Retracción de las inversiones hasta el mínimo necesario para asegurar la continuidad de los servicios, suspendiendo todas aquellas inversiones ligadas a planes de expansión o mejora tecnológica; contracción cerca del 4 por ciento de la nómina de empleados directos (unos 2000 puestos de trabajo) y pérdida de otros 20.000 empleos indirectos, y caída en picada de los impuestos pagados por las empresas. Estas son algunas de las decisiones –y sus consecuencias– adoptadas por las empresas hispanas que operan en el país, según revela un estudio encargado por la Fundación Cámara Española de Comercio de la República Argentina (Fucaes) que aglutina a las principales empresas de origen ibérico. De paso, el anticipo de esas medidas puede llevar el propósito de presionar al Gobierno.
La Fundación calcula que la crisis económica argentina les causó a las compañías españolas pérdidas cercanas a los 12 mil millones de dólares, midiéndolas en términos de patrimonio neto y sin considerar al sector financiero. Entre las empresas con presencia en Fucaes se destacan Repsol-YPF, Endesa, Prosegur, Telefónica, Indra y Aguas de Barcelona (socia en Aguas Argentinas), entre otras.
El estudio señala que el panorama es especialmente desalentador para las empresas prestadoras de servicios públicos: “El sector no sólo debió hacer frente a los problemas derivados de poseer más del 70 por ciento de su deuda nominada en moneda extranjera, sino que por ley se modificaron unilateralmente los contratos celebrados por estas empresas...” Los detalles que luego aporta el informe son ampliamente conocidos, pero no analiza ni las razones de esas deudas ni la identidad de los acreedores, ya que suelen tomar el lugar de los que debieron ser aportes de capital.