Las distribuidoras de gas empezaron a enviar a sus clientes las boletas con los aumentos autorizados por el Gobierno y ya comenzaron las quejas de los afectados y la polémica sobre a cuántos abarca. El Enargas emitió ayer un comunicado donde remarca que “los consumos de gas conllevarán un monto en concepto de gas de importación que será aplicado sólo a los hogares que consuman 1000 m3/año o más en Capital y Gran Buenos Aires”. El ente de control aclaró que “en consecuencia, no pagarán este concepto el 63,9 por ciento de los hogares, puesto que dichas casas de familia consumen menos de 1000 m3/año”. Además, informó que “los montos a pagar serán en función del consumo específico (metros cúbicos consumidos) y progresivo de menor a mayor. Es decir que para los usuarios que consuman más de 1000 m3/año el monto a pagar estará en función de cuánto por encima de dicho umbral se ubique su consumo”. Por su parte, la distribuidora Gas Natural Ban aseguró ayer que el nuevo cargo tarifario que comenzó a instrumentar “deja exceptuadas del aumento a las familias con consumos bajos y medios (clientes de las categorías R1 y R2)”, quienes representan el “60 por ciento de los clientes de la distribuidora”.

Sin embargo, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, anunció que impugnará en los próximos días ante la Justicia los aumentos en las tarifas de gas que comenzaron a llegar esta semana a los usuarios, en algunos casos, según denuncias, con alzas del 200 por ciento. La Defensoría informó que Mondino hará una presentación judicial porque considera la suba “ilegal y arbitraria” y a la vez entiende que el Poder Ejecutivo dispuso un incremento que a su criterio es un impuesto y, en consecuencia, no tiene facultad para hacerlo. La presentación será la segunda del año que la Defensoría haga contra un aumento de tarifas dispuesto por el Gobierno, luego de que en enero acudiera a los tribunales para pedir que se frenen las subas en la electricidad.

El ombudsman señaló que el decreto 2067/2008 que dispuso los aumentos de gas califica el incremento como “cargo tarifario”, lo que consideró desacertado porque “no se vincula con ninguno de los costos que componen la tarifa”. Mondino sostuvo que el incremento es un impuesto y que el único órgano que tiene facultades para crear un tributo es el Congreso de la Nación. “Por ello el decreto 2067/08 debe ser anulado por ilegitimidad, ya que ha sido dictado por un órgano que no tenía competencia material para hacerlo”, explicó.