Sorpresa, bronca y resignación fueron los tres estados que dominaron sucesivamente a los habitantes de la Casa Rosada por el error de sus legisladores y la picardía de los diputados de Unión-PRO, cuando se dieron cuenta de que la quita o rebaja de retenciones a 37 partidos de la provincia de Buenos Aires habían quedado incluidas en un artículo en una de las diez leyes que acompañaron a la ley de Emergencia Agropecuaria, que se votaron a libro cerrado y casi por unanimidad en ambas cámaras.

“La primera reacción es buscar responsables, pero la verdad es que es difícil culpar a los diputados y senadores porque era impensable que de una de las leyes no se hubiera eliminado el modo en que se beneficiaría a los productores involucrados en emergencia agropecuaria, y más aún, que la oposición, con quien habíamos consensuado esto, ahora no lo reconozca”, señaló ayer una alta fuente del Gobierno a Página/12.

La fuente explicó que en la sesión del 5 de agosto pasado, los diputados oficialistas estuvieron consensuando hasta último momento con la oposición la ley de Emergencia Agropecuaria. Esto incluyó declarar en distintas regiones del país zona de emergencia y/o desastre en la región propuesta, pero a cambio la oposición aceptó que estas diez leyes excluyeran cualquier referencia al modo de financiar cada una de las iniciativas. El argumento aceptado por la oposición es que si se iba a votar en ese paquete una nueva ley por la emergencia con un fondo de 500 millones de pesos, todas las declaraciones de emergencia quedarían enmarcadas en la nueva ley macro.

Fue así, cuentan en el Gobierno, que de todas las leyes de emergencia para cada región se eliminaron los artículos que aludían a la forma en que se solventaría la emergencia. En el apuro, en una de ellas se olvidaron de borrarlo del texto. “Ahí no hubo mala intención de la oposición, porque ellos tampoco se dieron cuenta de que había quedado incluida la quita de retenciones en una de las leyes. Pero sí demostraron mala leche después, cuando se avivaron y no sólo no reconocieron que era algo acordado entre todos, sino que quiere mal predisponer a los productores agropecuarios por el veto presidencial, en vez de admitir que sería un disparate no vetar”, sostuvo la misma fuente a este diario.

Para el oficialismo, aseguraban ayer en el Gobierno, el error legislativo presenta dos problemas a futuro. Uno se presentará en el Congreso en los próximos proyectos que el oficialismo necesite acordar con la oposición. “¿Cómo nos vamos a sentar ahora a consensuar con Unión-PRO o algunos legisladores del radicalismo o de la Coalición Cívica, cuando en este caso mostraron tanta mala fe?”, se preguntaba ayer un importante legislador ante una consulta de este diario.

El otro problema se genera con los productores agropecuarios, que están siendo alentados por los sectores internos más radicalizados para volver a tomar medidas de fuerza, y quienes difícilmente puedan entender que el veto presidencial no es otra medida contra ellos, en la línea de la lectura habitual que hace la Mesa de Enlace sobre la política agropecuaria del Gobierno.

En el Gobierno sostienen que el veto es ineludible porque la quita de retenciones para productores de distritos específicos y sobre una cosecha que ya vendieron a los exportadores (que además le descontaron lo que pagarán por derechos de exportación), es de imposible de aplicación. Pero, aun así, con esas certezas en la mano, el extenso análisis que le demanda cómo cerrar el tema muestra hasta dónde lo incomodó. Y exhibe también que en el área más conflictiva para el Gobierno desde hace un año y medio, no hay lugar para errores, aunque parezcan nimios.