Con el objetivo de estimular las inversiones productivas, el Gobierno lanzó el primer cupo de la Ley de Promoción de Inversiones. Otorga beneficios fiscales por devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias. De los 3600 millones de pesos previstos para otorgar hasta el año que viene, el primer cupo tiene 800 millones. De éstos, 300 son para el sector pyme y 500 para empresas grandes. “Es un claro incentivo, porque alivia fuertemente la carga impositiva en el comienzo de la inversión. Está teniendo muy buen recibimiento en el empresariado”, dijo Débora Giorgi, titular de la cartera de Industria y Turismo, a Página/12. El anuncio se hizo en una conferencia de prensa de la que participaron la ministra Giorgi y su par de Economía, Amado Boudou.

Este plan presenta dos beneficios fiscales sobre proyectos de inversión en bienes de capital. Por un lado, la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, que produce una ventaja fiscal al reducir la base imponible. Un bien que normalmente se amortiza en 10 años, podrá amortizarse en tres. Además, ofrece la devolución anticipada del IVA–Inversiones. Estas ventajas permiten reducir la carga impositiva que la empresa tiene al comenzar la inversión, el período más crítico en términos financieros.

“Es la forma más adecuada de promoción industrial. Creo que va a funcionar bien, porque son herramientas ya probadas”, indicó Alejandro Mayoral, titular de Asociación de Fábricas Argentinas de Tecnología. Las empresas deberán optar por alguna de las dos ventajas fiscales y sólo podrán tener ambas los proyectos de reconversión industrial sustentable y la producción totalmente destinada al mercado de exportación. “Tendrá un gran impacto. Ya hemos recibido consultas del sector automotor, autopartista, agroindustrial, químico, farmacéutico, textil y calzados”, adelantó Giorgi a este diario.

Este lanzamiento es la segunda parte del régimen iniciado en el período 2004/07. “Una de las diferencias con respecto al período anterior es que la competencia por el beneficio entre empresas pequeñas y grandes se da en segmentos separados. Por ello, las cuotas según el tamaño –que en este primer llamado es de 300 para pymes y 500 para grandes empresas– son relevantes. Impide que los grandes grupos concentren los beneficios”, explicaron desde la cartera que encabeza Giorgi. Las estimaciones que realizan sobre el impacto en la economía toman en cuenta el desempeño que tuvo el régimen en su lanzamiento anterior. “Por cada peso de beneficio fiscal que se otorgó, se generaron seis de inversión y doce de exportaciones”, remarcan.

Los requerimientos para las empresas son la generación de puestos de trabajo, obligaciones tributarias al día y garantías por el 10 por ciento del beneficio solicitado, que guardará relación con la inversión total. Para la evaluación, se priorizará la generación de empleos, el perfil exportador, proporción entre inversión y beneficio fiscal y contenido local de los insumos. Además, el aumento del valor de producción, incremento de la productividad del trabajo y el componente ambiental.