El Gobierno ya anunció que vetará, al menos parcialmente, la ley de Emergencia Agropecuaria para la provincia de Buenos Aires, que establece una eximición en el pago de retenciones para 22 distritos y una reducción del 50 por ciento para otros 15. “El proyecto deja huecos por todos lados y es de muy mala factura. Lo único que haría sería beneficiar a los acopiadores o a los exportadores que disponen de ese producto (en silos bolsa)”, aseveró ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Desde el oficialismo en la Cámara de Diputados denunciaron que, a pesar de no haber leído en profundidad el proyecto, la oposición los indujo a cometer un error. “La utilización que (Francisco) De Narváez –autor del proyecto– está haciendo del tema deja en claro que lo que parecía un error era, en realidad, una maniobra intencional”, acusó Agustín Rossi, titular del bloque K. Los dirigentes de la Mesa de Enlace aprovecharon este “error” para recrear un clima beligerante, mientras que desde el oficialismo reconocieron a Página/12 que “el veto de la normativa será un costo político que habrá que asumir”. Al cierre de esta edición, distintos funcionarios del Gobierno estaban analizando el veto de esta polémica ley.

Lo que pareció una serie de proyectos votados por consenso entre el oficialismo y la oposición –como el nuevo Sistema de Emergencia Agropecuaria, que estableció un fondo de 500 millones de pesos, y diez proyectos de emergencias particulares, donde estaba incluido el de la provincia de Buenos Aires– se transformó en una nueva escalada en el conflicto entre el Gobierno, las entidades agropecuarias y la oposición. En la discusión se trenzaron Daniel Scioli, gobernador de la provincia, el jujeño Eduardo Fellner, presidente de la Cámara baja, Aníbal Fernández y Rossi, con toda la oposición y la Mesa de Enlace. “Es una cachetada más del Gobierno”, acusó Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural (ver aparte).

Al cierre de esta edición, Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, estaba estudiando cuál podría ser el mejor mecanismo para el veto de la polémica normativa. Según lo adelantado por Aníbal Fernández, la discusión pasaba por si era conveniente vetar el artículo cuarto de la ley, es decir, el que establece la eximición del pago de retenciones, o toda la iniciativa. “Ya no hay vuelta atrás, nos equivocamos. Se va a reavivar el conflicto político”, reconoció a este diario una alta fuente del bloque K en Diputados.

Con la votación del Sistema de Emergencia Agropecuaria, también se procedió a sancionar una serie de declaraciones de emergencia para diferentes zonas del país. En total fueron diez proyectos, todos consensuados en la Cámara de Diputados, sin ningún tipo de disidencias. Originariamente, todas las iniciativas tenían un monto preestablecido, que luego fue eliminado, en función de la ley marco que se estaba votando.

“Durante el debate en la Comisión de Agricultura, se le había sugerido a (Alberto) Cantero armar un proyecto de resolución solicitándole al Poder Ejecutivo declarar la emergencia en todas esas zonas. De esta manera, se evitaba pasar por el Senado y la operatoria era más rápida. Lo importante era la ley marco. Sin embargo, en la discusión dentro de la comisión, tanto (Cristian) Gribaudo como (Francisco) Ferro –del PRO y la Coalición Cívica respectivamente– señalaron que el proyecto de Francisco de Narváez era diferente porque tenía otros mecanismos de transparencia. Pero en ningún momento hablaron de la eliminación de las retenciones”, explicó a Página/12 un funcionario de la Cámara de Diputados.

En la sesión del pasado 5 de agosto se votaron en Diputados más de 100 proyectos, entre leyes, resoluciones y declaraciones. “Las votaciones por consenso son parte de una voluntad política. En esa votación se aprobó sobre tablas una serie de proyectos de la oposición, algo que nunca se hace. Y se lo hizo porque se había acordado que de esas iniciativas ninguna incluiría beneficios económicos, porque para eso estaba la ley general. Este fue el acuerdo que rompió la oposición”, graficaron a este diario fuentes cercanas a la Secretaría Parlamentaria del Congreso.

La media sanción salió de Diputados y fue convertida en ley el pasado 20 de agosto. Hasta ese día, nadie de la oposición ni del oficialismo había reparado en la cuestionada normativa. Apenas se aprobó en la Cámara alta, los celulares de los senadores comenzaron a sonar. Del otro lado estaba De Narváez, que quería felicitarlos por aprobar su proyecto. El diputado electo por la provincia de Buenos Aires también llamó a Néstor Roulet, vicepresidente de CRA.

“Si les bajan las retenciones a los distritos de la provincia, vendemos todo por ahí y listo”, comentó Roulet –medio en broma, medio en serio– a un grupo de productores agolpados en las inmediaciones del Congreso, la semana pasada. En caso de que la ley fuese promulgada, el Ejecutivo debería prever un mecanismo de control para evitar que productores de otras zonas canalicen sus exportaciones por los distritos declarados en emergencia. Un hombre cercano a De Narváez explicó a este diario que la Onnca podría ocuparse de ese control. Todo un dato por parte de Narváez, ya que la oposición clama cada vez que puede por la desintegración de ese organismo público.

Desde el oficialismo en ambas cámaras indicaron a este diario que lo más conveniente sería realizar un veto parcial de la normativa, es decir dejar la declaración de emergencia para la provincia pero sin la eximición del pago de retenciones y el diferimiento en el pago de impuestos. Sin embargo, en caso de que se vete completamente, la provincia podría declarar la emergencia a partir de un decreto. Cuando esto ocurre, el tema pasa a la órbita del Estado nacional, que tiene que determinar si corresponde la emergencia o no. Pero siempre bajo el marco de la ley general, que fue votada por unanimidad en ambas cámaras.