La oposición volvió a fracasar en su intento de realizar una sesión especial. En esta oportunidad no lograron obtener quórum para derogar el decreto 2067, que dio origen a los aumentos tarifarios del gas a partir de la creación de un fideicomiso para la importación de este insumo. Un día antes, los diferentes bloques opositores –Unión-PRO, UCR, Coalición Cívica, PS y el SI– habían asegurado que estaban comprometidas 119 voluntades, por lo que quedaban a diez del quórum. Sin embargo, sólo pudieron reunir 90 legisladores, un declive frente a la última sesión especial realizada en marzo para bajar las retenciones, donde juntaron 107 diputados. Los legisladores igual hicieron sus descargos y prometieron insistir con el tema en la próxima sesión ordinaria o una vez que se produzca el recambio parlamentario. La Justicia Federal de Río Gallegos, en cambio, le puso freno al aumento en Santa Cruz y ordenó a la empresa Camuzzi Gas del Sur no aplicar los cargos previstos en el decreto.

“¿Dónde estará el oficialismo ahora? ¿Estará arreglando con el FMI o viendo de dónde saca la plata para pagar las transmisiones de fútbol?”, ironizó el radical Carlos Urlich, luego de suspendida la sesión. “Desde la oposición tenemos nuestro proyecto, hemos sacado un dictamen que fue escondido y donde se cambiaron las actas de la reunión de la comisión (de Energía)”, agregó el legislador.

Así como en las sesiones especiales convocadas para derogar las retenciones el blanco de todas las críticas recaía sobre Alberto Cantero, titular de la Comisión de Agricultura, los principales cuestionamientos de ayer apuntaron a Roxana Bertone, titular de la Comisión de Energía. La mención que hizo Urlich sobre un dictamen de esa comisión para derogar los aumentos tarifarios no fue fortuita. Según la oposición, durante la reunión del 12 de agosto, luego de que Julio De Vido anunciara la suspensión de los aumentos, los legisladores habían emitido un dictamen para derogar esos aumentos. Sin embargo, desde el oficialismo señalaron que la sesión se había levantado luego de la exposición del funcionario, por lo que ese dictamen había sido invalidado.

“Necesitamos saber el costo real de la energía y paralelamente implementar una tarifa social que oriente mediante el presupuesto las partidas para subsidios”, aseveró Omar De Marchi, del Partido Demócrata de Mendoza, aliado del macrismo. En un sentido similar se manifestó Claudio Lozano (Proyecto Sur), quien le reclamó al jefe del bloque K, Agustín Rossi, que cumpla con su promesa de avanzar en la agenda social. “Es mentira que quienes más consumen tienen un mayor poder adquisitivo. En la ciudad de Buenos Aires hay un menor consumo que en el conurbano. Incluso, dentro de la Capital, las casas que están sobre la avenida Callao consumen menos que las del bajo Flores”, aseveró el diputado.

El secretario de Energía, Daniel Cameron, indicó anteayer –durante su presentación en la Comisión de Presupuesto– que para enero de 2010 estará listo el cronograma que actualizará el cuadro tarifario. Mientras tanto, en el Presupuesto 2010 se establecen subsidios para el suministro de energía eléctrica por 5664 millones de pesos, a lo que hay que sumarles los aportes no retornables al Mercado Eléctrico Mayorista y a las empresas estatales del sector energético.

“Los usuarios residenciales consumen menos que hace quince años. El Fondo Fiduciario para la importación de gas fijado en el decreto 2067 es para los sectores industriales. En este sentido, no se entiende por qué los usuarios tienen que subsidiar a las empresas privadas proveedoras de servicios públicos”, aseveró a Página/12 Roberto Zorzoli, especialista en temas relacionados con la defensa del consumidor. A la sesión especial de ayer faltaron tres diputados de la UCR, un legislador de la CC, dos del socialismo y cuatro del SI, más algunos representantes de los partidos provinciales.