquier vía, ya sea por cesión de porcentaje de alguno de los dos grandes participantes de la torta o por un aumento de precios cuyo destino sea principalmente para la comercialización.

El lunes habría un nuevo encuentro, en el Ministerio de Planificación, entre autoridades y petroleras. De allí se espera que surja alguna alternativa que haga viable un acuerdo que no deba pasar por un cruce de mangueras por decisión de los dueños de estaciones de servicio.

El reclamo de un aumento salarial de parte de los playeros hizo saltar la chispa sobre la nafta derramada. Los expendedores declararon que no estaban en condiciones de responder a dicha demanda por la estrechez de su margen de rentabilidad. La disputa entre petroleras y Gobierno en torno de los precios de pizarra desde hace por lo menos cuatro años hizo que paulatinamente y, centésima tras centésima, el margen de ingreso de los expendedores se fuera reduciendo. “Las estaciones de servicio tenían una rentabilidad histórica que promediaba el 15 por ciento, pero hoy ronda el 7,5 por ciento”, indicó el titular de la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines, Alejandro Jaliff.

La cifra coincide con la informada por Raúl Castellano, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), quien señaló que “en esta situación no es posible satisfacer el pedido de los sindicatos”. El resto del precio, explicitó Castellano, “se distribuye entre las petroleras y los impuestos”, por lo que sugirió que un incremento del margen del expendedor podría lograrse “a través de una disminución del impuesto o un reparto más equitativo de la ganancia entre las petroleras y las estaciones de servicio”. Advirtió, sin embargo, que “de no ser posible ninguna de estas alternativas, lo único que quedaría es mejorar vía precios”.

Pese a que el origen del planteo es el reclamo de aumento de salarios del sector, el conflicto encuentra a playeros y expendedores de la misma vereda. El lunes volverán a reunirse en la Mesa Multisectorial sindicatos y cámaras empresarias, a la espera de la respuesta de Gobierno y petroleras, que deliberarán en la cartera que conduce Julio De Vido. Si la respuesta no los satisface, el lockout sería acompañado por un paro del personal, para convertirse en una protesta conjunta.

El antecedente inmediato es el paro de 24 horas que, a principios de diciembre, realizó la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, las denominadas “blancas”, porque no llevan los colores de ninguna de las marcas de las petroleras. Es el sector de menor peso económico, pero el que más sufre las consecuencias de la presión monopólica de las petroleras. Pero, ahora, las dos cámaras principales del sector, la Federación de Combustibles y la Cecha, están con el mismo planteo: ir al lockout si no hay respuesta favorable.

La situación actual rompió el tradicional alineamiento de un sector de los expendedores con las petroleras y los empujó del lado de los sindicatos. Las petroleras, a su vez, desarrollan su propia disputa con el Gobierno, al que le reclaman la liberación de los precios de mercado. En este escenario de conflictos múltiples y superpuestos, el lunes se resolverá hacia dónde se dispara y quién paga el costo. El automovilista, una vez más, es espectador mudo del conflicto que puede terminar pasándole factura.